El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio el 25 de junio de 2024 dijo que la economía está creciendo y “se tiene estabilidad económica, una política monetaria que está coordinada con una política fiscal, la inflación está bajando”. Hacienda continúa justificando su política de austeridad fiscal sin reconocer el impacto negativo que ha tenido, que ha llevado a un crecimiento de 0.9% promedio anual en lo que va del sexenio y una inflación que no ha llegado a la meta establecida de 3%. No hay coordinación alguna entre la política monetaria y fiscal, pues las altas tasas de interés establecidas por Banxico han elevado el costo de la deuda pública y el déficit fiscal financiero que limita la capacidad de gasto e inversión del gobierno. La política predominante no garantiza la estabilidad económica. Se presentan presiones sobre el sector externo, sobre las finanzas públicas y privadas, aumento de insolvencia en el crédito al consumo y en las tarjetas de crédito y la economía depende de la entrada de capitales que la coloca en un contexto de vulnerabilidad. La estabilidad económica debe garantizar condiciones de crecimiento económico y alto empleo formal bien remunerado, lo que no acontece en la economía nacional.

Por otra parte, siguen predominando posiciones de que “la tarea más importante para la secretaría de Economía es aumentar las exportaciones, evitar controversias comerciales (comprometerse a respetar los acuerdos del T-MEC) y atraer más inversión extranjera”. Y se pronuncian por “replantear política productiva hacia nearshoring”. No se puede seguir apostando al crecimiento de exportaciones, pues ello no ha impulsado el desarrollo industrial y de la economía y además el comercio mundial se está desacelerando. En esa estrategia de crecimiento hacia fuera son las empresas transnacionales las que ganan en ello, no el país. No se puede descansar el crecimiento en la entrada de inversión extranjera. Aquellos que dicen que se deben respetar los acuerdos del T-MEC, no reconocen que el gobierno de EU no los ha venido cumpliendo al otorgar subsidios a sus empresas que el tratado los prohíbe. El T-MEC no ha sido beneficioso para el país. México debe pronunciarse por generar condiciones endógenas de crecimiento para depender menos del exterior, para lo cual hay que incrementar el gasto público, bajar la tasa de interés, establecer políticas agrícola e industrial para sustituir importaciones y crecer hacia el mercado interno, como para incrementar el valor agregado nacional de lo que se exporta para reducir el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales.

Hay una posición generalizada por parte de académicos y empresarios de que se requiere una reforma fiscal progresiva para incrementar ingresos públicos para solventar necesidades de gasto, que ayude a combatir a la pobreza y la desigualdad y señalan que hay “insuficiencia en la disponibilidad de recursos públicos”. Estos son planteamientos tradicionales que colocan al gobierno como si fuese una empresa o una familia que dependen de sus ingresos para poder gastar. Un gobierno soberano que controla la moneda simplemente gasta y recauda lo que gasta. Si el gobierno quiere recaudar más, debe gastar más a favor de la producción y el empleo, y así incrementar el ingreso nacional para ver aumentada su recaudación, que financiaría el mayor gasto realizado. No hay insuficiencia de recursos públicos. El gobierno no requiere de impuestos ni emitir deuda para gastar, simplemente que la política monetaria acompañe a la política fiscal. La deuda pública se emite después de haber gastado y es para regular la liquidez y las reservas bancarias. Lo que limita el gasto público son los recursos reales con los cuales cuenta la economía. No se puede gastar más de la plena capacidad productiva existente, pues generaría inflación e incremento de importaciones. La economía cuenta con capacidad ociosa y desempleo y subempleo que pueden ser usados con la expansión del gasto sin que ello ocasione inflación. Los impuestos deben gravar al sector bancario-financiero y a las grandes empresas para reducir la desigualdad de la riqueza existente en el país.

En un seminario organizado por la Cepal y la Friedrich Ebert Stiftung el 26 de junio, los participantes mencionaron que para el caso de México es “necesario el Estado para crear políticas de desarrollo productivo y que se requiere reconstruir el Estado debido a que ha habido destrucción de las capacidades institucionales del mismo”. Pero, no se dijo nada respecto de los cambios constitucionales y de leyes que los gobiernos neoliberales llevaron a cabo para realizar la destrucción de las capacidades institucionales del Estado. En ello se ubica la autonomía del banco central, que le quitó el control de la moneda al gobierno y lo ha obligado a trabajar con austeridad fiscal, lo que ha reducido el tamaño y participación del Estado en la economía. Y dentro de estos cambios constitucionales y de leyes se ubica también el libre comercio, la libre movilidad de capitales y la desregulación del sector bancario-financiero, que terminaron con el control del Estado sobre el movimiento de mercancías y capitales y el sector financiero, y las consecuencias de ello han sido el pobre crecimiento, mayor pobreza y desigualdad del ingreso que la economía viene enfrentando desde que esas políticas pasaron a predominar desde los años ochenta del siglo pasado.

Banxico por su parte mantiene la alta tasa de interés al 11.0%, lo que implica que continuarán las presiones sobre las finanzas públicas y privadas, dados sus niveles de endeudamiento y con ello los recortes de gasto e inversión para cubrir el alto costo de la deuda. Ello contraerá más la actividad económica y con esa alta tasa de interés la banca seguirá con sus excesivas ganancias, que se reducirán conforme aumenten los problemas de incapacidad de pago de la deuda y de hecho las ganancias en el 2024 están siendo menores que en el 2023.