En el marco de la asamblea nacional de Morena, que aprobó el plan de gobierno que sostendrá su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de eliminar las pensiones, prestaciones y privilegios que se han adjudicado, ilegalmente, quienes han ocupado el máximo cargo de mando nacional.

Sin sustento legal, apoyado precariamente en un decreto presidencial que ni siquiera se publicó en el Diario Oficial de la Federación y “aprobado” anualmente por el poder legislativo federal, ese conjunto de erogaciones para expresidentes constituye una abusiva sangría para el erario. De diversas maneras, pero la viuda del difunto José López Portillo, así como Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón reciben vigilancia, apoyo económico y servicios con cargo al presupuesto federal.

No todos los expresidentes reciben la pensión formal, es decir, la suma mensual de dinero para su sostenimiento. Pero sí aprovechan el aún más oneroso conjunto de beneficios que van aparejados: decenas de elementos del Estado Mayor Presidencial para el cuidado del “expresidente”, sus familiares e incluso personas que fueran seleccionadas a juicio del político en retiro (Felipe Calderón así lo decidió, en el último día de su estancia en Los Pinos). Además, todos los gastos operativos y administrativos, equipo de decenas de asesores y colaboradores, entre otros rubros.

Hace bien López Obrador en proponerse, si llega a la Presidencia de la República, la eliminación de esos privilegios. Mejor sería, desde luego, si además se exigiera a esos abusivos que devolvieran, con intereses, todo lo que de manera absolutamente ilegal han consumido durante décadas, con cargo al dinero público.

Lamento, desde luego, el asesinato de Adolfo Lagos, el vicepresidente de telecomunicaciones de Televisa, y director general de Izzi, en un episodio aún sin suficientes precisiones a la hora de teclear estas líneas (apenas pasadas las 7 de la noche del domingo 19).

Un asalto en un tramo de la carretera Tulancingo-Pirámides, según las primeras versiones que, además, apuntan como móvil el robo o el intento de robo de una bicicleta o varias. El ejecutivo contaría cuando menos con un escolta armado, quien habría disparado contra uno de los delincuentes, el cual habría quedado herido pero, en esas condiciones, habría huido.

No me ha parecido incorrecta la rápida reacción del propio Enrique Peña Nieto, quien a través de Twitter expresó: “Lamento y condeno los hechos en los que perdió la vida Adolfo Lagos Espinosa. Expreso mis condolencias a sus familiares. La @PGR_mx coadyuvará con la @FiscaliaEdomex para la investigación y detención de los responsables”.

Pero es inevitable contrastar la prontitud ejecutiva que se ofrece, para atender este deplorable crimen, con la sistemática y apabullante indolencia, rayana en la complicidad, que sostienen las autoridades del Estado de México (con o sin coadyuvancia de la PGR), cuando se trata de uno de los muchos delitos violentos que se cometen en esa entidad virtualmente sin ley, entregada al arbitrio criminal de las muchas bandas de mafiosidad que sustentan la “gobernabilidad” de un estado convertido en botín político y económico.

Diariamente hay decenas de denuncias de ciudadanos que no por carecer de altos puestos empresariales merecen el maltrato burocrático y el desdén de las administraciones encabezadas por Eruviel Ávila, el sexenio recién pasado, y ahora por el primo de Peña Nieto, Alfredo del Mazo, impuesto en el cargo gracias al concurso de múltiples factores oscuros.

Entiendo que haya premura de las élites, la federal y la mexiquense, para tratar de “resolver” un caso que de manera natural impacta en el ánimo y percepción de empresarios nacionales e internacionales, pues Lagos tuvo cargos directivos en Bancomer, Serfin y luego Santander.

También doy cuenta del ánimo especulativo que de inmediato han generado las circunstancias del hecho delictivo, por cuanto pareciera desproporcionado un asesinato así, solo para robar una bicicleta y contando la víctima con protección armada. La generalizada desconfianza de las versiones oficiales, y los factores de poder económico involucrados, dispararon sospechas varias.

Espero que la dimensión de este crimen impulse a Televisa a arrojar luz sobre la criminalidad institucionalizada en el Estado de México. A reserva de conocer los detalles de la investigación en curso, es de desearse que haya justicia, pero no selectiva, sino que haya también atención y justicia para los miles de casos terribles que se viven en esa entidad devastada.