En el marco de la asamblea nacional de Morena, que aprobó el plan de gobierno que sostendrá su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador reiteró el compromiso de eliminar las pensiones, prestaciones y privilegios que se han adjudicado, ilegalmente, quienes han ocupado el máximo cargo de mando nacional.
Sin sustento legal, apoyado precariamente en un decreto presidencial que ni siquiera se publicó en el Diario Oficial de la Federación y “aprobado” anualmente por el poder legislativo federal, ese conjunto de erogaciones para expresidentes constituye una abusiva sangría para el erario. De diversas maneras, pero la viuda del difunto José López Portillo, así como Luis Echeverría, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox y Felipe Calderón reciben vigilancia, apoyo económico y servicios con cargo al presupuesto federal.
No todos los expresidentes reciben la pensión formal, es decir, la suma mensual de dinero para su sostenimiento. Pero sí aprovechan el aún más oneroso conjunto de beneficios que van aparejados: decenas de elementos del Estado Mayor Presidencial para el cuidado del “expresidente”, sus familiares e incluso personas que fueran seleccionadas a juicio del político en retiro (Felipe Calderón así lo decidió, en el último día de su estancia en Los Pinos). Además, todos los gastos operativos y administrativos, equipo de decenas de asesores y colaboradores, entre otros rubros.
Hace bien López Obrador en proponerse, si llega a la Presidencia de la República, la eliminación de esos privilegios. Mejor sería, desde luego, si además se exigiera a esos abusivos que devolvieran, con intereses, todo lo que de manera absolutamente ilegal han consumido durante décadas, con cargo al dinero público.
Y se les procesara por pago indebido o ilícito de dinero de los contribuyentes. A las viudas solo que devuelvan los fondos públicos que han disfrutado o con los bienes mal habidos que heredaron de sus maridos. Así de fácil.