Policías acusados de masacre de Camargo denuncian irregularidades en el proceso: Animal Político (nota de Metapolítica)

Metapolítica.

“Nos quitaron las armas y posteriormente nos hicieron ir a la fiscalía con engaños, que nos iban a entregar las armas y los vehículos. Nunca nos dijeron que estábamos como sospechosos”.

Es el testimonio rescatado hoy por Animal Político de Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, policía estatal de Tamaulipas y una de las 12 imputadas por la masacre de Camargo en la que fueron asesinadas 19 personas, de ellas 17 migrantes centroamericanos.

Según su relato, el 29 de enero, una semana después del hallazgo de los cuerpos, fue citada junto con varios compañeros para declarar como testigos, pero se les obligó a entregar sus celulares y sus armas, que se convertirían luego en prueba contra ellos.

Actualmente se encuentra en prisión vinculada a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas.

Animal Político tuvo acceso a las audiencias celebradas en Ciudad Victoria, Tamaulipas, los días 2 y 8 de febrero. En ella, los acusados denunciaron irregularidades en el proceso y aseguraron haber sido conducidos con engaños a la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas (FGE) y sufrir presiones para sus declaraciones.

Vázquez Santillana estaba adscrita a la dirección de operaciones de la Policía Estatal de Tamaulipas y era la oficial de mayor rango cuando tuvo lugar la masacre.

No entró en detalles sobre dónde se encontraba el día de la masacre ni quiso rechazar las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Se centró en denunciar las presuntas irregularidades practicadas por los investigadores para sentarles en el banquillo de los acusados.

En aquellas audiencias sólo declararon esta oficial y el comandante Horacio Rocha Nambo, quien el día de los hechos estaba al frente de las unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) que fueron señaladas por participar en la masacre.

Su abogado, Jesús Eduardo Govea, insistió en que el modo en el que se obtuvieron las pruebas fue irregular y que no hay pruebas de que cada uno de los imputados tenga responsabilidad en los hechos.

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