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Poder inmobiliario decide el futuro de la CDMX por encima de cualquier gobierno: Alejandro Velázquez (Redacción Astillero Informa)

Foto: Captura de video | Alejandro Aguilar / OEM-Informex.

21 de junio de 2023.- El abogado Alejandro Velázquez señala que “no hay partido o gobierno que no haya estado involucrado en el avance intensivo” del “boom inmobiliario”, que se ha hecho presente por medio de “centros comerciales, oficinas y viviendas de lujo” en la capital del país.

Si bien las construcciones irregulares dentro de la ciudad se han relacionado en mayor medida con el PAN, Velázquez (quien es defensor de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco) manifestó que hay ciertas empresas que han resultado favorecidas por la actual administración morenista. En entrevista con Julio Astillero, reveló que una de estas es Grupo Kaluz, cuya fundación inauguró un museo con la presencia de la ahora exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en el 2020. De acuerdo con el letrado, esta compañía busca construir una torre que contará “con sus propios pozos de agua”, gracias a las dos concesiones de “millones de litros” que le fueron asignadas. Además, Kaluz participa en la asociación civil Agua Capital, en la que también están inmersos Grupo FEMSA y el sector bancario, la cual emite recomendaciones tanto al gobierno capitalino como a la misma UNAM.

Otra firma favorecida es Grupo Danhos, el cual estará encargado de la edificación del “acuario más grande de América Latina”, reporta Velázquez, en una zona con estrés hídrico al norte de la ciudad: Aragón. Desde su punto de vista, la administración de la doctora Sheinbaum ha dado “muchas facilidades” a los consorcios inmobiliarios desde el periodo de la pandemia por Covid-19, ya que “se les permitía construir eliminando muchos permisos” bajo la condición de “subsanar esas omisiones en materia ambiental y de servicios hidráulicos”.

Respecto al proceso de consultas para la aplicación del Programa General de Ordenamiento Territorial y del Plan General de Desarrollo, afirmó que hubo “muchas protestas” y que solo 12 pueblos originarios de un total de 197 asentados en la Ciudad de México concluyeron con dicho proceso, ya que estas medidas buscan crear nuevas “centralidades” urbanas utilizando las reservas territoriales de las comunidades. Llevarlas a cabo, declara Alejandro, inhibiría el acceso al agua de estas poblaciones, pues bloquearían los “bosques y zonas cerriles” que las abastecen del líquido vital.

A pesar de estos hechos, según el jurisconsulto, el congreso local busca aprobar estas políticas en fast track, “anulando el derecho a la consulta y la discusión sobre el tema del desarrollo inmobiliario, el agua de las generaciones futuras, [así como] el del suelo de conservación”, que es propiedad de los pueblos y que representa más de la mitad del suelo del otrora denominado Distrito Federal.

Sin embargo, aunque ya habían concretado una reunión con Martí Batres, nuevo Jefe de Gobierno, esta fue cancelada por “cambios” en la estructura burocrática del aparato gubernamental. Pese a que el encuentro se pospuso indefinidamente, rechazan abandonar sus movilizaciones para que el proceso de consulta sea repuesto.

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