Las políticas de seguridad pública en México, desde 1995 a la fecha, parecen estar destinadas a sufrir la condena del mito de Sísifo, el personaje condenado a empujar una gran piedra sobre una pendiente, donde los dioses están vigilantes para evitar que llegue a la cúspide, repitiendo el mismo intento por toda la eternidad.
En días recientes, distintas voces, de especialistas y autoridades, anticipan que como secuela de la crisis económica desatada por la pandemia la seguridad pública en el país sería tan crítica como la que se padeció después del llamado “error de diciembre”, cuando el secuestro, homicidios, el robo en todas sus modalidades, el pandillerismo y las extorsiones tuvieron una explosión incontrolable.
Al arrancar agosto, la banca mexicana concluyó los “periodos de gracia” que dieron a sus clientes, pero no parece suficiente, pues advirtió que se espera “un fuerte aumento en la morosidad en los próximos meses, ante el impacto de la pandemia de la covid-19 en el empleo y la lenta recuperación de la economía”, si no es que se anticipa una crisis de carteras vencidas en hipotecas, créditos empresariales y personales.
Las cifras son duras en lo que respecta al impacto a los sectores más pobres. El PIB cayó casi 18.9 por ciento en el segundo semestre, es decir, un desempeño económico bajo que elimina empleos, disminuye ingresos de las familias y aumenta la pobreza. El CONEVAL reportó que el número de trabajadores que no pueden comprar canastas de alimentos básicos aumentó de abril a mayo de 41.8 a 54.9 puntos porcentuales. El INEGI, por su parte, informó que “las afectaciones de la contingencia sanitaria ocurrieron en magnitudes desiguales en el sector formal y el informal, con una reducción del empleo de 13.7% en el sector formal entre el primer trimestre y mayo de este año, y de 27.2% en el informal”.
En este marco tan alarmante de la economía, el Observatorio Nacional Ciudadano, en su balance del primer semestre 2020, concluye que “como consecuencia de la falta de una estrategia de contención respecto a la crisis económica y de acciones de prevención del delito, prevemos un crecimiento de incidencia delictiva para el próximo semestre de 2020”.
La delincuencia de la covid-19 en México está ganando terreno, como hemos apuntado en otros espacios, pues se ha diversificado y está al abordaje de las necesidades de la población en crisis en tres terrenos principales:
- La filantropía del crimen organizado: los cárteles de la droga y el huachicol siguen repartiendo despensas en varias regiones del país para ganar bases sociales que, aunque no se han visto están ya manifestándose bloqueando carreteras o protestando por detenciones;
- El crimen de cuello blanco, que se placea entre la clase política y los negocios turbios, los cuales se sienten victoriosos e impunes aprovechando las debilidades del sistema de procuración y administración de justicia y de los esquemas antilavado de capital, y esperando el abordaje en el 2021 e incidir en selección de candidatos.
- El crimen transnacional dedicada a la clonación de tarjetas en el sureste turístico, donde la pandemia habría dejado caídas del 70 al 90 por ciento de ingresos por familia, además de que los delitos cibernéticos aumentaron de forma inaudita y la banca sin capacidad de respuesta (fraudes, suplantación de identidad, intrusiones, robos a cuentas bancarias habrían subido más del 30 por ciento);
Los elementos anteriores reflejan que la covid-19 está más allá de afectaciones a la salud pública, sino que se incrustó en cada individuo y su capacidad de sobrevivencia en la colectividad, porque está golpeando ya en la seguridad ciudadana, la certidumbre jurídica y la protección de nuestras familias en el futuro inmediato.
La caída de los ingresos por familia en las zonas más pobre del país está siendo poco valorada para su atención en una cruzada humanitaria inmediata, que de algún modo ya sugiere Porfirio Muñoz Ledo: “La aterradora desaceleración de la economía exige una política contra-cíclica contundente que implique el incremento del gasto y perderle el miedo al déficit público, como lo hacen todos los países del mundo”.
Las fuentes de ingreso de las zonas pobres se cancelaron: se enfrentan a un período de pobreza extrema y debilitamiento institucional. Las secuelas de este fenómeno serían múltiples como nuevos desplazamientos poblacionales hacia ciudades donde puedan trabajar, pero con la consiguiente presión de vivienda, empleo, seguridad pública, entre otras. La migración intranacional tendría su impacto en las ciudades con “más desarrolladas” del país, pero la emigración de mexicanos más calificados a los Estados Unidos y Canadá, o Europa, aumentará exponencialmente, alentando la fuga inaudita de talentos y de cerebros.
Para los que no tengan posibilidades de salir del territorio porque no tienen recursos ni enlaces para hacerlo, el crimen organizado local tendría un manjar para reclutarlos a cambio de despensas, comida o “empleo” (“halconeo”, “sicariato”, “carne de cañón”, “bloqueador”).
Otros más tendrían “trabajo” en el crimen organizado transnacional en todas sus modalidades, desde tráfico de personas, armas, flora y fauna especies en peligro de extinción, trata de personas, ciberdelincuencia, entre otras. Millonarias organizaciones rusas, chinas, italianas, holandesas, hondureñas, salvadoreñas, albanesas, españolas, japonesas, argentinas, israelíes, británicas, estadounidenses, canadienses, hindús, por citar algunas, están trabajando en México desde hace varios años y en este momento quizá estén perfeccionado su modus operandi.
El control que ejercen las organizaciones transnacionales del crimen en naciones de baja institucionalidad del Caribe, Centro y Sudamérica, facilitan el desplazamiento de sus actuaciones hacia naciones del norte del continente, donde nos encontramos. ¿Ya las detectaron?
Veamos los otros puntos, pues el cambio climático también está sumándose a la “tormenta perfecta” económica y de seguridad. Los fenómenos climatológicos están destrozando infraestructura en cada huracán, ciclón o los “frentes fríos”, y poniendo en riesgo la recuperación en las entidades donde deben trabajar mucho para ganarse el pan de cada día y donde dependen del turismo local e internacional; más aún, las entidades con mayor injusticia social enfrentan ya la seguridad alimentaria por cuestiones de cambios climáticos y por la podredumbre política de quienes lucran con la necesidad de indígenas y campesinas, ya que la mayoría de sus cultivos están siendo eliminados (y aun así, el régimen apuesta por una política anti ambientalista).
México está siendo observado como el “centro de actividades delictivas que afecten a Estados Unidos y Europa” por la debilidad institucional, el vacío de autoridad en varias regiones y el crecimiento del poder fáctico del narcotráfico representado en poderosas organizaciones que llegan a todas las naciones del mundo.
Pero hay señales de que esto puede cambiar y sobre lo que se debe trabajar más con voluntad y menos politiquería. La detención de José Antonio Yépez alias “El Marro” es ejemplo que cuando hay voluntad todo se puede. Coordinación efectiva e inteligencia entre la Sedena, GN y gobiernos estatales permitieron la detención de este capo que había permeado las estructuras sociales y políticas en el centro y bajío del país.
La covid-19 es una crisis de salud mundial con miles de decesos, pero los efectos de la pandemia en la que llamamos “Delincuencia covid-19” podría ser mucho más letal que lo observado hasta ahora, pues el crimen estaría ya adentrado en nuestro tejido familiar y social por muy largo tiempo. Este panorama podría ser así de catastrófico o peor mientras los gobiernos no pongan a trabajar la inteligencia preventiva, la seguridad integral regional y a operar políticas públicas de bienestar para la población vulnerable, además a recobrar, sin lugar a dudas, la participación ciudadana, porque sin ella, ninguna política de seguridad tendrá éxito ni viabilidad.
Contacto: felipe.leon@escipion.com.mx
Twitter: @FelipeLeonLopez
Analista político, egresado de la FCPyS UNAM, con especialidad en estudios prospectivos. Es coautor de El Video poder en México (1995), Una Historia hecha de Sonidos (2004), Historia y Remembranzas de Radio Educación (2008) y Días de Radio (2017). Ha sido colaborador de portales, diarios y revistas de cultura, política y educación.
“sin lugar a dudas, la participación ciudadana, porque sin ella, ninguna política de seguridad tendrá éxito ni viabilidad”. Y como esperas que la ciudadanía participe en ello si es medrosa en su mayoría,esperando qué el estado,solucione su problemas, recordemos que el mismo estado se encargo de hacerla así. La participación de la ciudadana es necesario,cierto,esta en sus inicios, esperemos que aumente.
Gracias Rodolfo por tu lectura. En efecto, coincido contigo en que debe aumentar y ser más proactiva.