Durante la semana pasada, los mentideros de la política mexicana se llenaron de azoro y rumores ante la Carta de Apoyo que 88 senadoras y senadores firmaron a favor de Ricardo Monreal Ávila y en contra de la gobernadora de Campeche, la exsenadora Layda Sansores San Román. Los medios reportaron que entre ellos había 13 panistas (de una bancada que tiene 23); todos los del PRI (12), todos los de MC (12); todos los del PRD (3); cuatro de los cinco del Grupo Plural y… cinco de los seis senadores del PVEM –que en principio, sigue estando aliado con el partido del presidente López Obrador. A estas cincuenta personas legisladoras se unieron 38 de Morena.
Si recordamos que la confrontación entre Monreal y Sansores se enmarca en la sucesión presidencial de 2024 –en la que el primero alega que se le hace una injusta guerra para sacarlo de la contienda interna de Morena; y en la que la segunda argumenta que el senador zacatecano ha traicionado los principios del partido hoy gobernante, entenderemos la trepidación que la Carta de los 88 causó en el espacio público. Los senadores que apoyan a Monreal no sólo se posicionan contra Sansores, sino también contra la dirección de Morena y contra el presidente de la República. No extraña de la oposición (ese es su rol) pero sorprende la firma de los aliados verdes y de la de los 38 morenistas. Ellas y ellos, junto a Monreal suman 89 votos de la cámara alta de nuestro congreso federal.
Para entender mejor este acontecimiento, lectora, permíteme repasar algunos hechos.
El Senado de la República se integra por 128 legisladoras y legisladores. 96 representan a sus estados, tres por cada una de las entidades de nuestra Federación. Dos representan al partido que obtiene más votos, uno al segundo lugar. Los otros 32 son un extraño injerto: no representan a las partes integrantes de la Unión federal –la justificación de que exista un Senado– sino que provienen de listas formadas por las dirigencias nacionales de los partidos políticos, que se los reparten de acuerdo a la proporción de votos que obtengan en todo el país. Por ejemplo, Dante Delgado Rannauro, veracruzano, no representa al estado jarocho, sino al partido Movimiento Ciudadano. Miguel Ángel Mancera Espinosa, chilango, no representa a la Ciudad de México, sino al PRD –aunque hizo campaña bajo las siglas del PAN en contexto de la Alianza Por México al Frente (Ricardo Anaya).
En entregas previas he mostrado cómo se han solidificado las élites partidistas en la cámara alta desde que inició la transición a la democracia en nuestro país. La adición de 32 escaños de representación proporcional aseguró que nuestros “Altos Lores” (perdóneme Juan de Dios Peza) se asegurasen un asiento en la cámara alta incluso si fuesen repudiados en su estado (el caso de Mancera). Esto significa que una cuarta parte del Senado de la República se entrega de manera directa a las élites de los partidos nacionales. Si a esto se suma que muchas de ellas y ellos han convivido por años, incluso por décadas, en la cámara alta, entenderemos cómo tejieron una fuerte red de complicidades.
Pese a su efecto reforzador de la partidocracia la institución de las y los senadores plurinominales puede resultar útil, sin duda.
Pongamos un ejemplo importante para nuestro tema de hoy. En 2017, el exsenador, exdiputado federal, exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal Ávila era alcalde de Cuauhtémoc en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac). Deseaba ser Jefe de Gobierno en el periodo 2018-2024, pero las encuestas de Morena favorecieron a Claudia Sheinbaum Pardo. Don Ricardo amenazó abandonar la nave morenista y buscar la candidatura de la derecha chilanga. La pésima administración perredista de Mancera (quien entonces acababa de defeccionar hacia el PAN y quien acaba de firmar la Carta de Apoyo a Monreal) permitía imaginar que el desgajamiento monrealista afectaría gravemente a Morena. La decisión pragmática fue ofrecer al zacatecano una candidatura a senador plurinominal –y aparte, el liderazgo de las y los senadores morenistas cuando se instalare la nueva Legislatura. La escisión monrealista se evitó en 2018. Pero el modo y el método del ciudadano senador quedaron evidenciados. (Alejandro Páez Varela ha analizado esto para SinEmbargo en varias ocasiones, un ejemplo, en la Liga 1.)
Hacer política es aprender a comer sapos, dicen los británicos que dijo su famoso Lord Acton (1834-1902). Pese al horrible menú, por casi cuatro años, Morena ha sido bien servida con el mal arreglo monrealista que evitó un buen pleito en la Ciudad de México. Importantes reformas constitucionales y legales han sido operadas por el caballero de Zacatecas –entre ellas la que quitó la inmunidad absoluta a la Presidencia (reformas a los Artículos 108 y 111 Constitucionales) y la que estableció la Revocación de Mandato. He escogido esos dos ejemplos a propósito, lectora. Pero antes de entrar a ellos, recordemos que la elección intermedia de 2021 mostró otra vez la deriva derechista del monrealismo, que apoyó las candidaturas de oposición en las alcaldías Cuauhtémoc y Álvaro Obregón.
Regresemos a las reformas constitucionales sobre la inmunidad presidencial. Durante la campaña presidencial de 2018, en aquella famosa “encerrona” con periodistas adversarios del 22 de marzo, organizada por Milenio TV, Andrés Manuel recordó a Azucena Uresti que, cuando el presidente Manuel González (1880-1884) fue acusado de corrupción –por una coalición dirigida por su compadre Porfirio Díaz– el proceso quedó en nada porque la Suprema Corte recordó al Congreso que un presidente no podía ser acusado como cualquier otro ciudadano. El entonces candidato cerró el punto declarando: “—Vamos a modificar el 108 Constitucional para que pueda ser juzgado por corrupción el presidente en funciones” (Liga 2, 1:00:00-1:04:00). La iniciativa presidencial se envió en los primeros meses de la Administración López Obrador al Senado.
Nota de abogado historiador: la inmunidad presidencial en México, desde la Constitución de 1857 y hasta 2021, era enorme. Penalmente, sólo se podía enjuiciar al presidente por unos pocos delitos muy graves (y eso, previo desafuero). Políticamente, el presidente no podía someterse a Juicio Político (impeachment). Lo anterior, en sentido contrario a las constituciones de todo el hemisferio occidental. (La estadunidense permite el Juicio Político del presidente desde 1789 y ha enjuiciado a tres mandatarios; la brasileña moderna lo permite y ha permitido destituir a dos titulares de la Presidencia.)
El trayecto legislativo de la iniciativa obradorista para volver “normal” al presidente fue enredado y complejo. Era evidente que todos los partidos imaginaban lo que podía significar para ellos en el futuro. Nadie quería que un presidente de su partido estuviese en peligro ante la ciudadanía y las cámaras. El primer dictamen elaborado en el Senado tenía cientos de páginas y en muchas de ellas se enfatizaba que permitir el enjuiciamiento del primer magistrado de la Nación traería inestabilidad al sistema político. Los debates quedaron en agua de borrajas. Pasaron muchos meses y sólo cuando López Obrador volvió a insistir en el punto, reforzando su iniciativa, las cámaras la aprobaron.
El presidente de la República Mexicana ya no tiene inmunidad absoluta, puede ser destituido por el Senado –como en EU o el Brasil. López Obrador cumplió su promesa.
El nuevo arreglo constitucional establece que la persona titular de la Presidencia podrá ser acusada de cualquier delito, como cualquier otro ciudadano o ciudadana (Artículo 108 segundo párrafo). Ahora bien, esta acusación NO se hace ante un juez penal, sino ante el Senado “en los términos del artículo 110” de la propia Constitución (Artículo 111 cuarto párrafo). El Artículo 110 regula el Juicio Político o impeachment y establece como sanciones la destitución e inhabilitación para ejercer otros cargos públicos. La decisión de la cámara alta se deberá tomar por dos terceras partes de los miembros presentes.
Nota aritmética: dos terceras partes de los 128 senadores son 84. Para esto sirven 89 senadores.
Por supuesto, se requeriría que la Fiscalía General de la República (FGR) abriese una carpeta de investigación contra el presidente y la presentase ante el Senado. En términos de lo mandado por las nuevas reglas constitucionales. Sí, lectora, hablo de la FGR… esa institución dirigida por un hombre que ha usado su cargo para realizar vendettas personales, incluso contra su propia familia, argumentando extremos improbables e interpretaciones jurídicas extravagantes. ¿Recuerdas que luego del escándalo de su litigio contra sus propios familiares el señor fiscal general fue llamado al Senado? ¿Recuerdas que nada le reclamaron nuestros “Altos Lores”?
Por todo lo anterior es esencial que discutamos la formación y reproducción de élites –en lo general. Y –en lo específico– por ello es que necesitamos eliminar los 32 escaños de representación proporcional del Senado. (Uno de los puntos de la Iniciativa Obradorista de Reforma Electoral de abril de 2022.)
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.youtube.com/watch?v=svhF4RQ_16I
Liga 2:
https://www.youtube.com/watch?v=UPT4l7gOs6s
