Papel de Chiapas en México. Autor: Federico Anaya Gallardo

Imagen tomada el 16 de noviembre de 2020 de la página oficial: http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/centro-de-convenciones-y-poliforum-chiapas

En algún momento del verano de 1995, los dos abogados que trabajábamos entonces en el centro de derechos humanos de la diócesis católica de San Cristóbal de Las Casas, el FrayBa, recibimos encomienda de acompañar a don Samuel Ruiz García a un evento de una asociación de abogados en Tuxtla Gutiérrez. Fue la primera vez que entré al centro de convenciones diseñado por Abraham Zabludovsky y construido por el gobierno de Patrocinio González Garrido (1988-1993). Estaba aún candente el debate de la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, aprobada por ambas cámaras federales y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 1995. Al obispo se le había invitado para exponer sus ideas acerca del papel de la “instancia de mediación reconocida por los negociadores” de cada parte en el conflicto (Gobierno Federal y EZLN), prevista en el segundo párrafo del artículo 8 de la Ley para el Diálogo. Esa instancia era la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI), formada por el propio jTatik, Concepción Calvillo viuda de Nava, Pablo González Casanova, así como por los poetas chiapanecos Juan Bañuelos y Óscar Oliva.

El ambiente en una de las grandes salas del centro de convenciones era candente, pese a la intensidad del muy moderno aire acondicionado. Cuando obispo y abogados nos colocamos en el presídium los licenciados chiapanecos discutían airadamente la Ley para el Diálogo y algunos la criticaban abiertamente. Escuchamos cosas como “el Congreso de la Unión no tiene autoridad para imponernos un diálogo”, “si la Federación no elimina a los zapatistas, que no estorbe” o “lo que le pedimos a la Federación es ejército y no diálogo”. Confieso que estaba yo indignado. Ya acomodados, anoté en una tarjetita para el obispo: “El Congreso de la Unión tiene autoridad en Chiapas porque, entre otras cosas la Federación ha pagado toda su infraestructura y la élite del Estado ha demostrado su incapacidad de gobernar en paz. Los federales pueden retirarse, pero entonces discutamos compensaciones y condiciones para la justicia.” Don Samuel la leyó en silencio y al regresármela, me dijo al oído: “—Puede ser verdad, ciudadano, pero es imprudente decírselos ahora”. Habló sereno de la necesidad de dialogar. Los airados licenciados se silenciaron. Daniel vencía entre los leones.

Chiapas es uno de los estados que cobra menos impuestos (sólo 0.3% del total de los impuestos federales o concurrentes Estado-Federación se recaudan allí). Sin embargo, recibe 3.9% del ingreso “participable” –trece veces más de lo que puede cobrar. De las Aportaciones federales (dineros que provienen sólo de ingresos federales), Chiapas recibe el 6.1% cuando un reparto en 32 porciones iguales le dejaría sólo 3.1%. En palabras de la nueva y deforme derecha mexicana de 2020, representada por el señor Quadri, ese Estado sería “un peso” para el resto del país: “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente…” (Gabriel Quadri, @g_quadri, 11 ene. 2019, 8:16 p.m., Liga 1.)

La anécdota de los ardientes “patriotas” chiapanecos de 1995 es tan grosera como el exabrupto tuitero de Quadri. Ambos provienen de la ilusión de las élites provinciales mexicanas de que su dominio territorial es natural e incontestado. Pido al lector perdón por usar el término maldito (provincia) que tanto molestaba a Monsiváis, pero en este caso es obligado. Nuestras élites regionales han perdido, por su propia voluntad, muchos de los elementos de hegemonía política que alguna vez tuvieron. El reciente escándalo de la alianza dizque federalista nos hizo volver a ver esta verdad: Una entidad federativa más o menos sana fiscalmente, como Chihuahua, que ha aumentado su recaudación estadual de manera constante desde 2017, tiene un presupuesto de egresos de 78 mil millones de pesos. De estos, 55 mil millones provienen de la Federación (participaciones 27 mil millones, y aportaciones 28 mil millones) y sólo 23 mil millones del propio Estado. Un 70% federal y un 30% estadual. (Liga 2.) Ciertamente, si los chihuahuenses se separasen del pacto fiscal (que fue su amenaza) y si cobrasen directamente todos sus impuestos (lo que significa invertir mucho en su secretaría de hacienda estadual); entonces, tal vez, recaudarían el equivalente de sus actuales participaciones y entonces, tal vez, podrían contar como propios 50 mil millones de pesos, es decir, sólo el 64% de lo que requieren anualmente para sostener su gobierno estadual.

La situación de Chiapas es notoriamente peor que la de Chihuahua. Su presupuesto de egresos estadual es de 95 mil millones de pesos. Pero de estos, el Estado sólo recauda 4 mil millones (4%). La Federación le envía 91 mil millones (96%). De los recursos federales, 33 mil millones son participaciones y 58 mil millones aportaciones. (Liga 3.) Chiapas, en estas condiciones, no podría jamás jugar el juego de la supuesta “alianza federalista”. Separarse del pacto fiscal, en el mejor de los escenarios (cobrando ella misma lo que hoy recibe como participaciones), le quitaría recursos federales por 58 mil millones –que son el 61% de su presupuesto anual.

En resumen, en el mejor de los escenarios (que cada Estado se haga cargo eficientemente de cobrar sus impuestos estaduales que hoy cobra la Federación), Chihuahua vería reducido su presupuesto en 36% y Chiapas en 39%. Si estos estados no fuesen capaces de cobrar sus impuestos adecuadamente, la merma causada por romper el pacto fiscal sería mayor: Chihuahua vería reducir su presupuesto 70% y Chiapas 96%.

Dicho lo anterior, la pregunta es ¿de qué poder o influencia gozan las élites provinciales mexicanas? Respuesta: Tienen el control territorial y la liga política directa con pueblos y comunidades. No es poca cosa. Por eso fue grave el incidente de septiembre 2020 en la Presa La Boquilla. Allí vimos a prominentes líderes chihuahuenses, alcaldes en ejercicio e incluso a algún exgobernador, dirigiéndose a las y los campesinos que tomaron las instalaciones federales. Precisamente por esto es que la opinión pública requiere informarse en detalle acerca de la conformación y recambios de las alianzas estaduales, así como de los detalles de la política en cada entidad federativa. Un famoso político estadunidense, Thomas Phillip “Tip” O’Neil (1912-1994), quien fuera el Speaker (presidente de la Cámara Baja) que se opuso a Reagan en el caso de la Contra nicaragüense, solía recordar que toda política es política local. Si los nicaragüenses habían decidido deshacerse del dictador Somoza, ¿por qué EU estaba tratando de derrocar al gobierno sandinista?

En las últimas semanas, he descrito algunos trazos de la política estadual chiapaneca, partiendo de la historia reciente del Pueblo Chol en el municipio de Tila y cómo la élite kaxlana ha pretendido, con poco éxito, mantener el control del territorio luego de 1994. Me queda decir algo acerca de la relación entre Federación y esa élite chiapaneca.

Un viejo acompañante de las comunidades indígenas y de las organizaciones populares chiapanecas me insistía, hace poco, que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador sólo está administrando los conflictos que están haciendo crisis (Aldama, Tila, Cuxuljá, etc.) y no se ha comprometido con la resolución de los problemas estructurales que los provocan. Tiene razón. Pero hay que aclarar que los federales administran los conflictos porque no tienen opción. Estructuralmente, la relación de todos los gobiernos federales mexicanos frente a Chiapas es de “indirect-rule”, un término usual en situaciones coloniales. Se deja hacer a la élite chiapaneca asumiendo que controla el territorio. El problema es que esto último es falso. La “Familia Chiapaneca” que tiene el mando en Tuxtla Gutiérrez ya no es la que describieron los antropólogos de finales del siglo XX, sino una versión degradada y más incompetente que su antecesora (que fue destruida por la Rebelión de 1994). Así las cosas, la deferencia federal a los kaxlanes chiapanecos pone la “indirect-rule” en crisis. La opción sería –teóricamente– reconocer al nuevo Estado que emergió en  Chiapas a partir de 1994. Tragedia: ese Estado (el EZLN y sus frutos, la red de Juntas de Buen Gobierno) no desea ser reconocido. Lo que queda, por lo mismo es ir mal atendiendo y mal arreglando, caso por caso, las mil crisis que van surgiendo… Una tarea de Sísifo.

Ese mismo compañero, verdadero intelectual orgánico de movimientos populares, me dice que la alianza de AMLO con la nueva “Familia Chiapaneca” es estratégica y que se apuesta a construir con ella, en el Sureste Mexicano, una región como el Noroeste de los sonorenses y el PRI o el Gran Bajío del foxismo y el PAN. Esta hipótesis es interesante, pero tiene un grave defecto. La densidad y complejidad de las élites regionales de Sonora-Sinaloa entre 1920-1950 y de Guanajuato-Jalisco entre 1990-2010 están mucho muy lejos de las equivalentes en la élite chiapaneca actual. Esta no tiene ni la organización, ni los recursos de exportación, ni el control territorial, ni la legitimidad que aquéllas tenían. A nivel estadual, los aliados de la Federación en el Noroeste y en El Bajío representaban coaliciones sociales complejas, así como liderazgos fuertes y eficaces. De hecho, ambas élites habían conquistado el poder federal. Obregón y Fox eran cabezas de grupos. En el caso chiapaneco, el “conquistador” del centro federal fue AMLO y no una élite regional.

Cierto, “El Güero” Velasco puede soñar con proyectarse nacionalmente. ¿No cubrió las calles de la capital federal con propaganda suya hace años? Igualmente, el protegido de Velasco, Eduardo Ramírez, puede presidir este año la Mesa Directiva del Senado. Pero ¿dónde está la agricultura de exportación que tenían Sonora y Sinaloa en 1920?, ¿adónde los nodos manufactureros de alta tecnología de Guanajuato y Jalisco en 2000? El gobierno federal invitó a la iniciativa privada a invertir en el Tren Maya. Sigue esperando y hasta ahora sólo hay dinero público en el megaproyecto. Parecería que las élites del Sureste o no tienen los recursos o carecen de la visión nacional para arriesgar sus dineros. Y en Chiapas, especialmente, la élite no tiene ni el apoyo ni el respeto, de sus pueblos.

Ligas usadas en este artículo:

Liga 1:
https://twitter.com/g_quadri/status/1083910552177512449

Liga 2.
http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/ppto2020tomoi.pdf

Liga 3.
https://www.haciendachiapas.gob.mx/rendicion-ctas/presupuesto-egresos/informacion/2020/PDF/III.pdf

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