Un sistema económico (y social y cultural) construido por la depredación sobre millones de ciudadanos trabajadores (mal pagados), por quienes debido a ser los únicos (brutales) usufructuarios da la más desvergonzada rapiña llegan a considerarse eternos y merecedores legalmente de las ganancias que su sistemático robar produce (ellos lo llaman negocios), los vuelve sumamente susceptibles a cualquier cambio que modifique su destructivo proceder. Los latrocinios que a cada segundo realizan, los autoriza (moralmente según ellos) a reclamar con enojo supremo su derecho a vivir de los demás, y cuidado con que alguien los toque con el pétalo de la más insignificante modificación, que les impida la ganancia de algunos de los miles de millones que acostumbran embolsarse diariamente, porque se vuelven de una ferocidad sólo semejante a su impunidad, pues para eso ponen y quitan funcionarios y gobiernos. Sus empleados priistas (durante décadas) y panistas (durante años) los malacostumbraron a robar “legalmente”, y actualmente se niegan a dejar de ser dueños de un país que los ha enriquecido de las peores maneras.

El nuevo presidente de la República va a tener que negociar algunas cosas definitivamente inaceptables para la población, si las multitudes de afectados (y posibles beneficiarios) no se vuelcan a las calles de todo el país fortaleciendo los reclamos. El nuevo gobierno, él solo, no podrá, implementar muchas modificaciones, necesarias (e indispensables) si las mayorías ciudadanas no se manifiestan. Si fueron capaces de votar en contra de sus consuetudinarios verdugos, ahora deberán ser capaces de apoyar en las calles, todo aquello que a fin de cuentas los han de beneficiar. Si se comportan esperando que el nuevo gobierno les resuelva todo, y siguen comportándose como cuando el PRI o el PAN decidían por ellos, nada cambiará. El proceso de reeducación es el verdadero desafío. La nueva educación de millones de ciudadanos es el verdadero compromiso, urge que mucho asuman ¿será posible? Los cambios nunca son acontecimientos únicos, son procesos.

Los banqueros saltan, dicen quienes se dan la gran vida a costillas de la miseria del ciudadano honesto que se genera: “gran preocupación entre los empresarios, particularmente en el medio financiero” ¿Y quién debe hablar por el ciudadano, víctima sistemática de la voracidad de los señores del dinero? ¿A quién deberá servir un nuevo gobierno federal de “izquierda”? ¿Cómo habrán de participar los ciudadanos? La solución es tarea de muchos, especialmente de las víctimas de la voracidad de quienes se apropian de los países así como de sus mejores cosas ¿Quién paga sus festejos, sus comilonas, sus lujos, sus exabruptos de ricachones con el sudor de los que cotidianamente se chingan? ¿Quién paga sus corbatas, sus mujeres, sus trajes, sus zapatos? En los días actuales, una palabra como dignidad se llena de nuevos matices. Mucho cuidado deberán tener quienes confunden impunidad con eternidad.

Llevo toda mi carrera profesional lamentando un fenómeno que viven las democracias imperfectas: la judicialización de las elecciones. Ello implica que las disputas sobre quien accede al poder pasan no sólo por el voto popular sino que continuamente se dirimen en tribunales, reduciendo lo político a un espacio legal.

Nuestro sistema electoral está centrado en los partidos políticos y el ciudadano ha quedado relegado. En este esquema, las instituciones electorales se han convertido en administradoras de las disputas partidistas, en donde reconocen como usuarios únicamente a los partidos, dejando a un lado su verdadera razón de ser que es la justicia electoral y la garantía de los derechos políticos de los ciudadanos. Para efectos prácticos, los tribunales electorales actúan frente a los partidos políticos y de espaldas a la ciudadanía.

Como actores políticos que son, las instituciones electorales, y, especialmente los tribunales, deben emplear la comunicación como herramienta fundamental en el desempeño mismo de sus funciones. Es fundamental que los tribunales electorales comuniquen sus acciones y sus decisiones, no hacerlo es minar la propia democracia, la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía.

Que jueces electorales resuelvan sobre la legalidad de las elecciones no debe significar un desentendimiento de las y los ciudadanos sobre sus decisiones, sobre todo porque de ellas implica quienes nos gobernarán y quienes contendrán por el poder. En este mismo sentido, los tribunales electorales no deben entender al ciudadano como mero espectador sino como su público principal.

En este contexto de falta de legitimidad de las instituciones es propicio que aquellas que conforman la justicia electoral en nuestro país den un paso hacia delante para llevar información relevante a la ciudadanía. Saber comunicar es parte del trabajo de cualquier institución democrática, y para aquellas que atienden las pugnas electorales y es su principal función vigilar que no se violen nuestros derechos políticos, debería ser un tema toral en sus actividades.

Lo primero sería determinar cuál información es del interés del público y cuál permitiría dotarlos de mejores elementos para la toma de decisiones, así como para abonar a la rendición de cuentas de los propios partidos políticos y representantes populares.

Lo segundo, transmitir la información desde las ganas de comunicar, porque, seamos sinceros, a nadie le interesa leer mamotretos de sentencias sino acceder a información en lenguaje ciudadano sobre el sentido de las mismas, las implicaciones para la contienda electoral y las sanciones derivadas de ello.

Sobre todo, cabe mencionar que para muchos de nosotros, conocer esta información en tiempo y forma significaría tener la certeza de que nuestros derechos son cuidados y de que, si deciden reponer la elección o anular el resultado, es en nuestro mejor interés y no por pugnas partidistas.

Por poner un ejemplo, vivo en Coyoacán, y me hubiera gustado conocer el estatus de la controversia electoral que por un tiempo puso en duda quién sería mi alcalde, a diferencia de estarme enterando por los medios y a expensas de que alguien tomara la decisión por mi y por todos los que votamos.

Construir legitimidad en las instituciones sólo puede hacerse desde la posibilidad de dar a conocer información útil y rendir cuentas sobre las decisiones tomadas. Para los tribunales electorales debería ser un siguiente paso el voltear a ver a sus ciudadanos y reconocer que es para ellos para quienes trabajan.