Renata Terrazas*
El pasado 31 de marzo era la fecha límite para designar a los nuevos integrantes del pleno del instituto de transparencia de la Ciudad de México. La Asamblea Legislativa de la CDMX no logró construir los acuerdos y nombrar a las y los comisionados por lo que hoy carecemos de autoridad en materia de transparencia en la Ciudad de México.
Esta situación resulta alarmante dado que las dependencias de gobierno, el legislativo local y cualquier organismo público de la ciudad puede negar información y no existe quien resuelva el caso y garantice nuestro derecho a acceder a la información pública. En un contexto electoral resulta aún más preocupante no contar con el organismo público autónomo que pueda obligar al ejecutivo, a los partidos políticos o a la asamblea legislativa a entregarnos información relevante para monitorear su gestión y el ejercicio de sus presupuestos.
A diferencia de otras instituciones que han quedado sin titulares dada la dificultad de construir acuerdos entre nuestra clase política, los institutos de transparencia son de las pocas instituciones que al no tener titulares se imposibilita gran parte de su mandato.
Las y los comisionados conforman el pleno de cada instituto de transparencia, el cual se constituye como el órgano de gobierno y el único que, de manera colegiada, puede resolver sobre las controversias entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno.
El todavía llamado InfoDF –instituto de transparencia de la Ciudad de México–, cuenta con únicamente una comisionada por lo que carece de quórum para tomar decisiones sobre resoluciones, sanciones, medidas de apremio, entre otras.
Esto se agrava con la cantidad de recursos que en la Ciudad de México se presentan ya que es la entidad que más recursos de revisión resuelve. El año pasado fueron presentados 2,955 recursos de revisión, lo que nos permite inferir que en las dos semanas que llevamos sin comisionados se han acumulado aproximadamente 120 recursos.
Y no son sólo los recursos acumulados, son también las decisiones que no se toman, las medidas de apremio que no se imponen y la impunidad que crece en un país, –en una ciudad– donde cada quien actúa como quiere y no pasa nada. ¡Qué conveniente es quedarse sin árbitro de transparencia en este periodo electoral!
De manera muy probable será el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) quien le entre al quite y resuelva los recursos de la CDMX. Sin embargo, cabe recordar que también este instituto trae un déficit de comisionadas; de siete integrantes del pleno cuenta sólo con cinco dada la falta de acuerdos del Senado de la República para nombrar a dos comisionadas.
Se le está haciendo costumbre a nuestros legisladores no designar; saben que lo hacen y no hay castigo alguno. El problema con el caso del InfoDF es que la omisión legislativa se traduce en opacidad y falta de garantía de un derecho humano vinculado de manera cercana al ejercicio de otros derechos.
Es muy lamentable que los intereses partidistas se impongan ante la imperiosa necesidad de contar con comisionados competentes que garanticen la transparencia en la CDMX. Hoy un árbitro ha sido sacado del juego por los propios partidos políticos en la asamblea.
* Investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación
