Federico Anaya-Gallardo

Hace tres años, José Alfredo Rangel Silva, de El Colegio de San Luis, presentó un volumen de ensayos sobre Los Otros Rebeldes Novohispanos (coordinado por Carlos Rubén Ruiz Medrano, Colsan, 2015), y señalaba que durante los tres siglos virreinales Los de Abajo cuestionaron siempre la dominación que sufrían, buscaron atemperarla obligando a sus opresores a negociar para asegurar la supervivencia e incluso se rebelaron para lograr espacios de autonomía social y política. Hay cosas que leemos en los libros de historia que parecen actuales. Recién se acaba de discutir en el Colsan el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí en el cual se hace una larga relación de las injusticias que Los de Abajo sufren en la entidad.

Por supuesto, en el Diagnóstico no se habla de Los de Abajo sino de poblaciones menos favorecidas, grupos vulnerados, en situación de vulnerabilidad o en situaciones vulnerables. (Maldición posmoderna de tratarnos “educadamente”). Pero con sólo repasar el resumen ejecutivo del Diagnóstico se podrá ver que se trata de los mismos grupos sociales. La inmensa diferencia es que doscientos años de independencia y república han dado a Los de Abajo muchos más instrumentos de defensa.

El pasado 15 de marzo el Colsan, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Unión Europea invitaron a debatir los hallazgos del Diagnóstico potosino. Se habló mucho de las muchas nuevas normas que se han expedido en la materia. La mayor parte de los ponentes provenían de organizaciones de la sociedad civil. Uno de ellos, Juan Pablo Ramírez Atisha, de Sembrar y Florecer, habló de una oleada normativa. A veces parece más un poderoso oleaje y a ratos uno se figuraría un tsunami legal –si no fuera porque tantas leyes parecen no causar mayor efecto en la realidad de injusticia. Sembrar y Florecer trabaja con jóvenes del área metropolitana del estado y tanto su experiencia, como el Diagnóstico, reportan una pésima situación de los derechos humanos entre los jóvenes.

Ni qué hablar de que la proliferación legislativa ha coincidido con una terrible crisis de violencia de género contra las mujeres y los grupos LGBT+. Pero para agravar esa tragedia, Suhey Tristán, profesora del posgrado en derechos humanos de la UASLP, reportó que pese a la oleada normativa la ley potosina en materia de registro civil sigue impidiendo a la mujer casada registrar a una niña o niño si éste no ha sido engendrado por su marido –mientras que no hay restricción equivalente para los maridos. El diablo escribe en los detalles. Y el diablo es un abogado lioso.

¿Qué hacer? Fuensanta Medina, de Amexcid, recordó a los presentes que la sociedad civil potosina es un espacio recreado y fortalecido poco a poco desde hace sesenta años. Desde “la época de los dos doctores”, Manuel y Salvador Nava, hasta el San Luis Potosí contemporáneo las luchas sociales han producido una de las sociedades civiles más complejas. Desde esta praxis, Rogelio Córdova sugirió que debemos trabajar por fortalecer actores de incidencia –personalidades y organizaciones que denuncien y exijan el respeto de los derechos humanos. Rogelio habló a nombre de Educiac la organización fundada por la activista recientemente fallecida, Alma Nava. Por su parte, Gustavo Guevara, premio estatal de derechos humanos nos demostró por qué es importante todo lo anterior: correctamente denunció que aunque la mesa de análisis había buscado representar todos los grupos, él aprovecharía el espacio del movimiento LGBT+ para hablar también de las personas con discapacidad.

Por su parte, el Dr. Óscar de la Torre, de la Universidad de Sevilla, académico invitado en el posgrado de derechos humanos de la UASLP, señaló que hay elementos en la norma potosina mucho más avanzados que en el resto del país. La Constitución estadual, por ejemplo, reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público (es decir, como actores del sistema de Derecho Constitucional) y no sólo como entidades de interés público (es decir, como simples objetos de atención gubernamental). Sin embargo, esta ventaja constitucional potosina se diluye en un ambiente dominado por una “cultura post-violatoria”. Esta cultura tiende a convertir a las víctimas de violaciones a derechos humanos en objetos de asistencia y hace olvidar que en realidad se trata de personas que forman comunidades y que pueden y deben organizarse para defender y promover sus derechos.

¿Cómo hacer? Por una parte, hay que retomar casos emblemáticos. El Diagnóstico, elaborado por el equipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí a partir de elementos aportados por sociedad civil y funcionarios públicos, ofrece no sólo un mapa de grupos vulnerables y problemáticas, sino que menciona casos concretos en los cuales se han emitido recomendaciones específicas, sea por la propia CEDH-SLP o por el ombudsman nacional o por el sistema interamericano de derechos humanos. Los detalles de esos casos deben servir para crear consciencia acerca de qué hacer y organización para defenderse ante nuevas violaciones.

Sin embargo, no bastan los casos emblemáticos. ¿Con quiénes debemos trabajar? De preferencia, con comunidades. Es más, la defensa de los derechos humanos debiera convertirse en un pretexto y oportunidad para fomentar la organización social y comunitaria. Del mismo modo que los agravios incitaban a los viejos rebeldes populares del virreinato, hoy el agravio de una violación de derechos humanos debe llevarnos a nuevas rebeldías y a más y mejores organizaciones. Por cierto que en esto hay algo avanzado: el Dr. Alejandro Rosillo, de la UASLP, nos recordó que la CEDH-SLP ha tenido, a lo largo de sus 25 años, consejos ciudadanos muy representativos no sólo de las regiones de la entidad y de las ideologías político-partidistas en el Congreso, sino también, y cada vez más de las organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos.

Termino mi recuento de este evento con un reto concreto. Dos compañeras del Consejo Ciudadano de la CEDH-SLP señalaron que, en el proceso de realizar el diagnóstico dejó de invitarse a muchos grupos y organizaciones de la sociedad civil y llamaron a los funcionarios de la comisión y a todos los involucrados a atender este problema y asegurar que todas las voces sean incluidas en el Programa Estatal de Derechos Humanos que debe prepararse. Un problema mayor que puede resolverse con voluntad política. Una pequeña señal en este sentido es que durante el debate también se señaló que el texto del Diagnóstico era difícil de encontrar en la www. Cuando terminaba el evento, la CEDH-SLP ya se había segurado de que el documento completo y su resumen ejecutivo estuviesen muy a la mano en su portal www.

La voluntad política es esencial para que sea exitosa la defensa de los derechos humanos. Por parte de Los de Abajo nunca falta. Adonde se le extraña casi siempre es en los gobiernos. Es esencial el compromiso personal, activo y activista, de la persona funcionaria pública. Ella debe cumplir su deber de defender y proteger los derechos humanos (Artículo 1 de nuestra muy liberal Constitución federal). Esa voluntad es la que hace la diferencia entre “institucionalización” y “burocratización”: la primera significa instituciones vivas que avanzan y atienden responsablemente los problemas; la segunda sólo crea puestos que aumentan los sueldos que el pueblo paga. Hace tiempo, los gobiernos activistas llamaban a sus pueblos a resolver juntos problemas: acabar con el analfabetismo, encontrar la cura contra la polio, construir una sociedad más justa. Hoy parece que los funcionarios sólo administran una aburrida ventanilla. Sobre este problema hay que rescatar el concepto de funcionario insurgente del abogado indio K.G. Kannabiran –pero este tema debe ser tocado en otra ocasión.

El Diagnóstico y su Resumen Ejecutivo pueden consultarse en el portal www de la CEDH-SLP: http://www.cedhslp.org.mx/portal/diagnostico.php y http://www.cedhslp.org.mx/portal/docviewer.php?doc=unioneuropea/Diagnostico/VersionEjecutiva/Diagnóstico_VE.pdf&tipo=Convocatoria&pag=diagnostico

Rogelio Hernández López

Sí, somos muchos los que husmeamos discreta o abiertamente a las dos cámaras del Congreso de la Unión por esa nueva ley que diputados y senadores tendrían que aprobar antes del 30 de abril por instrucción de la Corte. Las estamos monitoreando.

Pero sólo algunos ya sabemos que este martes 20 de marzo en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados, que preside el PRI, se presentará “la iniciativa” y que, al menos por ahora, son los priístas los que preparan el cocido.

Los cocineros

Lo primero que salta es que de presentarse “la iniciativa” de una ley tan importante –que trastocará el modelo de comunicación política de todos los poderes y niveles de gobiernos del país–, no será producto del trabajo colegiado con los senadores.

O sea se cocinará primero entre diputados. Y, hay una razón estratégica para ello: el PRI pone los cocineros y los ingredientes. Veamos:

Una breve pero sustanciosa nota informativa de la reportera de CapitalMedia, Yvonne Reyes Campos, ofrece datos muy puntuales al respecto:

“La Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de la Cámara de Diputados –dice la nota–, estableció que el martes 20 de marzo, la Comisión de Gobernación presentará un informe y hará circular ‘la iniciativa’ correspondiente” (el entrecomillado es de este reportero).

Para quienes no lo sepan, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos se integra con el presidente de la Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Política.

Y el presidente en turno de esa cámara es Édgar Romo García, miembro del PRI.

La Comisión de Gobernación, cuya presidencia presentará “la iniciativa” la preside Mercedes del Carmen Guillén Vicente, también integrante del PRI.

En el primer lugar de los secretarios de esa comisión que se presentan en la página oficial de la Cámara de Diputados se pone a Juan Manuel Cavazos Balderas, igualmente diputado del PRI.

Los ingredientes

Lo que debería presentarse a la Comisión de Gobernación es el dictamen de al menos 20 iniciativas que al respecto se han presentado en esa cámara desde 2002.

En otra columna de este reportero se documentó que en las dos cámaras legisladoras hay, al menos, 24 iniciativas anidadas, por no decir congeladas.

En el Senado hay cuatro iniciativas: dos del PRD que presentaron Pablo Gómez y Armando Ríos Piter; una, de los senadores del PAN Marcela Torres Peimbert, Ernesto Ruffo, Víctor Hermosillo, Silvia Leticia Martínez y Juan Carlos Romero Hicks y una cuarta también del PRD del 28 de noviembre de 2017.

En la Cámara de Diputados, se registran al menos 20 desde 2002.

Y ninguna de todas la ha presentado el PRI.

Pero el martes 20 de marzo se inicia formalmente el proceso parlamentario en la Comisión de Gobernación en la que el PRI y sus aliados tienen mayoría de votos, esto es que se garantiza aprobar allí su cocido.

De acuerdo con el sitio oficial, esa comisión tiene 32 miembros: del PRI 12, PVEM 3 y Nueva Alianza 1. En total 16 de ese bloque.

En otro bloque, suponiendo que votarían como aliados del Frente Por México, tienen 13 en total: del PAN 7, PRD 4 y MC 2.

Los restantes 3 de la comisión son dos legisladores de Morena y uno de Encuentro Social.

En leyes similares relacionadas con la radio y la televisión y de comunicación política en distintas normaciones secundarias, el PAN ha votado con el PRI.

Son acechadas

Insisto. Somos muchos los que husmeamos discreta o abiertamente a las dos cámaras del Congreso de la Unión por esa nueva legislación que, al parecer, llevará el nombre de Ley para Regular la Propaganda Gubernamental, reglamentaria del artículo 134 de la Constitución.

Es lógico que por el gigantesco gasto público que debe regular y transparentar, en las dos cámaras estén operando las y los cabilderos de las grandes empresas de televisión, las de cadenas de radiodifusoras privadas y los corporativos multiplataformas. Ellos sí deben saber lo que viene, al menos por parte del PRI.

El gasto total de publicidad en medios de comunicación del ejecutivo federal y todas las instancias autónomas, de los ejecutivos estatales y municipales más de los otros poderes seguramente superó los 20 mil millones de pesos sólo en 2017.

Por eso y por las malas prácticas que engendró la falta de transparencia de ese monumental gasto, otros actores políticos y sociales están muy atentos al proceso de legislación.

Por ejemplo, 13 de marzo de 2018 una carta abierta de 76 líderes sociales, académicos especializados, personalidades, algunos periodistas y representantes de 86 organizaciones civiles recordó la vigilancia o monitoreo civil que se aplica a las dos cámaras.

Recuerda la misiva que el 7 de febrero, el Colectivo #MediosLibres suscribió el documento “Bases Mínimas para la regulación de la Publicidad Oficial”, y exhortó al Congreso a cumplir en tiempo y forma con el mandato de la SCJN.

El 14 de febrero, agrega, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunciaron frente a la ausencia de avances en el tema.

El 26 del mismo mes, la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado respetuoso y firme al Congreso de la Unión, para que cumplan con su obligación, aseguran en esa carta.

Ellos mismos reportan que se reunieron el 27 de febrero con las Comisiones Unidas de Gobernación; Radio, Televisión y Cinematografía, y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República para saber de los preparativos de legislación. Y no obtuvieron información precisa.

Por eso en la carta del 13 de marzo demandaron que hubiese “una ruta crítica con un proceso de Parlamento Abierto, y de trabajo en conferencia entre las dos Cámaras”. Y emplazaron a que “el 16 de marzo podamos contar con un predictamen de ley”.

La nota de la reportera Yvonne Reyes Campos del mismo 16 de marzo ubicó cómo estaba cocinándose el proceso legislativo:

Martes 20 de marzo la Comisión de Gobernación presentará un informe y hará circular la iniciativa correspondiente; el lunes 16 de abril la Comisión de Gobernación discutirá y votará el dictamen de la mencionada ley; el jueves 19 de abril lo someterá a consideración del Pleno.

Y los primeros trazos del guisado se habrán hecho en la cocina, con los cocineros y los ingredientes del PRI. ¿Qué harán los que monitorean este proceso?