Olvidando la división de poderes, jueces de Guanajuato consienten a Zamarripa, evidencia amparo (nota de POPLab)

Jueza federal exhibe los mimos del Poder Judicial hacia la fiscalía, pese a que el Ministerio Público no presenta pruebas concluyentes en caso Bárbara Botello. La ley blinda a Zamarripa contra remoción, los protegen legisladores panistas y también el gobernador

Complicidad, es lo que se evidencia sobre la relación entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, según los argumentos con los que la juez tercera de distrito del Poder Judicial Federal, Gabriela Elizeth Almanza Hernández, decidió otorgar un amparo a la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez.

Y es que la resolución revela omisiones, incongruencias y confusiones argumentativas en las que incurrió el juez local de la octava sala penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al analizar el caso y determinar la vinculación a proceso para la ex alcaldesa priísta de León, por el delito de fraude simulado en marzo de este año.

Sobre todo, constata la falta de filtro que el Poder Judicial tiene respecto a las débiles evidencias y argumentos que le presenta de forma reiterada la fiscalía local.

La jueza determinó dejar insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido el pasado 24 de mayo de 2021 y pidió al juez emitir una nueva determinación suficientemente fundada y motivada.

El beneficio lo otorgó después de revisar los argumentos presentados por la ex alcaldesa e identificar que el juez local no justificó de forma debida su resolución, fue incongruente, imprecisión e incluso cayó en contradicciones. En pocas palabras, el amparo verifica la condescendencia del Poder Judicial y su presidente Héctor Tinajero Muñoz sobre el fiscal Carlos Zamarripa.

Bárbara Botello. Foto: Especial

“Esta juzgadora de amparo estima que que el acto reclamado es violatorio de derechos en prejuicio de la promovente, porque los argumento vertidos por la responsable evidencian violación al principio de congruencia y por otro lado, incumple con el deber de fundar y motivar debidamente la resolución”.

Almanza Hernández estableció que que la sala penal omitió explicar “con razones objetivas, coherentes jurídica y fácticamente”, el por qué estimó como indebido presunto lucro que se obtuvo del contrato.

“De ahí la necesidad de que la autoridad responsable explique con toda amplitud las razones particulares que tuvo para confirmar el auto de vinculación a proceso… de no existir tales, el acto se torna arbitrario, y violatorio incluso del derecho de defensa de la quejosa, ya que no puede controvertir argumentos no expuestos en el acto reclamado”, señala el fallo.

Valida juez local pruebas insuficientes del Ministerio Público y conceden vinculación a proceso

Según la jueza, la sala penal incurrió en incongruencia porque por un lado afirmó que los datos de prueba no permitían establecer la omisión de supervisión del cumplimiento del contrato, pero concluyó que eran suficientes para estimar que se trataba de una transacción ficticia.

También acusa al juzgador local de evitar explicar con qué datos de prueba el Ministerio Público acreditó el presunto engaño cometido por la alcaldesa y otras inconsistencias en la aclaración de pago de fianzas.

“No basta que el juzgados simule una motivación con argumentos deficientes, incongruentes o imprecisos, que no justifican su proceder, sino que debe exponer de manera concreta las disposiciones legales, motivos y hechos relevantes por los cuales estima que el supuesto contenido en la norma es aplicable al caso concreto” concluyó.

Héctor Tinajero Muñoz

La resolución para otorgar el amparo señala que el juez responsable de confirmar el auto de vinculación a proceso no cumplió con el deber de fundar y motivar debidamente su resolución.

El juez local cometió La resolución muestra el apapacho del Poder Judicial a la Fiscalía del Estado, los que también ha obtenido del Poder Legislativo y del Ejecutivo, con los elogios constantes que diputados panistas y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hacen respecto del fiscal Carlos Zamarripa.

La ley relacionada con este organismo autónomo y su titular se diseñó para blindar al caudillo de la justicia guanajuatenses, quien solo puede ser removido a propuesta del gobernador.

Diputados de Morena intentarán que las reglas pueden cambiar, pero se enfrentan a las pocas probabilidades, porque legisladores del Partido Acción Nacional tiene mayoría en el Congreso local.

Legislación impenetrable, hace intocable a Zamarripa

En el texto vigente de la Constitución local, el gobernador es el único facultado para solicitar la remoción del fiscal, pero al mismo tiempo es quien tiene la atribución de hacer su nombramiento con base en un listado de cinco candidatos que elaboran los diputados locales.

En el artículo 95 de la legislación, en el que se estableció la organización del Ministerio Público como una Fiscalía General del Estado en 2019, se incluyó un artículo transitorio que permitió a Carlos Zamarripa un brincó para ocupar el cargo por un período nueve años, adicionales a los otros diez que ya acumulaba como titular de la Procuraduría del Estado.

En la más reciente sesión de Pleno del Congreso local, diputados de Morena propusieron modificar las reglas, plantean que el fiscal pueda ser removido también por el Congreso y que su designación se dé a través de una convocatoria.

La ley blinda a Zamarripa ante cualquier intento para expulsarlo del cargo, pues la fracción cuarta del artículo 95 de la Constitución señala que sólo puede ser removido por el gobernador por las causas graves que establezca la ley.

La remoción puede ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes del Congreso del Estado dentro de un plazo de diez días hábiles,” en cuyo caso el Fiscal General del Estado será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción”.

Carlos Zamarripa Aguirre

Por otro lado, la norma vigente descarta toda participación social en el proceso de designación del fiscal, pues faculta al Congreso para integrar un listado y enviarlo al gobernador para que éste realice la designación.

Este proceso se realizaría en ausencia definitiva del fiscal (hasta que termine su período o por cualquier otra causa), en este supuesto el Ejecutivo tiene la posibilidad de designar a un encargado provisional.

Para hacer este listado de cinco candidatos, el Congreso tiene 20 días para integrar el listado, aprobado por las dos terceras partes de los miembros presentes en el Pleno.

“Recibida oportunamente la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado.

Luego el Congreso, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días, pero en caso de que el Gobernador no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que los diputados hayas elaborado.

“Si el Congreso no formula la lista o no hace la designación en los plazos que establece este artículo, el Gobernador designará al Fiscal General del Estado libremente en el primer supuesto y en el segundo de entre los candidatos que integren la terna”.

Diputados de Morena consideran que por dignidad, Carlos Zamarripa debería renunciar a su cargo, pero ante las poca probabilidades de que esto ocurra presentaron dos iniciativas de reforma a la Constitución local y a otras leyes para promover consultas populares, que sometan al escrutinio de los ciudadanos, los resultados y la permanencia del fiscal.

Las iniciativas, una presentada por la diputada Alma Alcaraz y otra por Hades Aguilar, coinciden en incluir la facultad del Legislativo para solicitar la remoción del fiscal, por las causas graves que la ley señala.

Manifestantes en el Congreso exigen renuncia del fiscal. Foto: Carmen Pizano

Sin embargo, una de las propuestas plantea que “transcurrida la mitad del periodo de encargo del fiscal, la permanencia del encargo deberá ser aprobada por los guanajuatenses a través de una consulta popular”. En la sesión de Pleno del Congreso, la iniciativa fue celebrada por ciudadanos, quienes se manifestaron en contra de los malos resultados de Zamarripa, con pancartas y gritos de desaprobación.

La participación ciudadana que plantea la iniciativa también se incluye en el proceso de designación, al prever la emisión de una convocatoria seis meses antes de que fiscal termine su encomienda.

Pero además en caso de que los diputados incumplan en los plazos de designación, se propone que una terna de candidatos sea sometida a votación de los ciudadanos guanajuatenses a través de la consulta ciudadana. El fiscal sería quien obtenga la mayoría de los votos de los guanajuatenses.

¡Fuera Zamarripa!

¡Fuera Zamarripa! gritaron manifestantes en el Congreso, en una sesión de Pleno que resaltó la incomodidad que causa a legisladores panistas el tema, sobre todo a Armando Rangel Hernández, actualmente presidente del Congreso, diputado reelecto y uno de los que dio su aval para permitir el pase automático del funcionario.

Durante la presentación de las dos propuestas de reforma a la Constitución, el diputado llamó a las diputadas de Morena a mantener el orden, hizo lo mismo con los manifestantes, pero incluso censuró a su compañera Alma Alcaraz, por mostrar carteles en la tribuna con cifras del incremento de los homicidios en los últimos años. Rangel Hernández gritó y se molestó porque ella evidenció datos sobre la inseguridad.

Foto: Carmen Pizano

Otra que pidió la salida del fiscal, fue la diputada de Hades Aguilar, quien además acusó que su permanencia en el cargo desgasta la relación del Estado y el Gobierno Federal.

Y es que mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la salida del fiscal por sus malos resultados, el gobernador los ha defendido y lo ha señalado como el mejor fiscal de México. Diego Sinhue permitió su continuidad en el cargo y ha advertido que no pedirá su remoción.

“Si a usted Carlos Zamarripa, renuncie por dignidad, no espera a que se reforme la Constitución Política del Estado y la ley secundaria para pedir su remoción, renuncie, basta de excusas, que nada ayudan, que los homicidios son responsabilidad de la federación, haga usted su trabajo con cada carpeta de investigación a su cargo, que por cierto son miles por el delito de homicidio, que en el fuero común le toca a usted…no nos sirven sus excusas, si usted no hace el trabajo para el que se le contrató usted será el único responsable de la impunidad y la inseguridad de nuestro estado”, pidió Hades Aguilar.

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