Narcos, terroristas, secuestradores y el intervencionismo de EEUU. Autor: Felipe León López

+ Y en Guerrero, ¿pacto con el pueblo?

+ MC, declinación con sabor a negociación

Felipe León López

La trama del proceso a Genaro García Luna, como comentamos en semanas anteriores, no implicaba un juicio aislado ni un señalamiento exclusivo a un funcionario, un presidente o un sexenio, sino que el proceso era para el Estado mexicano. Por eso, aunque el nombre del ex titular de Seguridad Pública federal haya salido del debate mediático, México como país sigue en tela de juicio en los Estados Unidos.

En este país, el problema del consumo de drogas, en especial del fentanilo, ya es un asunto de seguridad nacional y por eso el congreso estadounidense emitió la “Resolución 18 de Autorización para el Uso de la Fuerza Militar para Combatir, Atacar, Resistir, Apuntar, Eliminar y Limitar la Influencia” de los cárteles mexicanos, en la cual autoriza al gobierno de Joe Biden a utilizar a sus fuerzas armadas en nuestro territorio para combatir a los grupos introductores del fentanilo como son el de Jalisco Nueva General, de Sinaloa, la Familia Michoacana o Templarios, del Golfo, del Noroeste, los Zetas y el de Tijuana.

“Autorizar el uso de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o una sustancia relacionada con el fentanilo hacia los Estados Unidos o llevar a cabo otras actividades relacionadas que –mucho ojo- causen desestabilización regional en el Hemisferio Occidental”, se lee en el inicio de la resolución conjunta y con ello dejan abierta la posibilidad de cualquier acción en nuestro territorio.

De ahí que diversos medios de comunicación de gran influencia como New York Times, Wall Street Jornal, Washington Post o las cadenas de televisión como Univisión, CNN y Fox, entre otros han dedicado sendos espacios de información y opinión para cuestionar al gobierno del presidente López Obrador sobre sus resultados en materia de seguridad pública y, en especial, sobre el combate a los cárteles de las drogas, al grado incluso de acusarlos de brindarles protección o permitir que amplias franjas del territorio sean controlados por delincuentes y no por el Estado mexicano.

Por supuesto, no es menor ni para tomarlo a la ligera como dedicarle la clásica de Chico Ché, porque algo más está pasando en este país que una clásica campaña política o mediática antimexicana en la coyuntura pre electoral de las elecciones estadounidenses del 2024, porque sin duda hay interés político-electoral detrás de todo esto.

Hay que reiterar que “esta resolución va contra la soberanía de cualquier país. Además es responsabilizar a un país de lo que ellos no quieren hacer contra las drogas en su propia nación, tanto en las redes de corrupción policial y fronteriza,  en la producción y venta de armas como en una auténtica política de salud para contener el consumo de drogas”, apunta la doctora Marycela Córdova Solís, académica de la UNAM.

Algo más se está cocinando, las declaraciones del ex director de operaciones internacionales de la DEA, Derek Malz y la iniciativa de ley de los congresistas republicanos Dan Crenshaw, de Texas, y Michael Waltz, Florida, quienes en enero quieren equiparar a los cárteles mexicanos con la categoría de terroristas, es delicada, pues todo indica que México y el presidente Andrés Manuel López Obrador quieren ser el leit motiv del resurgimiento de Donald Trump y la ultraderecha estadounidense.

En el pasado, no debe olvidarse que Jared Kushner, yerno y asesor político de Trump, dio a conocer que no en pocas ocasiones durante el mandato del controvertido presidente republicano tuvo intenciones de intervenir militarmente en México porque “el gobierno de Estados Unidos no puede ser impasible ante el creciente y cada día más grave problema de producción, traslado e invasión de drogas provenientes del sur”.  (Una anotación al margen es que, ante este escenario, es insólito que el presidente López Obrador y su gobierno parecen apostar por el regreso de Donald Trump).

Ahora, cuando buscan derrotar a Joe Biden, los republicanos  vuelven a la cargada, pero ya no van solos, también hay demócratas que no quieren quedarse atrás en la defensa ante la invasión de las drogas provenientes de México. Por ello, bajo la presión de los republicanos y demócratas y hasta con la baja popularidad, el presidente demócrata pudiera hacer suya la iniciativa de colocar a los cárteles como terroristas; y si no él, pues si Trump vuelve, quizá sea éste quien lo haga con todo lo que ello implica y eso es grave.

Y por si las cosas pudieran salir mal, pues vienen una serie de eventos que parecen descontrolar al gabinete de seguridad de nuestro país, en especial a la Secretaría de la Defensa Nacional, que actúa con pasividad y desdén ante las crisis que se avecinan, pues en Tamaulipas, primero en Nuevo Laredo, el asesinato de cinco jóvenes en manos de militares provocó que fueran aprehendidos y ya está provocando molestia y hasta una marcha de militares, pero en protesta por su detención y poca defensa que hacen en la Sedena.  No son pocas las cuentas de redes sociodigitales de militares que elevan los reclamos al General Luis Cresencio Sandoval y al presidente de la República.

Y peor, aún, en Matamoros, cuatro estadounidenses son privados de su libertad y dos son hallados ejecutados, en una explicación que ya alentó más la irritación de los Estados Unidos. Por ahora, la vocería del presidente Joe Biden anunció que se buscará hacer justicia porque este tipo de ataques “son inaceptables”.

El juicio y condena a Genaro García Luna marcan una nueva pauta en la política antidrogas de los Estados Unidos y la colaboración con México. Esto tiene un impacto similar a la imposición unilateral de la Alianza por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte que se puso en marcha después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11-S), conocidas como Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América.

En términos generales, establecieron el control del tráfico aéreo y la conformación de las “fronteras inteligentes”, lo que llevaría a los narcotraficantes de centro y sudamericanos a aliarse con los mexicanos y a utilizar nuestro territorio como ruta para el trasiego de drogas y con las consecuencias que todos padecemos hoy en día. ¿Qué buscarán imponernos ahora y cuál será el impacto en el mediano y corto plazos? Son preguntas.

Y en Guerrero, ¿pacto con el pueblo? Desde que inició el gobierno de Evelyn Salgado Pineda las denuncias de supuesto pacto con la “Familia Michoacana” ha sido constante, tanto por la expansión que ha tenido este grupo de la Tierra Caliente a la Costa Grande, la Sierra y parte del Centro, como porque hay funcionarios de su gabinete y alcaldes de su partido a los que diversas redes sociodigitales acusan de ser parte de la estructura de esta organización delictiva. Por ello, medios nacionales han colocado el tema en sus primeras planas y la gobernadora tuvo que salir con un lugar común: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Lo malo es que el pueblo de Guerrero sigue pagando impuestos al SAT y a la FM, o sea, extorsiones, sobreprecios y derecho de existir.

MC, declinación con sabor a negociación. El movimiento de Dante Delgado no es un paso sin huarache.  En Coahuila las condiciones no han cambiado y el PRIANRD va adelante con holgada ventaja. Situación distinta en el Estado de México, donde Alejandra del Moral está saliendo respondona y la ventaja de Delfina Gómez, dicen los operadores priistas, es remontable, como se observan en las encuestas, que a pesar de la cooptación de los mapaches tricolores, el arrebato de bases sociales, y la presencia intensiva de morenistas de la CDMX, la profesora no logra despegar como se esperaba. Por ello, bajar a Juan Zepeda es para que esos votos no se desperdicien y se vayan a MORENA, finalmente han sido aliados en otros momentos. Interesante el experimento de Movimiento Ciudadano, pues si le salen las cuentas, la 4T le deberá el favor, pero si sale al revés, quizá piense en sumarse a la alianza antiobradorista.

Contacto: feleon_2000@yahoo.com