Mirada desencantada | Tiene razón el presidente de la República cuando habla de “golpe de Estado técnico”. Autora: Ivonne Acuña Murillo

Por: Ivonne Acuña Murillo

Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada, y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”, pero, no soy poetisa, no soy Pablo Neruda ni mis temas son el amor y el romance, yo escribo sobre cosas más mundanas y, a veces vulgares, como la política, por lo que me restringiré a hablar de lo que sé. Y lo que sé es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tiene razones suficientes para hablar de golpe de Estado técnico y desvelar el deseo, más o menos soterrado, de llevarlo a cabo. No encontrarás en las páginas siguientes versos ni palabras dulces, sino argumentos que te permitirán comprender de mejor manera el fondo del asunto que sirve de contexto a la actual campaña electoral por la presidencia de la República, el congreso federal, algunos congresos locales, nueve gubernaturas y más de 19 mil puestos de elección popular.

Para abordar el tema propuesto referente a la afirmación del presidente López Obrador en torno a que en México se cocina un “golpe de Estado técnico” es necesario responder a la pregunta sobre la definición de este tipo de golpe de Estado, también conocido como “blando”, “suave”, “técnico”, el cual se encuentra asociado con un fenómeno jurídico-político denominado lawfare, el cual desplaza las guerras convencionales y la necesidad de involucrar a las fuerzas armadas para quitar a un gobierno civil e imponer a uno de corte militar.

Esta forma de operar supone la construcción de un clima de opinión que lleve a la mayoría de la ciudadanía a aceptar la necesidad de deponer a un presidente en funciones como ocurrió con Dilma Rousseff en Brasil y Evo Morales en Bolivia y los intentos en contra de Cristina Fernández, en Argentina, Nicolás Maduro, en Venezuela, y Jovenel Moïse, en Haití, por mencionar sólo unos ejemplos; o, como en el caso de México, a desconocer un resultado electoral pasando por alto la legitimidad y la adecuada operación técnica del proceso.

El lawfare, como estrategia,contiene tres dimensiones, a saber: la “guerra psicológica”, orientada a la transformación de las emociones y la influencia en la psique de la población; la “guerra mediática”, encaminada a controlar a la opinión pública; y la “guerra judicial”, dirigida a la conformación de argumentos jurídicos que justifiquen la necesidad de una intervención de tipo “legal” (Al respecto recomiendo la revisión del texto de Vegh Weis,  El lawfare como golpe por goteo. Un análisis desde la criminología crítica sobre democracia, sistema penal y medios en Latinoamérica”, publicado en 2021 por la revista Pensamiento Penal, de consulta libre en la Red).

Para ejemplificar la primera dimensión, “guerra psicológica”, conviene mencionar que desde 2006 hasta hoy, primero el Partido Acción Nacional (PAN), después el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ahora la coalición “Fuerza y Corazón por México, formada por ambos partidos a los que se suma el Partido de la Revolución Democrática (PRD), se han empeñado en generar “miedo” en la ciudadanía afirmando que “AMLO es un peligro para México” y que ya como presidente “está destruyendo al país”. La idea es sembrar miedo en la población impidiendo que, vía juicios racionales, observe los logros de esta administración pero, sobre todo, que no se sienta identificada con un gobierno que busca representar los intereses de las grandes mayorías, en especial de los más pobres, y que llegue a la conclusión, vía una emoción, que quienes sí se preocupan por ellas son quienes ya han sido gobierno, aunque con sus hechos hayan demostrado lo contrario. La mejor demostración es la hecha por la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz, quien ha lanzado una serie de spots cuyo eje discursivo es la frase “Por un México sin miedo” que puede completarse con todo aquello que venga a su mente: inseguridad, violencia, medicamentos, jóvenes, mujeres, etcétera, y que tiene por objetivo “demostrar”, sin evidencia”, que el país es un desastre.

Para que esta “guerra psicológica” surta efecto, se hace necesario operar la segunda dimensión, conocida como “guerra mediática” de la cual es posible contar con evidencia empírica en abundancia pues un día tras otro un número importante de políticos, empresarios, periodistas, comunicadores, académicos e intelectuales descalifican al presidente y a su gobierno, ridiculizándolo y desconociendo el más mínimo de sus logros. Estos personajes cuentan con las plataformas mediáticas más importantes del país que incluyen dos grandes cadenas televisivas, periódicos, estaciones de radio, cuyos dueños y accionistas forman parte de las élites que han encontrado en el “golpe de Estado técnico” una oportunidad de volver al ejercicio del poder, negando a la mayoría de la población la oportunidad de contar con gobiernos afines a sus intereses y necesidades.

Por si no bastara, a este ejército de voces y plumas se suman medios de renombre internacional, como The New York Times, Deustsche Welle, ProPublica e InSigght Crime, que se han encargado de denostar a López Obrador esparciendo la duda, sin pruebas y a partir de inferencias y conjeturas, de supuestos nexos con bandas del narcotráfico. Lo anterior se ha complementado con el intento, vía un intenso trabajo en redes sociales, especialmente en la plataforma “X”, a partir de la contratación de trollcenters, empresas que manejan miles de cuentas y cientos de personas organizadas para generar conversaciones no orgánicas y  “bots”, de introducir en la conversación pública la idea de que el presidente López Obrador y la candidata Sheinbaum tienen nexos con los cárteles del narcotráfico, y todo aquello que sobre la marcha sirva para engañar a la ciudadanía y cambiar su intención de voto, misma que hasta ahora ha colocado a Sheinbaum con hasta 30 puntos de ventaja sobre Gálvez.

A estas dos dimensiones se suma una tercera, “la guerra judicial”. Esta se basa en la construcción de argumentos que permitan anular la elección que tendrá lugar el 2 de junio. Para lograrlo se han explorado caminos complementarios: Uno, afirmar que lo dicho por el presidente de la República en las conferencias de prensa “Mañaneras” pone en riesgo la equidad en la contienda, lo que llevaría a sumar argumentos legales para su anulación. Como un botón de muestra, hace unos días el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a la presidencia bajar de sus redes la entrevista hecha, antes de que arrancaran las campañas, al presidente López Obrador por la periodista rusa Inna Afinogenova, con el pretexto de que el presidente hace un supuesto proselitismo a favor de Sheinbaum.

Dos, afirmar una supuesta injerencia de las bandas del narcotráfico y el crimen organizado, en favor la candidata presidencial, para inclinar la elección a su favor como se consignó en el periódico Reforma en la primera plana con el título “Preocupa intromisión de crimen en elección”, muy convenientemente se acompaña nota con la foto del presidente español, Pedro Sánchez, quien en la Internacional Socialista, realizada hace unos días, afirmó que “El crimen pone en riesgo elecciones en México”, y de Cayetana Álvarez de Toledo, noble española traída a México por Ricardo Salinas Pliego para golpear al presidente de la República y decir a las y los votantes mexicanos que voten por Xóchitl, en una clara e indebida intromisión en política interna, y a quien se cita diciendo: “El crimen organizado puede ser derrotado, sólo faltan políticos valientes y jóvenes rebeldes”.

Si el primer mandatario mexicano fuera el autoritario que la oposición pretende ya le habría aplicado a esta mujer el Artículo 33, que a la letra dice: “El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país.”

Las declaraciones de Sánchez y Álvarez van de la mano de las visitas de Gálvez a Estados Unidos y España en un afán por lograr que gobiernos de otros países intervengan en las próximas elecciones para inclinar la balanza a su favor. ¿A cambio de qué? Seguramente, a cambio de los recursos que pertenecen a la Nación, como la gente que ella representa acostumbra a hacer.

Tres, indicar, de manera por demás absurda, vía una carta pública titulada “Equidad en los medios: Agenda pendiente”, que existe en los medios una cobertura dispar entre la candidata de “Sigamos Haciendo Historia” y “Fuerza y Corazón por México”, favoreciendo a la primera. La carta fue firmada por 46 periodistas, intelectuales y académicos, entre ellos: Héctor Aguilar Camín, Enrique Krauze, Ángeles Mastretta, Antonio Lazcano Arau, Enrique Krauze, Héctor de Mauleón, Jean Meyer, José Antonio Crespo, Julio Frenk, Luis Rubio, Roger Bartra, Raúl Trejo Delarbre, o sea, los de siempre. De risa loca se diría, si no fuera un asunto de tal seriedad, pues si algo posicionó a Xóchitl Gálvez como “el fenómeno” fue la enorme cobertura mediática que todos aquellos medios en los que se odia a AMLO le han dado.

Estos son los intentos más recientes, dado el fracaso de todas las estrategias anteriores para derrumbar la legitimidad y reputación del presidente López Obrador, encaminados a descarrilar el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) y la posibilidad de que Claudia Sheinbaum pueda dar continuidad a dicho proyecto.

En función de lo anterior, puede sostenerse que el presidente López Obrador no miente ni exagera cuando plantea la posibilidad de que se lleve a cabo un “golpe de Estado técnico” desde el Poder Judicial, para hacer un fraude electoral desde los tribunales y, en su caso, anular la elección presidencial que se avecina. Pretenden, dijo el primer mandatario: “que yo no hable nada del proceso electoral, con la amenaza de que van a levantar un listado de todas las supuestas infracciones que yo cometa para darle valor, o utilizar las infracciones en el momento de la calificación de la elección. Fíjense por dónde van”.

Sustenta esta idea, además de lo ya dicho, la propuesta de la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora, para crear un cuadernillo auxiliar en el que se compilaran todas las sentencias y resoluciones sobre las infracciones del presidente López Obrador en el actual proceso electoral, “instrumento procesal que sería útil en el momento de calificar la validez de las elecciones 2023-2024”, se dijo. La propuesta fue rechazada por mayoría de tres votos contra dos.

Como puede observarse, se pretende utilizar la ley como “arma de guerra”, una estrategia en la que la ley aparece como sustituto de los medios militares tradicionales al momento de implementar un golpe de Estado.

Completan las acciones que permiten hablar de lawfare, golpe blando, suave o técnico un “ritual de degradación” cuyo propósito es mostrar al presidente, ante la ciudadanía, como alguien que no merece gobernar al país ni encabezar la transformación que pretende al achacarle todos los defectos que crítica, para que sea visto como alguien corrupto, autoritario, dictatorial, ligado al narco y la delincuencia, buscando “degradar su figura pública” y por extensión la de sus hijos, hermanos y candidata a la silla presidencial. Con esto se pretende la supuesta defensa de un valor supremo, “la democracia”, que, a decir de la oposición, está en peligro. De cara a este valor, mentir una y otra vez, como lo hacen la candidata Xóchitl Gálvez, la coalición que la promueve y los empresarios, periodistas, intelectuales y gente cercana, no se ve como algo negativo sino como un “deber patriótico”, aunque la Patria sea lo que menos les importe. O que llamen “Patria” a sus intereses de grupo.

Para concluir, basta recordar todos los intentos que a través de los medios de comunicación se han hecho, vía plumas de periodistas, intelectuales, académicos, consejeros del INE y demás, para ridiculizarlo, hacerlo ver como un loco, el mesías tropical que se compara no solo con los grandes presidentes, como Benito Juárez, Lázaro Cárdenas y Gustavo Madero, sino con Cristo.

Mirada desencantada

Reprobable, criminal e infame es, desde cualquier punto de vista, que la derecha mexicana, coludida con la extranjera, pretenda privar a la ciudadanía, en especial a quienes siempre han sufrido de carencias y falta de oportunidades, de la posibilidad de llevar a la silla presidencial a quien sí responda a sus intereses y busque subsanar sus más urgentes necesidades ofreciéndoles la posibilidad de un futuro.