Por: Ivonne Acuña Murillo
Nadie puede negar que el arribo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al escenario político, en 2014, desdibujó el esquema de partidos que había caracterizado a la política mexicana por al menos dos décadas. Hoy es un hecho que mientras la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) se fortalece, la oposición se apresta a disputarle a su partido presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en los estados de Durango y Veracruz, conformándose con las migajas.
Ese conformismo está hecho de todo aquello que les llevó a perder gradualmente, desde las elecciones intermedias de 2015, espacios de poder, tanto a nivel nacional como local. Al menos tres son los factores que permitirían explicar su actual posición: uno, el descuido y la desatención a la que sometieron a la gran mayoría de la población, dirigiendo sus esfuerzos a brindar beneficios sólo a los grupos que conforman las élites económicas y políticas del país y fuera de éste; dos, la visible corrupción que se tradujo en una reducción del presupuesto destinado a cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables y a enriquecer sus bolsillos y los de “sus aliados”; tres, la resistencia persistente a la autocrítica adjudicando sus derrotas a una supuesta elección de Estado; a un inventado triunfo electoral de su candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez Ruiz; a la compra de votos; a la manipulación de las y los votantes, etc. Explicaciones sin pruebas, unas absurdas y otras ridículas, que les han llevado a achacar a otros sus fracasos electorales y políticos.
La falta de autocrítica, en especial, implica no reconocer la ausencia de un proyecto de país, “alternativo” al Proyecto Alternativo de Nación estructurado y operado por el anterior presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la actual presidenta Sheinbaum, Morena y todas aquellas personas comprometidas con las llamadas “minorías”. Que fácil es “lavarse las manos” y culpar al de enfrente y que difícil recuperar su lugar en la estructura de poder sin ofrecer a la ciudadanía una propuesta viable y convincente que supere lo hecho, hasta ahora, por las administraciones de Morena y que resarza el daño causado por los gobiernos corruptos e ineficientes de los partidos: Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).
Más difícil aún cuando, sin escuchar los reclamos ciudadanos, tienen al frente de sus institutos políticos a dos personajes señalados por casos de corrupción: Alejandro Moreno Cárdenas (Alito), líder nacional del PRI, acusado por enriquecimiento ilícito, y Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, ligado al cártel inmobiliario de la Ciudad de México. Este cártel está formado por un grupo de exfuncionarios públicos panistas que en la alcaldía Benito Juárez autorizaron, vía “mordida”, la construcción de edificios con pisos de más, violando con ello la legislación en la materia, entre otras cosas.
La falta de una propuesta de país permite inferir que el suyo no es más que un proyecto político, encaminado a ejercer de nuevo el poder y seguir beneficiándose de los recursos económicos, naturales y humanos de México dejando de lado el bienestar de las mayorías. Esto los coloca como una reminiscencia del pasado más que como un proyecto de futuro.
En este punto, otros personajes de la vida pública buscan llenar el espacio que van dejando a través de la formación de nuevos partidos políticos, los cuales fragmentarán aún más la oferta que pretende disputar el poder de la presidencia y algunas gubernaturas en 2030. La tragedia, podríamos decir, que envuelve estos intentos es que parten de los mismos cuadros, cartuchos quemados se les podría llamar, intentando “poner vino nuevo en botellas viejas”. Es el caso de Guadalupe Acosta Naranjo, veterano militante del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien informó que el próximo miércoles 22 de enero el Frente Cívico Nacional, supuestamente formado con lo que queda de la conocida “Marea Rosa”, entregará al Instituto Nacional Electoral (INE) la solicitud para convertirse en unpartido político con el que pretende “derrotar a Morena en 2030”.
Es el caso también de Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, quien, supuestamente distanciada del PAN y del PRI, buscará formar un nuevo instituto político contando con el apoyo de la ciudadanía. Hazaña que se antoja difícil si se tiene en cuenta que durante su campaña fue apoyada por las bases y organización de los partidos que ahora desdeña y que movilizaron a parte de la ciudadanía que acudió a las manifestaciones de la Marea Rosa en su favor. A lo que hay que sumar que su apoyo en Redes Sociales fue principalmente construido a base de granjas de bots, en las que se crean usuarios (bots) con perfiles falsos para aumentar el número de seguidores de una cuenta, posicionar temas o hashtags y propagar noticias falsas y los trolls centers, especializados en bullying digital y acoso en línea dirigidos, en este caso, a propagar hechos falsos (“AMLO y Morena están destruyendo a México”) y golpear al expresidente López Obrador y a la entonces candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum.
Un tercer intento por formar un partido político, “México Republicano”, corre a cargo del exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y la organización mexicana de ultraderecha conocida como “El Yunque”, la cual contaría con miembros y exmiembros del PAN, exfuncionarios, empresarios, agrupaciones católicas, evangélicas y libertarias, de acuerdo con el periodista Pedro Domínguez (“Se reagrupa El Yunque para construir nuevo partido conservador”, Milenio, 12 de diciembre de 2024). Para un análisis profundo de las raíces e historia de esta organización se recomienda leer el libro El Yunque. La ultraderecha en el poder (Plaza y Janés, 2003) del también periodista Álvaro Delgado. De las tres, está podría ser la opción con más probabilidades para obtener el registro de un nuevo partido político.
Como es posible observar, las bases ciudadanas para la formación de estos tres nuevos partidos son prácticamente las mismas: los votantes del PRI y el PAN. Será interesante conocer, en un futuro próximo, cuál de los tres grupos políticos pudo lograr su objetivo, dejando fuera de la competencia a los otros dos y cuál realmente ofrecerá un proyecto diferente de país capaz de entusiasmar a sus votantes, a los de Morena y, de refilón, a los de Movimiento Ciudadano (MC). Este último instituto ha intentado mostrarse como una opción diferente a los extremos conformados por la izquierda y la derecha, ocupando el centro del espectro político, aunque, en los hechos, le ha arrebatado más votos a la segunda que a la primera, como mostraron los resultados electorales de 2024.
Llegados a este punto, es posible adelantar que, de lograrse el registro de tres nuevos partidos, aumentará de manera significativa la fragmentación ya sufrida por la oposición política a Morena, y que ésta se conformaría ya no por tres institutos políticos sino por seis. Interesante que no hayan aprendido la lección ofrecida en 1977 por el ideólogo y político Jesús Reyes Heroles quien, de manera magistral, ideó cómo despresurizar el sistema político mexicano, después de décadas de autoritarismo y represión, a través de la llamada “Reforma política” que permitió al Partido Comunista Mexicano (PCM), fundado en 1919, salir de la clandestinidad y lograr su registro. Por supuesto, que este partido se convirtiera en legal y que ya lo fueran el PAN y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) no fue suficiente para fragmentar el voto opositor al PRI, hizo falta algo más, a saber: había que facilitar el registro definitivo de otras fuerzas políticas, el cual se alcanzaba con apenas el 1.5% de los votos. Así, en 1979, lo obtuvieron el PCM, el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y el Partido Demócrata Mexicano (PDM); en 1982, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT); y, en 1985, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).
“Idea magistral” he dicho, pues permitió fragmentar el voto opositor al PRI canalizando la inconformidad acumulada dando al sistema político una imagen de pluralidad y democracia manteniendo, por algunas décadas más, la hegemonía política priista. Lo extraordinario ahora, y no sé si llorar o reír a carcajadas (de hecho me inclino más por la segunda opción), es que dicha fragmentación no es creada desde arriba, como en el sexenio de José López Portillo (1976-1982), sino desde abajo, por la misma oposición a Morena y la Cuarta Transformación (4T). ¡Cómo cambian los tiempos!
Mientras tanto… Claudia Sheinbaum se fortalece a los ojos de la ciudadanía y frente a gobiernos de otras latitudes. Paradójicamente Donald Trump, con sus amenazas, le ha puesto en bandeja de plata la oportunidad, que ella ha sabido aprovechar, para mostrarse como una política fuerte y firme, tanto dentro como fuera del país. Dentro, le ha permitido hacer visible a la ciudadanía y pueblo de México la faceta dura pero conciliadora de su personalidad, aparecer como una mujer inteligente que sin romper relaciones con Trump ha sabido, al menos discursivamente, defender la soberanía nacional y los intereses de mexicanas y mexicanos, aquí y en Estados Unidos. Fuera, ser vista como el ejemplo a seguir frente al bullie del norte, especialmente cuando se le compara con Justin Trudeau, aún primer ministro de Canadá, quien no sólo pretendió dirigir la animadversión de Trump hacia México librando con ello a su país, sino que se mostró sumiso, débil y entreguista, dando pie a que el presidente de Estados Unidos le dé un trato humillante, lo llame “gobernador” e invite a Canadá a sumarse a las estrellas de su bandera convirtiéndose en un estado más.
Pero esta es solo una dimensión de la administración de Sheinbaum. En los primeros 100 días de su mandato ha iniciado acciones que ratifican que el suyo es un gobierno de continuidad, el Segundo Piso de la Cuarta Transformación como ella misma le llama, al tiempo que ha sabido dibujar el perfil de su estilo personal de gobernar. Lo primero incluye seguir adelante con la Reforma al Poder Judicial y la elección popular de jueces, ministres y magistrades el 1 de junio de este año; mantener, con carácter constitucional, las políticas sociales iniciadas por el expresidente López Obrador como las pensiones a personas adultas mayores, con alguna discapacidad, madres solteras y estudiantes; el aumento a los salarios; el mantenimiento de los precios de los combustibles y el gas; el seguimiento de obras de infraestructura como la construcción y el mantenimiento de caminos y carreteras, incluyendo la construcción de nuevas rutas de trenes de pasajeros y de carga; la insistencia en conseguir la autosuficiencia alimentaria y energética, esta última siguiendo con el apoyo a Pemex y la CFE; el fortalecimiento y mejoría del sector salud, incluyendo el abasto de medicamentos, etcétera.
El cambio con continuidad se aprecia en la creación de tres nuevos programas sociales: La “Pensión Bienestar para Mujeres”, que consiste en un apoyo económico para mujeres menores de 65 años, entre 60 y 64; Las “Becas Rita Cetina”, maestra yucateca que a fines del siglo XIX se ocupó de promover la educación para niñas a partir de la fundación del instituto literario “La siempre viva”; y, el Programa de Salud Casa por Casa, dirigido especialmente a personas adultas mayores y con alguna discapacidad.
Lo que hace diferente a este gobierno, por mencionar tan sólo cuatro aspectos, es: Uno, el ataque frontal a los cárteles de la droga y grupos de la delincuencia organizada, un plan de coordinación con gobernadores y presidentes municipales, la creación de un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, sin abandonar la atención a las causas y el fortalecimiento de la Guardia Nacional, como hiciera su antecesor. Dos, la orientación discursiva, temática y presupuestaria en favor de las mujeres, especialmente de aquellas pertenecientes a sectores vulnerables, declarando incluso a su periodo de gobierno como el “sexenio de las mujeres”, retomando de manera abierta el proyecto feminista a partir de 11 iniciativas constitucionales que buscan garantizar la igualdad sustantiva, la igualdad salarial, la obligatoriedad de la paridad de género, la protección en contra de la violencia, etcétera. Tres, la elaboración del Plan México con el objetivo de promover el desarrollo económico equitativo y sustentable contando con inversión pública y privada, para posicionar a México como “el mejor país del mundo”. Cuatro, una clara política ambiental orientada científicamente para luchar en contra del calentamiento global y mejorar el nivel de vida de la población.
No puede quedar fuera que, en tan poco tiempo, Sheinbaum ha enviado 20 iniciativas de reforma al Congreso de la Unión y que 15 de estas ya han sido aprobadas. Entre las materias que estas reformas contemplan se encuentran: la reforma al Poder Judicial, la Ley de Amparo, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, la Ley del Trabajo, la Ley de Ascensos y Recompensas del ejército y la Fuerza Área, entre otras. Igualmente, se deben considerar las acciones emprendidas para reunirse con empresarios y gobernadores de todos los partidos políticos con el fin de establecer convenios de coordinación que tienen como propósito el bien común.
En general, puede decirse que, a diferencia del sexenio anterior, en este se hará menos política y más administración. Esto es, el expresidente López Obrador atendió de manera prioritaria aquellas acciones encaminadas a lograr la transformación del régimen, el cambio en la relación entre poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y con los grupos fácticos como el Ejército y el empresariado, una orientación diferente a la relación Estado-sociedad, a devolver al Estado su rectoría y concentrar el poder necesario para la operación de un nuevo proyecto de gobierno y de país, a contener las naturales resistencias de las élites que no quieren ver reducidos sus privilegios. Puestas las bases políticas, toca a Sheinbaum fortalecer, con acciones, planes y políticas públicas la parte administrativa, lo cual a todas luces está ocurriendo.
Lo anterior ha hecho posible que la presidenta de la República alcance una aprobación del 80% de acuerdo con datos de dos de las más prestigiosas casas encuestadoras mexicanas: Enkoll, levantada del 3 al 5 de enero, publicada por El País; y De las Heras, aplicada del 3 al 6 de enero, ambas en 2025.
Y, de nuevo, mientras tanto… la oposición del PAN y el PRI se contentarán con contender este año, todavía no deciden si en alianza o cada uno por su cuenta, por algunas presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en Veracruz y Durango y en sacar a la luz, como ya lo hizo el PAN, los nombres de quienes consideran podrían contender por la presidencia de la República en 2030: Libia Denisse García, Mauricio Kuri, Teresa Jiménez y María Eugenia Campos. Por su parte, MC sigue barajando los nombres de: Luis Donaldo Colosio Riojas y Samuel García.
Mirada desencantada
La flamante pre-pre-precandita del PAN a la presidencia en 2030, María Eugenia Campos (Maru Campos), actual gobernadora de Chihuahua, declaró en torno a los miles de mexicanos que promete Donald Trump deportará que: “Chihuahua no es ninguna opción para los migrantes (…) que los espacios habilitados para los migrantes no deben considerarse albergues, sino como centros de procesamiento (…) vamos a recibir a los migrantes cuando lleguen, a procesarlos, a tomar sus datos y a guiarlos para que regresen nuevamente a su estado y municipio”. No se puede negar que Acción Nacional sabe escoger a lo mejor de lo mejor en materia de candidatas. Pregúntese: ¿a dónde enviaría Maru Campos a les migrantes mexicanes deportades por Estados Unidos si ella fuera la presidenta de México? Desde su punto de vista, Chihuahua es algo así como un país independiente del resto de la República, lo que le permitiría “sacar” de “su” territorio a las personas en condición de expulsadas, como si en su estado no operaran la Constitución Política y los derechos de tránsito de las personas nacidas en el país.
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