Mirada desencantada | Estudiante sobreviviente: llegué tarde a mi cita en Ayotzinapa. Autora: Ivonne Acuña Murillo

FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Por: Ivonne Acuña Murillo

No fue posible. Por más que corrí no alcancé a mis compañeros. Llegué tarde a la cita en la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, la mañana del 26 de septiembre de 2014. Tal vez fue Dios, el destino, la suerte o los rezos de mi madre. Estuve enfermo unos días y regresé a la casa familiar procurando una recuperación rápida para no perder más clases. Ser profesor rural no es cualquier cosa, hay que tomarse en serio. Pero, por las razones que hayan sido, no hubo manera de llegar a tiempo.

Sin imaginar lo que sucedería, me dolió que así fuera. No quería perderme la marcha del 2 de octubre, ese que no se olvida, pues la protesta social es parte del aprendizaje cuando tu situación económica y social no es favorable. Había que conseguir transporte, tomar las calles, levantar la voz, gritar a los cuatro vientos que nunca más algo así como la matanza de estudiantes podía volver a ocurrir. No más represión, no más desapariciones forzadas, no más tortura, no más gobiernos abusivos. ¡Qué ironía!

No podía saberlo, nadie podía. Como en un buble temporal, la memoria de Tlatelolco operó como la condición para comenzar de nuevo, como un reloj que llega a una hora y día determinados para unir los recuerdos de un pasado con otro.

El recuerdo de la mortandad ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas se une hoy a la que tuvo lugar entre la noche del 26 y la madruga del 27 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, cuyas edades iban de los 17 a los 25 años, desaparecieron. Este hecho, gracias a la lucha de las madres y padres de mis compañeros, se ha vuelto emblemático en torno de la desaparición de personas en México pero, sobre todo, de la represión de un Estado incapaz de ofrecer una respuesta satisfactoria a las necesidades de una población empobrecida y menos, mucho menos, en relación con lo sucedido.

La desaparición ocurrió cuando un grupo de estudiantes se dirigió a Iguala con la intención de “tomar” los autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre y mantener viva la memoria de la represión en contra de estudiantes, en 1968. Todo se complicó cuando, se supo después, uno de los camiones, el quinto, podría ir cargado con droga, la cual sería trasladada a Chicago, de acuerdo con el “Informe Ayotzinapa”, entregado el 6 de septiembre de 2015 al gobierno de Enrique Peña Nieto, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El mismo que después fue desautorizado cuando los resultados de sus investigaciones no coincidieron con la versión que las autoridades querían ofrecer en torno a los hechos fatídicos de aquellas noche y madrugada.

En la versión oficial, el quinto camión y el supuesto cargamento de droga que llevaba dentro permitirían explicar la brutalidad de que fueron objeto los 43 estudiantes desaparecidos y, de acuerdo con la “verdad histórica” del exprocurador General de la República durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, presentada el 26 de enero de 2015, así como la participación del presidente municipal, José Luis Abarca (acusado y encarcelado en 2014 y puesto en libertad en el mes que corre por un juez federal de Tamaulipas) y el grupo delincuencial Guerreros Unidos, quienes los asesinarían e incinerarían en el basurero de Cocula, para luego arrojar sus restos al Río San Juan.

Cuanto sufrieron mi madre y padre en las primeras horas de lo sucedido al suponer que yo iba en alguno de los funestos camiones que sirvieron de jaula a los 43 jóvenes. Como lloraron cuando me vieron volver a casa sano y salvo. Yo mismo aun no lo creo, tiemblo de pensar en lo que me pudo haber pasado si hubiera llegado a tiempo. Y me estremezco ahora, al leer lo que una periodista, Peniley Ramírez, dio a conocer en su artículo “Ayotzinapa el encubrimiento”, publicado el 24 de septiembre en su columna Linotipia del periódico Reforma, y en el que ofrece datos crudos de cómo fue que las células criminales se deshicieron de los cuerpos de los 43 estudiantes. Algunos los disolvieron en ácido, otros los cortaron en trozos. ¡Pavorosa escena! Como agradezco no haber pasado por eso, sin embargo, no puedo alejar de mí la culpa de estar vivo y no haber compartido con mis compañeros, mis amigos, tan terrible destino.

Como sea, me pregunto de dónde sacó esta periodista semejante información. La respuesta es sencilla: alguien le hizo llegar la versión completa, sin partes ocultas, testadas se dice, del Informe que presentó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), en relación con el caso Ayotzinapa.

El documento en cuestión fue expuesto por el subsecretario Encinas en la conferencia de prensa (la Mañanera) del 18 de agosto de 2022 y defendido el 26 del mismo mes. En esta segunda ocasión, el funcionario sostuvo no solamente que la investigación continúa, sino que enfatizó las diferencias entre este y la “verdad histórica” de Murillo Karam. Lo anterior ocurrió en el marco de señalamientos sobre que no había grandes diferencias entre ambos informes.

El funcionario destacó las discrepancias entre las fuentes de investigación en las que se apoyó Murillo Karam, basadas en testimonios obtenidos por tortura, y las de esta administración. Además de sostener que en este gobierno no se tortura a nadie, afirmó que se busca romper el pacto de silencio que ha mantenido libres a los culpables.

En este sentido, es de llamar la atención que el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, librara 83 órdenes de aprehensión, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), contra 20 mandos militares y personal de tropa de los batallones 27 y 41 destacados en la ciudad de Iguala cuando ocurrieron los hechos, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, 26 policías de Huitzuco, 6 de Iguala, 1 de Cocula, 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos; para que después, desde la misma FGR, agentes del Ministerio Público Federal se desistieran en 21 de estas órdenes de captura: 16 órdenes canceladas corresponden a militares, entre ellos Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, y las otras cinco a 5 exfuncionarios estatales de Guerrero, entre ellas las del exprocurador Iñaky Blanco Cabrera y la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín (Abel Barajas, “Cancela FGR otras 5 órdenes de captura”, Reforma, 25 septiembre de 2022).

Lo anterior provocó la renuncia del fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, quien dejó el cargo por supuestas diferencias con altos mandos de la FGR comandada por Alejandro Gertz Manero. (Gustavo Castillo y Emir Olivares, “Tras desistirse la FGR de 21 órdenes de captura, dimite fiscal del caso Ayotzinapa”, La Jornada, 27 de septiembre de 2022). Estos hechos han provocado suspicacias y especulaciones en torno a que dentro de la FGR operan dos grupos con intereses opuestos: uno decidido a encontrar la verdad en torno al destino de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y otro ocupado en oscurecer dicha verdad.

De nuevo el terror me invade, cuando descubro que en la versión completa del informe obtenida por la periodista Peniley Ramírez se revela que: la mayoría de los estudiantes habrían sido asesinados desde su desaparición en septiembre de 2014 y que hubo un supuesto trabajo coordinado entre criminales, miembros de los gobiernos local, estatal, federal y del Ejército, “para desenterrar los cuerpos de los jóvenes de fosas cerca de Iguala y llevarlos al 27 Batallón de Infantería” y que “Casi todos los 43 normalistas que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014  fueron asesinados, descuartizados y enterrados esa misma noche” […] “los criminales de Guerreros Unidos pensaron en quemarlos, pero eran muchos cadáveres y cambiaron de opinión. Se los repartieron. Cada grupo criminal se deshizo de los restos a su cargo como pudo”. Datos que sostienen lo dicho por Encinas en torno a un “crimen de Estado”.

Por supuesto, me interese en saber qué opinaba de esta filtración el autor del informe, el subsecretario de Gobernación, quien la condenó en tres tuits del 24 de septiembre “la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMéxico por la Comisión de #Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos […] En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad” […] Solicito a la @FGRMexico que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”, que podría dar a los culpables el argumento de “violaciones al debido proceso”, agrego yo.

Desde luego, no pude más que suponer que quién filtró la versión sin testar tenía una intención precisa, pues la misma Peniley afirmó que “La copia sin testar es muestra de que la verdad histórica fue una construcción, un invento político”. Sin embargo, la duda persiste.

El informe completo:

¿Fue publicado por la periodista Peniley Ramírez en un acto de pundonor profesional en función de que la información ahí contenida es de interés público?

¿Fue publicado por la periodista Peniley Ramírez en un acto de vanidad profesional a sabiendas de que entorpecería las investigaciones que se llevan a cabo desde la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y que lastimaría con ello a las madres y padres de los estudiantes desaparecidos?

¿Fue filtrado desde el gobierno federal pues quien debía informar sobre la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes no se atrevió a hacer públicos los detalles del asesinato y por alguna razón escogió a Peniley?

¿Fue filtrado por miembros del gobierno federal, pasado y/o actual, a sabiendas de que las violaciones al debido proceso que esta publicación supone impedirá llevar hasta sus últimas consecuencias el castigo a los culpables de mayor rango dentro del Ejército y de mayor poder dentro de la administración pasada?

En respuesta a los cuestionamientos hechos a Peniley Ramírez, la periodista tuiteó el 25 de septiembre, después de hacer público el informe completo, que: “El periodismo cuenta la realidad. A veces, como en esta ocasión, la realidad es que existe ese informe y lo que revela es terrible. Contarlo provoca dolor en quien lo escribe y en quien lo lee. El periodismo existe para contar y ayudar a entender nuestra sociedad, aunque duela […] Como escribí aquí ayer, la versión sin testar permite entender la historia y permite explicar por qué se necesitan nuevas líneas de investigación del caso y sobre el encubrimiento. La crueldad y la horrible conclusión del asesinato era pública, el propio gobierno lo hizo público.”

Sin embargo, yo me sigo preguntando cuál hubiera sido mi destino de haber llegado a tiempo.

Mirada desencantada

Prácticamente un día después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidiera se dieran a conocer las partes ocultas del informe presentado por Alejandro Encinas sobre las investigaciones de su gobierno en torno a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la periodista Peniley Ramírez publicó el artículo “Ayotzinapa el encubrimiento”, ya citado, haciendo referencia a las partes “testadas”. Las preguntas que subyacen son: ¿quién y para qué se le hizo llegar el informe completo? ¿hasta dónde es ético revelar información que puede entorpecer la investigación en curso y el castigo a los culpables? Al respecto recomiendo ver el video “Filtraciones, ética y periodismo. ¿A quién beneficia lo publicado por Peniley en el diario Reforma?”, con fecha del 24 de septiembre de 2022, del periodista Julio Hernández López (Julio Astillero), en su canal de YouTube.

Nota: El testimonio aquí presentado es un recurso literario basado en la imaginación de quien escribe y no en una entrevista a un estudiante real cuya vida se hubiera salvado de no haber llegado a tiempo a su cita en la Normal Rural de Ayotzinapa el aciago 26 de septiembre de 2014.

<em>Ivonne Acuña Murillo.</em><br>
Ivonne Acuña Murillo.

Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.

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