Mirada desencantada | AMLO contra el neoliberalismo. Privatización del agua en México. Autora: Ivonne Acuña Murillo

FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

Por: Ivonne Acuña Murillo

“Privatizarlo todo” y cuando digo ¡todo! es ¡todo! Máxima eje del neoliberalismo que no se detiene, ni en México ni en el mundo, a pesar de que a la cabeza del gobierno se encuentre un luchador de izquierda, el actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ha declarado el fin de un modelo económico-político que, a la vista, ha ampliado y profundizado la desigualdad social. No pueden un solo hombre y su gobierno enfrentar al monstruo de siete cabezas que este modelo económico representa y menos si tiene como contraparte a gobernantes locales corruptos dispuestos a beneficiar a empresas privadas para la gestión del agua en contra de los pueblos que gobiernan.

Ciertamente, el neoliberalismo, la más reciente edición del capitalismo brutal y depredador, está siendo cuestionado en función de la promesa no cumplida de generar riqueza arriba y derramar hacia la población, por haber generado una enorme concentración de recursos en pocas manos y haber condenado a millones de personas en el planeta a vivir y morir muy lejos de los beneficios producidos por la producción social de riqueza y su apropiación privada, por apoderarse de los recursos naturales y contaminar vastos ecosistemas necesarios para la vida en la Tierra, por dividir a la gente en VIP (Very Important Person) y losers (perdedores), en trabajadores de élite y trabajadores precarios, en gente necesaria y gente desechable y prescindible.

¿La alternativa? Está en construcción. De hecho, López Obrador es el ejemplo de un gobernante que busca opciones para un modelo nuevo que bien podríamos denominar “posneoliberalismo”. La apuesta lopezobradorista no escapa al capitalismo, como el Estado Benefactor (de Bienestar, Keynesiano, Populista o como quiera que se le llame) su parámetro más cercano, busca la manera de atenuar los efectos negativos del mercado aplicando una formula ya probada: la intervención estatal en la redistribución de los recursos vía el presupuesto, de ahí la razón de ser de las pensiones a personas adultas mayores, las becas para estudiar y trabajar (parte del programa “Jóvenes construyendo el futuro”), el programa “Sembrando vida”, las obras de infraestructura que, siguiendo la misma lógica capitalista, crearán polos de desarrollo en regiones olvidadas como Chiapas y el sureste mexicano.

Es de llamar la atención, que no sea el presidente mexicano el único actor en el ámbito internacional que busca replantear el modelo, aunque por razones distintas, lo han hecho también en los países que, ni más ni menos, impusieron el neoliberalismo al mundo. Donald Trump en Estados Unidos, y quienes promovieron la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), el conocido “Brexit”. En ambos casos, los argumentos principales remiten a una especie de nacionalismo y a la recuperación de condiciones ventajosas previas a la aplicación del modelo neoliberal y el auge de la globalización.

En Reino Unido, se buscó el apoyo popular prometiendo que la salida de la UE permitiría recuperar 20 mil millones de libras al año, al omitir el gasto que suponía la pertenencia a dicha comunidad, mismos que podrían dedicarse a obras públicas; una negociación más ventajosa de acuerdos de libre comercio con países como India y China; recuperar el control y la autonomía toda vez que la mitad de las leyes que se aplicaban en el Reino fueron dictadas por la UE; recuperar el control de sus fronteras y su seguridad; recuperar su influencia a nivel mundial al tener voz propia en organismos internacionales. (“Cinco argumentos a favor y en contra del ‘Brexit’”, Europa Press, 18 de junio de 2016).

Trump, por su parte, hizo lo propio. Su eslogan de campaña “Make America Great Again” (Hacer a América grande de nuevo), por cierto inspirado en otro eslogan de campaña de 1980, Let’s Make America Great Again, de Ronald Reagan, tiene el mismo fundamento. Recuperar

lo perdido ante el deterioro de la economía estadunidense, marcado por altas tasas de desempleo e inflación, en detrimento del nivel de vida de millones de personas. No se puede dejar de lado que, ese recuperar lo perdido, desenterró sentimientos profundos que se creían de algún modo atenuados como el clasismo, el supremacismo, el racismo, la sexismo.

Volviendo a México, son innegables los esfuerzos del primer mandatario por moderar los excesos de un modelo económico que, impuesto por gobiernos de gran parte del mundo, opera en contra de las grandes mayorías. En 2019, en el marco de los trabajos del Foro Nacional ‘Planeando Juntos la Transformación de México’, previo a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente López Obrador enfatizó que: “Estamos iniciando una etapa nueva, es un cambio profundo, una transformación; no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal, aparejada esa política con su política económica. Quedan abolidas las dos cosas: el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista.” (“Presidente López Obrador declara formalmente fin del modelo neoliberal y su política económica”, Gobierno de México, 17 de marzo de 2019).

Sin embargo, aunque existan logros innegables, escapan a su control los intentos privatizadores de las grandes corporaciones que sumados a la voracidad de ciertos gobernantes dan como resultado fenómenos como la privatización del agua. Privatización que por otro lado no es nueva, el simple hecho de meter agua en una botella y venderla, so pretexto de que el agua de la llave está contaminada, es la más clara expresión de que dicho proceso está en marcha hace ya buen tiempo.

Se sabe que desde 1993 inició en México, en la Ciudad de México particularmente, “un proceso de privatización furtiva” mediante el desmantelamiento gradual de infraestructura hidráulica nacional y tres reformas a la Ley de Aguas Nacionales para adecuarla a los intereses de grandes compañías transnacionales, violando deliberadamente las disposiciones legales que impiden la intervención privada en este bien público. (“Privatización del agua en la Ciudad de México”, Agua para tod@s. Agua para la vida, 8 de agosto de 2018).

Pero, el agua embotellada no satisface la voracidad de las empresas que pretenden hacer de la falta de agua uno de los negocios más lucrativos. Viene a la memoria la gran corporación agroindustrial Monsanto Company, que igual patenta semillas nativas “mejoradas” volviéndolas transgénicas, fabrica agentes biológicos como el herbicida “glifosato” y el “agente naranja”, usado como arma química en la guerra de Vietnam, edulcorantes como el Aspartame y la Sacarina, hormonas suministradas a las vacas para aumentar la producción de leche, medicamentos para curar las enfermedades que sus productos ocasionan, entre otros.  Esta corporación transnacional es el mejor ejemplo de que “toda necesidad humana es una oportunidad de negocios”. Se ha anticipado, con su intervención en el mercado de las semillas, a la escasez de alimentos que vive y vivirá la humanidad, y el agua no es la excepción. Ha ampliado igualmente sus inversiones para que estar lista cuando comience la guerra por el agua.

En este marco, el proyecto de privatizarlo todo, el agua, los alimentos, la salud, la educación, el bienestar, avanza en México. De acuerdo con Ricardo Balderas y Eduard Martín-Borregón, “Desde 2001, la empresa Aguas de Barcelona (Agbar) llegó a México para administrar el agua en Saltillo, Coahuila, con la promesa de garantizar la accesibilidad del líquido entre los pobladores; desde entonces las leyes, incluida la Constitución estatal fue modificada para favorecer a la empresa, que ahora controla tres cuencas en el territorio mexicano hasta por tres décadas.” (“El origen de la privatización de aguas mexicanas”, Pie de Página, 6 de junio de 2019).

El resultado de que esta empresa “administrara el agua”, gracias a las gestiones del entonces presidente municipal priista de Saltillo Óscar Pimental González, supuso no solo desabasto, altos cobros por parte de Agbar, cortes continuos, sino la suspensión total de dotación de agua a quienes tuvieran adeudos con la empresa, violando las leyes en la materia o modificándolas en beneficio de esta última y en contra de los derechos de la población. Tiempo después esta empresa logró contratos también en el estado de Veracruz con lo que “administra” ya, a decir de Balderas y Martín-Borregón, tres cuencas en territorio nacional.

La más reciente actualización respecto de Agbar (Agsal como se le conoce en Coahuila) es la aprobación, por parte del congreso local, de 60 millones de pesos que la empresa “aplicará” en un proyecto de inversión para reubicar la línea de conducción de agua potable en la carretera Saltillo-Zacatecas.

En el mismo año, en 2001, saltó a la opinión pública lo que se conoce como “La guerra del Agua”, la serie de protestas que tuvieron lugar en Cochabamba, Bolivia, entre los meses de enero y abril, en que pobladores comenzaron su lucha en contra de la privatización del agua, incluida la caída del cielo, sí, el agua de lluvia, cuya recolección fue prohibida. Todo comenzó cuando el gobierno boliviano de Hugo Banzer firmó un contrato con la empresa Bechtel, impulsada por el Banco Mundial, para privatizar el servicio de suministro de agua a Cochabamba. Este infame acuerdo se tradujo en la elevación del precio del vital líquido hasta en 300%, por lo que mucha gente se vio obligada a retirar a sus hijos de las escuelas y a prescindir de servicio médico, para poder dedicar hasta una cuarta parte de los ingresos familiares al pago de agua. (Se recomienda ver el documental The Corporation, traducido bajo el mismo título en YouTube, donde también es tratado el caso de Monsanto, así como otros documentales contenidos en la misma plataforma).

En México, al igual que han hecho con el petróleo y la electricidad, los gobiernos priistas y panistas no privatizan bienes públicos “únicamente” ceden su control al capital privado y estas inercias y tendencias continúan, pues “La actual Ley de Aguas Nacionales, promulgada por Carlos Salinas de Gortari en 1992 como precondición para la entrada al TLCAN, impuso sobre nuestras aguas un sistema único de concesiones, objetos de dinámicas de compra y venta. Bajo el principio de que el agua es de quien primero la solicita, y en violación de vedas y de derechos indígenas y de núcleos agrarios, la Conagua otorgó 330 mil concesiones en los primeros diez años. ” (“A 100 días de la 4T, la privatización del agua avanza en silencio”, Aristegui Noticias, 13 de marzo de 2019).

El último episodio de esta historia ocurrió en el estado de Querétaro, en el que personas pertenecientes a la comunidad otomí de Santiago Mexquititlán, denunciaron, desde el mes de mayo, que el gobierno panista de Mauricio Kuri había aprobado una nueva ley que busca concesionar el suministro de agua a empresas privadas. Un día, en marzo del 2021, Ángela Cresencia, indígena hñähñu, “miró cómo pipas privadas sacaban el agua del pozo de su comunidad.” (“Privatizan suministro de agua en Querétaro; comunidad otomí busca revertirlo”, ZonaDocs, 29 de mayo de 2022).

El pasado viernes, 10 de junio, un grupo de personas se manifestó pacíficamente frente al Teatro de la República, lugar donde se promulgó la Constitución de 1917, en contra de este intento privatizador. (“En Querétaro reprimen protesta por el agua/En NL el Gobernador se enoja por reclamos por desabasto”, SinEmbagoAlAire, YouTube, 19 de junio de 2022). Como respuesta, y al mejor estilo de los gobiernos que usan la fuerza pública en contra de la población para defender derechos de empresas privadas, tal como se hizo en Bolivia, la policía estatal detuvo, golpeó y reprimió a la gente que pretendía ejercer sus derechos.

Lo ocurrido en Ciudad de México, Coahuila, Veracruz y Querétaro no es la excepción. Otros estados que han vivido estos procesos privatizadores son: Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo y Sonora. La pregunta es: ¿Son estos los hechos con que PRI y PAN pretenden recuperar el poder que perdieron?

Evidentemente, no puede un solo hombre, López Obrador, ni un solo gobierno, el suyo, echar atrás las tendencias privatizadoras que se empeñan en imponer a la población aquellos gobernantes y políticos que décadas atrás decidieron convertirse en empleados, y a veces socios, de los grandes corporativos transnacionales que como Monsanto hacen de una necesidad humana un negocio. Se requiere de la labor conjunta de la ciudadanía que, consciente de que el agua nos pertenece a tod@s, esté dispuesta a impedir que un bien público, como el agua, se convierta en un bien privado.

Mirada desencantada

Y hablando del agua, llama la atención la respuesta que el ilustre gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien de manera peyorativa se conoce como “el gerente fosfo-fosfo”, dio a sus gobernados y gobernadas cuando le reclamaron en redes sociales por el desabasto y los cortes continuos de este servicio. “Ayer me mandan en redes (mirando con reverencia la pantalla de su celular, para después mostrarlo a la audiencia como evidencia de sus dichos) ´primero sin agua y ahora sin luz’ y no les quiero mostrar la siguiente historia porque me mentan (sic) la madre pero sabroso, ‘hinga (sic) tu madre Samuel’. Yo aguanto vara porque sé que vamos a arreglar esto y sé que no es nuestra culpa, ahí está El Bronco, ahí está al que le deben de mentar la madre. Pero no pasa nada, aguantamos vara (repitió). Porque ahora resulta que también es mi culpa que no hay luz. Ahora la mentada de madre también me llega por no hay luz como si yo manejo CFE. Y ahora resulta que la mentada de madre es porque no hay agua como si a mí me toca el abasto del agua, pues no señores. El abasto del agua le toca a Conagua, el abasto de luz le toca a la CFE”.

Pasando por alto la deficiente sintaxis del gobernador y la forma en que conjuga los verbos,  afloran en su discurso dos contradicciones: la primera, si él afirma que no le tocan el abasto de agua o luz, ¿por qué señala al anterior gobernador, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, como responsable de lo que hoy está pasando en relación con el agua?, por fin, ¿su abastecimiento también es responsabilidad del gobierno estatal o no? La segunda, pareciera ignorar cuáles son sus atribuciones y responsabilidades frente a la población que dice gobernar, ¿a quién sino a él debe pedir cuentas la ciudadanía cuando le restringen el suministro de agua y no hay luz? ¿no le corresponde al gobernador hacer las gestiones necesarias para que las agencias del gobierno federal brinden este servicio de manera adecuada? ¿no le corresponde tampoco asegurar que las obras de infraestructura necesarias para brindar este servicio estén en buenas condiciones? ¿qué le toca entonces? ¿tomarse la selfie, producir videos en TikTok, publicar y leer historias en Instagram, pedir ayuda a Mariana cuando se encierra en el balcón de la casa de gobierno? Elija usted.

<em>Ivonne Acuña Murillo.</em><br>
Ivonne Acuña Murillo.

Socióloga feminista, académica de la Universidad Iberoamericana. Analista política experta en sistema político mexicano y género. Autora de más de 250 artículos periodísticos y 25 académicos publicados en periódicos y revistas de circulación nacional. Ha contribuido al análisis del presente y el futuro de un país que se desgarra en múltiples medios escritos, radiofónicos y televisivos, tanto nacionales como internacionales.

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