José Reyes Doria | @jos_redo
DOMINIO TOTAL DEL PRESIDENTE 1929-1997
Las relaciones de poder político en México siempre han estado determinadas por un fuerte presidencialismo, con mecanismos y fórmulas que tienden permanentemente a la concentración de poder en el Presidente de la República. A partir de 1917, con el marco de la Constitución surgida de la Revolución Mexicana, esa característica de la política mexicana se ha verificado con marcada nitidez en las relaciones entre el Poder Legislativo y el titular del Ejecutivo Federal. Senadores y diputados tomaron las decisiones legislativas más trascendentes en acatamiento a los dictados del Presidente. Con todo, el proceso no era sencillo, pues siempre requirió de una operación política efectiva por parte de la Presidencia para convencer a los legisladores, hacer concesiones y abrir el juego político a los distintos liderazgos e intereses representados en el Congreso bajo una mismo partido.
Pero en lo esencial, el Congreso acataba las instrucciones del Presidente. Uno de los instrumentos más determinantes para procesar el dominio presidencial del Congreso, fue el Partido. El PRI fue el medio para asegurar la obediencia de los legisladores. Con todos los recursos del Estado a su favor, el partido oficial ganaba todas las elecciones y era el único espacio partidista donde los liderazgos y representantes de los más diversos intereses podían hacer carrera política. Esto hacía posible el control y la disciplina férrea. Hasta 1997, el PRI siempre ganó la mayoría absoluta en el Congreso, lo cual permitía al Presidente en turno controlar la legislación y el presupuesto, dos instrumentos cruciales para la dominación política.
LA CUESTIÓN REPUBLICANA
El principio republicano de la división de poderes se encuentra claramente establecido en la Constitución. Pero en formas de gobierno presidencialistas es muy difícil la existencia real de ese principio cuando el partido político del Presidente tiene mayoría absoluta en el Congreso. Y cuando ocurre esa mayoría en un sistema con un presidencialismo exacerbado como históricamente ha sido en México, la división de poderes se vuelve casi imposible, si entendemos ese aspecto de la República como la coexistencia de tres poderes, donde el Legislativo tiene atribuciones de control, fiscalización y legislación para contener excesos del Ejecutivo.
DÉBIL VÍNCULO SOCIEDAD-LEGISLADORES
Esta dinámica política se acentúa en países como el nuestro, porque en más de 200 años de vida independiente, no se ha generado un proceso de fortalecimiento político independiente y autónomo de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, de los gremios, de obreros, de los campesinos, de las minorías sociales marginadas, de los estudiantes, de los productores, en fin, de los numerosos sectores y grupos sociales. Por esa razón, la relación de la sociedad con el sistema político es sumamente asimétrica, a través de esquemas corporativos y clientelares donde los grupos sociales no cuentan con el más mínimo elemento de control sobre representantes políticos y gobernantes. Los legisladores, pero también los alcaldes, los gobernadores, le deben su cargo al Partido, y el Partido le es leal al Presidente.
DISCIPLINA Y CONTROL SOBRE LEGISLADORES
El legislador es casi imposible que vote en contra de la agenda legislativa del Presidente, porque los grupos sociales que representa, o no tienen poder o no están articulados para constituirse en fuente alterna de acceso al Congreso. Por lo tanto, el legislador, aunque no esté de acuerdo con alguna reforma o, aunque se vaya a votar una barbaridad, se disciplina y vota en el sentido que indica el Partido, es decir, el Presidente. De lo contrario, su carrera política se acaba, e incluso se abre la posibilidad de todo tipo de represalias. En otros países, como en Estados Unidos, valga la comparación a groso modo, los legisladores no dependen totalmente de sus partidos ni del Presidente; por eso es frecuente observar que legisladores del Partido Demócrata frenan alguna reforma del Presidente surgido del mismo Partido, porque, para bien y para mal, los legisladores tienen una relación e interlocución con grupos e intereses económicos, gremiales, o de otro tipo, que les permiten acceder a las candidaturas y a los cargos.
SIN MAYORÍA EN 1997-2018
Como decía, en 1997 la sociedad decidió quitarle la mayoría en la Cámara de Diputados al PRI, después de 70 años de dominio presidencial que prácticamente redujo a letra muerta el principio constitucional de división de poderes. De tal forma que, a Ernesto Zedillo le tocó gobernar la segunda mitad de su sexenio sin mayoría en el Congreso. La alternancia en la Presidencia llegó por la derecha en el año 2000, con Vicente Fox, pero el PAN no ganó mayoría en el Congreso. Felipe Calderón tampoco lo logró en su sexenio; Enrique Peña Nieto tampoco. Hacen falta más y más profundos estudios sobre el comportamiento del Congreso en esa situación de mayoría opositora: cómo se construyeron las mayorías, qué tan determinante fue la afinidad PAN-PRI, los partidos mayoritarios, para sacar adelantes las reformas y las decisiones trascendentes. Pero sí se observó que, en muchas ocasiones, aunque no como se esperaba, el Congreso se convirtió en el escenario de negociaciones de todo tipo de decisiones relevantes, se crearon comisiones de investigación y fiscalización específicas respecto a escándalos o casos de corrupción emblemáticos, entre otras cosas.
VUELTA A LA MAYORÍA ABSOLUTA
En 2018, el lectorado decidió regresar al modelo del Congreso con mayoría absoluta del Partido del Presidente, situación que se refrendó en las elecciones intermedias de 2021. De esta forma, las reformas a leyes generales, la aprobación de los presupuestos y las atribuciones de control y fiscalización del Congreso, volvieron a quedar sometidas a la mayoría, al Partido y al Presidente. Todos hemos observado el mismo fenómeno que ocurría en el priato: disciplina inquebrantable de los legisladores de la coalición gobernante, aprobación automática y sin negociación político-social de la agenda legislativa del Presidente; bloqueo de comisiones investigadoras, débil fiscalización del ejercicio de los recursos públicos, entre otros aspectos. Igualmente, hacen falta estudios profundos sobre el comportamiento del Congreso en el sexenio 2018-2024 para documentar los pros y contras de la mayoría absoluta.
¿QUÉ ELEGIREMOS PARA 2024-2030?
Todo lo anterior, nos ayuda a entender lo que está en juego en las elecciones del próximo 2 de junio. Dado que la elección por la Presidencia de la República está ya muy definida a favor de la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, de acuerdo a las tendencias y a las percepciones, cobra mayor relevancia la elección del Congreso.
PROBABLE, LA MAYORÍA ABSOLUTA DE MORENA
Hay pocas encuestas que intenten medir los 300 distritos electorales y los 32 estados con la precisión requerida para acercarse al sentir de la gente en la “intimidad de lo local”. En el caso de la Cámara de Diputados, dos encuestas que han circulado esta semana establecen que Morena y aliados ganarán la mayoría absoluta, es decir 50% más uno. En concreto, la proyección es que la mayoría no sería tan amplia, pues la coalición oficial obtendría alrededor de 275 diputados de 500. Es decir, la diferencia serían apenas 25 diputados respecto a la oposición en su conjunto. Dadas las tendencias electorales, este escenario de mayoría absoluta precaria es el que me parece más probable. Y le doy un 45% de probabilidades.
LOS OTROS ESCENARIOS
Hay otros dos escenarios: a) el escenario de la mayoría calificada de dos terceras partes, el codiciado Plan C para poder reformar la Constitución y todo lo demás sin negociar ni depender de la oposición; y b) el escenario de la pérdida de la mayoría absoluta, es decir, que Morena y aliados no puedan lograr ni la mayoría absoluta de 50% más uno, con lo cual ya no podría reformar ni las leyes secundarias sin cambiar ni una coma, tampoco podría aprobar unilateralmente los presupuestos o frenar las acciones de control del Congreso.
¿PLAN C, DE VERAS?
El escenario del Plan C es incompatible con las recomendaciones que hacían teóricos de todos los tiempos, desde Aristóteles y Polibio, hasta Maquiavelo, Montesquieu, Hegel, Bobbio o Sartori. Siempre es mejor que en el sistema político existan espacios y mecanismos que permitan un margen de control y fiscalización del poder. En México la mayoría calificada no se da desde 1976, y desde las reformas de los años noventas, ya quedó prohibido en la Constitución que un solo partido pueda tener la mayoría calificada, aunque queda abierta la posibilidad de que una alianza orgánica de dos o más partidos la obtengan. Ninguna encuesta marca que el oficialismo obtendría la anhelada mayoría calificada de dos terceras partes, lo cual significa obtener 334 curules. A este escenario le daría un 20% de probabilidades.
¿SE PIERDE LA MAYORÍA? El escenario de que Morena y aliados pierdan la mayoría absoluta de 50% más uno, podría materializarse si existe un descontento importante en los estados, en las regiones, en los municipios. Si la gente que está convencida de votar por Claudia Sheinbaum para Presidenta, percibe que el gobernador, el presidente municipal, el partido, están actuando mal, es probable que muchos de estos electores decidan darle su voto para diputados o senadores a la oposición; o incluso si la gente que apoya a la 4T tiene guardado algún voto de castigo contra AMLO y la propia Claudia. No olvidemos que, en las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados en 2021, la oposición en su conjunto sacó más votos que Morena y aliados, y si el oficialismo mantuvo la mayoría absoluta se debió a la eficiente ingeniería electoral que le permitió ganar más distritos por mayoría y superar la división opositora en dos bandos (PRIANRD-MC). A este escenario le doy un 35% de probabilidades.
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