José Reyes Doria | @jos_redo
La coyuntura política limita de forma considerable las posibilidades de la reforma electoral anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Quienes conocen los teje-manejes de los procesos de reforma político-electoral, saben que los grandes cambios se deben hacer en momentos de gran fuerza política del bloque gobernante y en los inicios de los sexenios. El período ordinario de sesiones del Congreso que inicia el 1º de septiembre, era el tiempo y el escenario idóneos. Ya se anunció que no será así.
Se puede pensar que, en su círculo interno, la Presidenta sí puso sobre la mesa la posibilidad de que la reforma electoral saliera entre septiembre y octubre. Por el ímpetu con que se anunció, daba la impresión de que la maquinaria marcharía con la intensidad implacable de las anteriores reformas constitucionales. El nombramiento de Pablo Gómez como presidente de la Comisión Presidencial, apuntalaba esa percepción. Porque además existe también la interpretación de que la Presidenta quiere que la reforma electoral sea su reforma.
Sin embargo, si bien se observa una consistente acumulación de poder propio de la Presidenta, ese poder aún no es suficiente para imponer esa reforma en el seno del bloque gobernante. Porque se tocan temas de enrome profundidad como el modelo de representación política en el Congreso en lo referente a los esquemas de representación proporcional, o de plano la eliminación de esta figura. Esto implicaría un cambio estructural en la naturaleza política del Poder Legislativo, modificaría su relación con el Ejecutivo, y forzaría nuevos esquemas de vinculación de los grupos sociales y económicos con el poder.
En efecto, la ausencia de la representación proporcional asemejaría a México a modelos político-electorales como el de Estados Unidos, donde los escaños legislativos se deciden a todo o nada en elecciones uninominales, lo que propicia la colonización de los espacios de representación y decisión por parte de las grandes oligarquías, los intereses económicos más poderosos, el crimen organizado y las altas burocracias partidistas-gubernamentales. No es que hoy, en México, no exista esa captura de los representantes por parte de los poderes fácticos, pero lo cierto es que con un sistema electoral exclusivamente de mayorías se facilitaría la captura y se impondría un bipartidismo crecientemente excluyente.
Además, no sería un bipartidismo más o menos equilibrado como el de Demócratas y Republicanos en EEUU, sino que, de entrada y por tiempo indefinido, aquí tendríamos un bipartidismo entre un partido gigante como Morena y un partido minúsculo en un lejano segundo lugar.
La actual correlación de fuerzas partidista hace muy complicado que los partidos distintos a Morena ganen en un distrito o un estado, de tal suerte que la mayor parte de las bancadas de estos partidos proviene de la representación proporcional. Si desaparece esta figura, el desequilibrio sería brutal, al grado de un que podríamos llegar a un escenario, nada descabellado, donde Morena gane los 300 distritos, o 295, o 280.
En el caso del PT y el PVEM, desde 2018 en que sellaron su alianza con Morena, los distritos donde se les adjudica formalmente el triunfo y la diputación, en realidad no lo ganaron ellos, sino que son concesiones de Morena. Para evitar que formalmente se le adjudiquen a Morena todos los distritos que realmente ganó por mayoría, y no rebasar la sobrerrepresentación permitida que no debe exceder el 8 por ciento (por ejemplo, si tuviste el 40 por ciento de los votos, no podrás tener más de 48 por ciento de las curules; en la actual Legislatura la coalición Morena-PT-PVEM tiene una sobrerrepresentación de casi el 20 por ciento porque el límite del 8 por ciento aplica a partidos, no a coaliciones).
Pues bien, con la eliminación de la representación proporcional, ya no habrá problemas de sobrerrepresentación porque ya no habría escaños plurinominales. Por lo tanto, Morena ya no necesitará al PT, ni al PVEM, ni a ningún otro aliado para obtener por sí mismo una mayoría sin límites.
Hasta aquí, se ha comentado el efecto de esta reforma en los resortes de la estabilidad y la gobernabilidad, que tarde o temprano se deterioran por desequilibrios políticos como los antes descritos. Pero también habría consecuencias de gran importancia en términos de filosofía política (el deber ser): porque se inhibiría significativamente la representación de la diversidad y la pluralidad política, ideológica, social y cultural de México. Al tiempo que habría un serio déficit de representación, lo cual tarde o temprano erosiona la legitimidad del sistema. En el extremo, podría darse el escenario de que la oposición obtuviera, por ejemplo, el 40 por ciento de la votación (como fue en las elecciones de 2024), pero sin ganar ningún distrito o pocos distritos, y solo lograra el 5 por ciento, e incluso el cero por ciento de representantes en el Congreso.
Si a este tema le sumamos otros que tendría la reforma electoral, como la disminución drástica del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción de atribuciones de la autoridad electoral, una mayor incidencia del gobierno en la organización de las elecciones y en las campañas, podemos sentar las bases de una lectura específica y poco optimista de los objetivos de la reforma electoral. No solo ahora, sino desde 1977, las reformas electorales tienen como trasfondo y motivación la redefinición de reglas para que el bloque gobernante controle el proceso político-electoral de acceso al poder. No es la única motivación, pero permea y determina gran parte de las intenciones.
La novedad es que desde 1977, no se había presentado una coyuntura donde una reforma político-electoral haya sido impulsada por un bloque con tanto poder político como el obradorismo-claudismo-morenismo.
Pero, entonces, si el bloque gobernante tiene tanto poder, ¿por qué no saldría la reforma ya, en septiembre, o en el sexenio? Lo que se ha observado, es que, dado que la oposición partidista y social es sumamente débil, la lucha por el poder se está librando entre las distintas facciones de la llamada Cuarta Transformación. Con un trasfondo determinado por dos grandes bandos: los leales a AMLO y los leales a la Presidenta, donde la lucha es sorda pero intensa, y poco a poco la va ganando Claudia.
Con este telón de fondo, varios grupos de poder que coexisten en el amplio seno de la 4T se mueven para capitalizar posiciones, erigir feudos y zonas de influencia, copar espacios y recursos, representar intereses particulares y establecer reductos políticos innegociables. Es toda esta dinámica de disputa interna, la que estaría dificultando los consensos al interior de la propia familia transformadora, porque finalmente todos son políticos y el universo de partidos, candidaturas, escaños, representaciones y cargos públicos está en conexión directa con las reglas de acceso al poder y a los recursos que cada grupo necesita vitalmente, y no están dispuestos a poner en riesgo estas posiciones por una reforma electoral sobre la que no tienen ningún control.
Existen señales de esa lucha interna, como los posicionamientos categóricos de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, en contra de una reforma electoral esbozada por AMLO y la Presidenta. El PT y el PVEM, a su vez, saben que la reforma electoral, si se concreta la desaparición de la representación proporcional, sería un golpe nuclear contra ellos; pero también saben que, sin sus votos, no se lograría la mayoría calificada de dos terceras partes para aprobarla. Entonces, si acaso se logra un consenso al interior de Morena, todavía faltaría convencer a los aliados PT-PVEM, como ha advertido Monreal.
Y en medio de todo esto, está el factor de la política creciente de acoso del gobierno de Estados Unidos contra México, que día con día intensifica las señales de que pretendería acciones intervencionistas, incluso operaciones armadas contra los carteles de la droga en territorio mexicano. Además, la presión agobiante para que, de acuerdo con versiones cuya difusión estimula el propio presidente Trump, la Presidenta entregue a presuntos narcopolíticos en una lista que incluiría al propio AMLO y anexas. Con cada vez más drones militares gringos oscureciendo los cielos mexicanos.
El factor Trump, constituye una espada de Damocles que obliga a la 4T a pensársela dos veces antes de enfrascarse en una disputa abierta por una reforma electoral que, por lo demás, y en opinión de muchos analistas anti y pro régimen, no es indispensable ni urgente en lo esencial.
Finalmente, también hay que considerar que otros aspectos que podría incluir la reforma electoral, como la elección por voto popular de los consejeros electorales, el achicamiento de los recursos para integrar las mesas de casilla con ciudadanos, o el control del padrón electoral por parte del gobierno; si se concretaran, seguramente lastimarían gravemente la confianza ciudadana en las elecciones y sus resultados. El costo en materia de legitimidad, credibilidad y estabilidad sería incalculable.
Tal vez a todo esto obedezca que, al presentar su programa de trabajo, la Comisión para la Reforma Electoral estableció que será hasta enero de 2026 cuando presentará un diagnóstico y una propuesta. Pero, dada la volatilidad del momento político, quién sabe qué país y qué mundo tendremos para entonces.
