La militarización inquieta y divide a la clase política, pero el 80% del pueblo la apoya. Autor: José Reyes Doria

José Reyes Doria.

1.- Ocho de cada diez mexicanos apoyan que la Guardia Nacional quede a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y que los militares participen en tareas de seguridad pública, de acuerdo con una reciente encuesta de El Universal. Este respaldo popular a la militarización de la seguridad pública obedece a diversos factores, tales como la gran estima social por las fuerzas armadas y el respaldo popular incondicional al presidente López Obrador que facilita que sus legiones de seguidores acepten sus justificaciones para militarizar la Guardia Nacional.

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2.- Si en la sociedad existe consenso en este tema, entre los partidos políticos la militarización ocasiona confrontaciones y desacuerdos crecientes. En la oposición, el proceso político-parlamentario está por generar una ruptura en la alianza PRI-PAN-PRD, ya que el presidente del PRI estaría cerca de impulsar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional siga bajo control de la SEDENA hasta el 2028. Este viraje del PRI no es gratuito, pues todo indica que es a cambio de la impunidad del líder tricolor, Alejandro Moreno, en la enésima muestra del uso político de la justicia.

3.- Al interior de los partidos políticos la militarización también ha sembrado polarización. Si bien el PRI y el PAN ahora rechazan esta reforma, lo cierto es que numerosos legisladores y dirigentes tienen una gran simpatía por la militarización de la seguridad pública, sobre todo aquellos que estuvieron cerca de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En MORENA, PT y VERDE, las crisis de conciencia son más intensas; ya que, a excepción del VERDE, sus militancias tradicionales siempre han estado en contra de la militarización, pero ahora solo les queda aceptarla y desahogar su inconformidad en corto. La disciplina vertical, por no llamarle sometimiento al Presidente, que siempre le criticaron al PRI, ahora la padecen los legisladores morenistas.

4.- En el gobierno de AMLO también existe división, son muchas las voces que han expresado su descontento con la militarización. Una de las posturas más llamativas es la de Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, quien rechazó de manera frontal la militarización; en un evento público afirmó que la seguridad pública debe estar a cargo de civiles y que la Constitución contiene un mandato claro en ese sentido. En las dependencias federales que ya habían sido “invadidas” por militares por decisión de AMLO, tales como SCT, FONATUR, Aduanas, Bienestar, entre otras, también genera zozobra la expansión de los ámbitos de dominio de las fuerzas armadas.

5.- Casi todos los periodistas, columnistas, dirigentes, moneros, tuiteros, locutores, académicos, youtuberos, escritores y propagandistas de la llamada Cuarta Transformación sufren una verdadera pesadilla con la militarización de la seguridad pública. Todos ellos, o casi, eran fervientes críticos de la militarización de la seguridad pública y, de forma elocuente y genuina, argumentaban los riesgos para la democracia, los derechos humanos, las libertades y la institucionalidad que entraña la militarización. Ahora, los que han logrado salir del estupor no atinan más que a balbucear justificaciones inverosímiles que ni ellos mismos creen. En este segmento de los seguidores de AMLO, la militarización generó un cataclismo en sus conciencias y una sacudida de honor y congruencia, al grado de que intentan desdoblar dos “yo”, uno anterior y otro posterior al 2018, malabarismo que recuerda la parábola del Dr. Jekill y Mr. Hyde.

6.- La mayoría de la opinión pública (publicada) se ha expresado en contra de la militarización. Cada opinador y cada medio tiene sus razones, auténticas o de conveniencia, pero en conjunto han fijado una postura contraria a la militarización. Prácticamente todas las organizaciones asociadas a la defensa de los derechos humanos han manifestado también su rechazo y preocupación por la militarización.

7.- No sabemos hasta dónde avanzará la intención de AMLO de militarizar la seguridad pública y asignar cuotas de poder e influencia a las fuerzas armadas. No se descarta que las resistencias al interior de la 4T acoten o incluso frenen de alguna forma, tarde o temprano, la pretensión militarista. Pero es un hecho que, mientras avance la militarización, se debilitarán de forma creciente las instituciones civiles, en primer lugar las policías y secretarías de seguridad de la Federación, los estados y los municipios. Pero también se ponen en riesgo los procesos institucionales en muchos ámbitos de la vida pública nacional, sobre todo en aquellos donde se manifiesta operacionalmente la expansión de las fuerzas armadas.

8.- Tampoco sabemos qué es lo que realmente quieren las fuerzas armadas. ¿López Obrador les está imponiendo esta decisión o las fuerzas armadas lo piden, lo exigen? Lo que indica la perspectiva institucional, es que, “haiga sido como haiga sido”, los militares difícilmente renunciarán en el futuro a las parcelas de poder, a los recursos y a la influencia que están ganando en el país. Lo que inquieta a muchos de los más sinceros críticos del militarismo, es que, en un escenario extremo pero posible de acuerdo con experiencias históricas, los militares desarrollen un apetito de poder político, porque entonces nadie los podrá parar.

9.- La militarización de la seguridad pública es un propósito que se entiende en el marco de la terrible situación de violencia criminal, el control de una tercera parte del territorio nacional por parte de la delincuencia organizada, la reducción de libertades por la amenaza de los delincuentes, los estragos económicos de la extorsión, el secuestro, el robo, el homicidio. La duda que queda es si, a pesar del afán presidencial de militarizar a la Guardia Nacional para supuestamente fortalecerla, realmente se va a cambiar la estrategia de seguridad y se van a intensificar las misiones de la Guardia en materia de prevención, persecución y castigo de la violencia criminal para proteger a la población.

10.- Ya dijimos que el 80% de la gente apoya la militarización de la seguridad pública. El presidente López Obrador lo ha presumido y ha expresado que tal decisión obedece a una especie de mandato popular, dado el apoyo social a la medida. Aquí surge la pregunta: por más popular que sea la militarización de la seguridad pública, ¿el Presidente, el Líder, el Dirigente, deben llevarla a cabo solo porque es popular? Me parece que la respuesta debería ser no. El liderazgo y la mirada de estadista tendrían que ponderar los riesgos y beneficios de una decisión de tal calibre y decidir lo mejor para el presente y el futuro de la República.

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