La mayoría de los ministros de la Suprema Corte consideró que la Ley de la Industria Eléctrica del presidente López Obrador viola la constitución, pero la votación no fue suficiente para que esta legislación se declarara inconstitucional, y por lo tanto subsiste.
De los once ministros de la Corte, siete sostuvieron que le Ley de la Industria Eléctrica viola la libre competencia, inhibe la inversión privada y es contraria a la transición a las energías limpias –transición que ordena la propia constitución–. Según sus argumentos, la ley del presidente favorece a la Comisión Federal de Electricidad de tal suerte que la energía que genere –aun si la genera a partir de fuentes contaminantes– tenga preferencia para el despacho. El 7 de abril del 2022 pasará al imaginario lopezobradorista como un día histórico.
Según el artículo 105 de la constitución, y de acuerdo con la ley reglamentaria de dicho artículo, para declarar la inconstitucionalidad de una ley se requiere el voto de ocho de los once ministros de la Corte. O sea, una mayoría calificada. Fueron siete los votos por la inconstitucionalidad, así que hizo falta uno. Por lo tanto, la ley eléctrica del presidente López Obrador subsiste, aunque sea inconstitucional. Esto es algo muy difícil de comprender, aun para los abogados, y trataré de explicarlo más abajo.
Antes del año 2000, cuando el PRI era por mucho la fuerza política más grande y el presidente de la república una especie de emperador todopoderoso, las cosas eran distintas. En aquellas épocas, el presidente de la república era en los hechos la única persona que presentaba iniciativas tanto legislativas como de reforma constitucional. Los senadores y diputados, así como los congresos locales, estaban de adorno y decían “sí” a todo lo que el presidente ordenaba.
En 1995 hubo importantes reformas al Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia se convirtió en un verdadero tribunal constitucional y se le otorgó la facultad de conocer y resolver las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Todo este entramado de reformas a la Carta Magna fueron propuestas por Zedillo. En ellas se estableció una mayoría calificada de ministros para que una ley pudiera ser declarada inconstitucional por la Corte. Y claro, si el presidente era prácticamente el único legislador –en el sentido de que solo él ejercía la facultad de iniciar leyes y reformas–, ¡cómo un grupo minoritario iba a poner en jaque sus órdenes y deseos a través de una acción de inconstitucionalidad! Y por eso se estableció que deberían votar por la inconstitucionalidad al menos ocho de los once ministros. Es decir, aun si por mayoría absoluta se consideraba abiertamente inconstitucional una ley, por mayoría calificada sobrevivía y se mantenía constitucional, aunque fuera inconstitucional: es decir, ¡la inconstitucionalidad detectada de algún modo se subsanaba!
Durante mi cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad Iberoamericana a partir de 1996, siempre llamé la atención sobre este punto. Llegó la alternancia, pero ningún presidente ni ningún legislador pensó en modificar semejante votación. La mayoría de ocho favorece al presidente en turno en cuanto a su facultad de iniciar leyes, y al partido mayoritario, que es el que se impone y pasa por encima la aplanadora. Y mientras el PAN o el PRI tuvieron al presidente y dominaron en el Congreso, no movieron un dedo para cambiar esta regla. Y ahora, como dice López Obrador, están recibiendo una medicina de su propio chocolate: “tengan para que aprendan”.
La mayoría exigida por la constitución para declarar inconstitucional una ley en la Corte (ocho de once ministros) seguirá favoreciendo al presidente en turno y al partido mayoritario, en este caso a López Obrador y a Morena. Y lo mismo se puede decir de otras figuras legales, como la segunda vuelta, por ejemplo. Cuando el PRI y el PAN podían ganar la presidencia cómodamente y sin tanta preocupación con mayoría simple, aun sin alcanzar ni la mitad de la votación, no les preocupaba la segunda vuelta. Pero ahora como el principio de mayoría simple favorece al presidente y su partido, empiezan a plantearse la necesidad de la segunda vuelta, y empiezan a plantearse la injusticia de la mayoría de ocho votos de once para que la Corte declare la inconstitucionalidad de una ley. Si no lo hicieron cuando podían, menos lo van a hacer ahora que no pueden.
Un día épico –estoy siendo sarcástico– para el presidente y para todos los que lo acompañan y apoyan en el estratégico tema de la reforma eléctrica. Sin embargo, no deben ser triunfalistas. Cuando una victoria efímera llena el ego de las personas y las ciega, se vuelven más vulnerables. La Ley Eléctrica de López Obrador aún puede ser combatida en tribunales mexicanos e internacionales –“litigios sin fin”, como dice el embajador Ken Salazar–, y es muy factible que el gobierno mexicano pierda esos juicios, lo cual se traducirá en indemnizaciones millonarias y en un ambiente enrarecido y poco propicio para nuevas inversiones. El presidente ha dicho que revocará permisos y cancelará contratos, como si se tratara de un paseo dominical por la alameda. Lo más probable es que se lleve una desagradable sorpresa. López Obrador y sus seguidores tienen motivos para estar contentos, pero pecarían de ingenuidad si creen que la cuestión ha sido ya totalmente zanjada.
Finalmente, no vale enojarse ni despotricar en contra de la ministra Loretta Ortiz Ahlf y los otros tres ministros que avalaron su proyecto. No vale decir que estos cuatro ministros (Ortiz Ahlf, Zaldívar, Gutiérrez Ortiz-Mena y Yasmín Esquivel) se inclinaron ante el poder del presidente. Ortiz Ahlf fue congruente con sus ideas y sus argumentos fueron lo suficientemente sólidos como para que no se declarara la inconstitucionalidad de la Ley Eléctrica. Es afín a López Obrador, sí, pero ello no es obstáculo para ser ministro de la Corte y ella llegó al cargo satisfaciendo todos los requisitos constitucionales. ¡Como si los ministros fueran robots sin sentimientos! No me va a decir usted que no ha habido ministros afines al PAN o al PRI. Por favor, seamos serios.
Es un poco como lo que pasa en el futbol: si el árbitro pita una decisión que favorece a mi equipo, entonces es un árbitro justo; pero si pita algo que desfavorece a mi equipo, entonces es un árbitro vendido. Yo tengo confianza en la Suprema Corte. La sesión del 7 de abril cumplió todo lo que el ordenamiento legal marca. No hubo arbitrariedad. Todo transcurrió según la circunspección institucional. La regla de los ocho votos no la puso ninguno de los actuales once ministros, pero todos ellos tienen que obedecerla.
Lo más triste de todo es la división. Para los opositores de López Obrador, los cuatro ministros que impidieron que se declarara la inconstitucionalidad son marionetas. López Obrador manifestó su satisfacción y dijo que la decisión de la Corte fue “patriótica, histórica, en beneficio del pueblo y de la nación”. ¿Qué hubiera pasado si se hubiera logrado el octavo voto y se hubiera declarado inconstitucional la Ley Eléctrica? Entonces los lopezobradoristas dirían que la Corte es un nido de conservadores y traidores. Mientras sigamos así de polarizados, seguiremos así de estultos y nunca podremos avanzar.
