Hace un cuarto de siglo yo vivía en Ciudad Las Casas, Chiapas. Hacía dos años que había iniciado la Rebelión de Año Nuevo del EZLN. Hacía uno que Ernesto Zedillo había llegado a esa “pesadilla”, como le dijo el Subcomandante Marcos en comunicado de 3 de diciembre de 1994. En esa misiva, los neozapatistas advirtieron al último presidente del siglo XX mexicano : “debe usted saber que el sistema político que usted representa … ha prostituido hasta tal punto el lenguaje que, hoy, «política» es sinónimo de mentira, de crimen, de traición. Yo sólo le digo lo que millones de mexicanos quisieran decirle: no le creemos.” Lo grande reflejaba lo pequeño y lo pequeño imitaba lo grande. Empiezo esta historia con lo pequeño.
En diciembre de 1995, las comunidades de desplazados choles de las Tierras Bajas de Tila me invitaron a visitar Masojá Shukjá, uno de los cinco centros de población del Ejido Masojá Jolnixtié. Esa región había mandado peticiones de ayuda al centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas desde hacía meses. Aproveché mi regreso de la capital federal –adonde estaba litigando un amparo a favor del retorno de tres sacerdotes católicos injustamente expulsados de México– y tomé la ruta de Villahermosa para entrar a Chiapas por el norte. En la cabecera de Salto de Agua me encontraron, en la parroquia, Mario Torres Torres y otros compañeros desplazados. Tomamos una camioneta y en nuestro camino al oeste atravesamos las tierras del gran Ejido de El Limar, las de Miguel Alemán (de donde eran originarios mis acompañantes) y al fin las tierras de los Masojá. Mario Torres y decenas de familias habían sido expulsados de Alemán por no ser priístas. La mayoría de los desplazados habían sido recibidos en Shukjá. Pasé una de las semanas más interesantes de mi estancia chiapaneca en ese lugar, aprendiendo mucho de Mario y del profesor Sebastián Pérez López, uno de los líderes de la comunidad. Al séptimo día me preguntaron los compañeros si podía acompañarles a una reunión de reconciliación en Miguel Alemán.
La reunión la habían negociado los desplazados con el Director General de Gobierno, Mario Arturo Coutiño Farrera. Se suponía que estarían no sólo ese funcionario, sino el mismo Procurador General de Justicia del Estado. El objetivo era parlamentar con los priístas que les habían expulsado y llegar a un entendimiento, que asegurase a todos una justa compensación por la destrucción de casas, cosechas y ganados que había traído la confrontación entre priístas (que formaban un grupo paramilitar llamado “Paz y Justicia”) y perredistas (a quienes se acusaba de ser neozapatistas).
El gobierno chiapaneco se había comprometido a convocar a la mediación, presidida por el obispo de San Cristóbal Samuel Ruiz García. Luego nos enteramos que Coutiño había mandado un fax a la diócesis justo la víspera de la reunión –con la mala intención de que nadie acudiese. Años después, yo bromeaba con jTatic Samuel señalándole que el director general seguro no sabía que el Espíritu Santo también tenía conectado su fax esa tarde. Porque yo llegué a Shukjá a documentar otras cosas y no tenía idea de la negociación que habían abierto los desplazados. Como sea, acudí como abogado del Frayba. Pero el 8 de diciembre de 1995 no hubo ninguna negociación.
Las y los desplazados, junto con sus familias, unas 50 personas, fuimos rodeados por unos 300 paramilitares en la cancha de básquetbol de Miguel Alemán. No llegó ningún funcionario. Dos horas más tarde, vimos que se acercaba un helicóptero del gobierno chiapaneco. Pero no bajó en el lugar, sino que siguió al norte. “—Van a Süsüclumil, un anexo de Miguel Alemán”, me explicó Mario. Como a la media hora, vimos llegar, desde allá, un destacamento de seis policías. Traían unos caballos. “—¡Son de nuestros compañeros de Süsüclumil!”, exclamaron los desplazados. En ese momento vimos pasar el helicóptero, se dirigía al sur tomando altura. Luego supimos que en él iban siete compañeros de Süsüclumil detenidos arbitrariamente.
Al mismo tiempo, los paramilitares atraparon a un profesor de Miguel Alemán, quien con su esposa y sus padres acababa de abordar una combi rumbo a Salto de Agua. Él había estado platicando con nosotros. Nos dijo que la casa de sus padres había sido quemada también por los de “Paz y Justicia”. Unos 200 priístas alcanzaron la combi y la obligaron a regresar en reversa. Al profesor lo amarraron allí mismo. Los priístas gritaban: “—¡Zapatistas!” “¡Ya los tenemos!” “¡Que les disparen!” Todo había sido una emboscada. Se había convocado a una negociación para que los paramilitares señalasen a los líderes opositores y estos fuesen arrestados. Esa es la única ocasión que de corazón he agradecido tener cédula profesional de abogado. Con ella en mano exigí al comandante Onésimo Ángel Herrera del Agrupamiento Maya de la Seguridad Pública que le diese garantías a las familias de desplazados que venían de Shukjá. Luego de dos horas de negociación, logramos que se nos permitiese regresar al poblado de refugio.
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Aunque se logró la liberación de los siete de Süsüklumil en dos semanas, el litigio penal en su contra duraría más de un año. “Los gobiernos” usaban así el aparato penal para herir a quienes percibían como sus enemigos. La violencia de los paramilitares de “Paz y Justicia” continuó. El 19 de junio de 1996 tocó la hora a las comunidades del ejido Masojá: fueron desplazadas las comunidades Jolnixtié 1a y 2a sección así como Agua Fría. También salieron desplazados de Guanal, Patastal y Corrazal. Muchos debieron irse al monte o a comunidades más alejadas. Se perdieron ganado y toda clase de animales de traspatio. Este exilio duró más de cuatro meses. La comunidad de Shukjá quedó sitiada, con paramilitares cazando a sus habitantes cuando salían a la terracería o a trabajar. Mi anfitrión en Shukjá, el profesor Sebastián, fue baleado en ese junio sangriento. Uno de los desplazados, José Tila López García, fue asesinado en 1998. Son dos de las decenas de víctimas de “Paz y Justicia”.
De nada sirvió volver a buscar a los altos funcionarios. Por años no hubo avances ni acuerdos definitivos con los desplazados. Las familias desplazadas pudieron regresar a sus tierras hasta 2002 cuando al fin el PRI perdió las elecciones para gobernador. Mario Torres Torres y su familia viven aún en el nuevo poblado, llamado “El Retorno”, situado en los linderos entre los ejidos Masojá Jolnixtié y Miguel Alemán.
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Termino esta historia con lo grande que reflejaba lo pequeño. A santo de la emboscada de Süsüklumil nos reunimos, en el café de un hotel de San Cristóbal, en enero de 1996, uno de los vicarios de la diócesis católica, el dominico Fray Gonzalo Ituarte Verduzco, el director general Coutiño Farrera y el autor de estas líneas. Demostrada su doblez en la negociación fallida en Miguel Alemán, Coutiño trató de justificarse. Fray Gonzalo logró el compromiso del gobierno del Estado de no hacer más daño en la acusación contra los de Süsüklumil. Cumplió a medias. No los acusaron en el fuero estadual y “sólo” dejaron la acusación federal por portación de armas.
Era una pésima y malintencionada acusación que se podría resumir así: Los siete habían emboscado a una patrulla de policía en el bosque, disparando todos contra los oficiales. Se habían capturado cuatro armas, tres de ellas inservibles. De la única capaz de disparar se presentaban tres casquillos percutidos. Todos los acusados habían dado positivo en la prueba de rodizonato de sodio. Es decir, hubo tres disparos desde una sola arma, usada por siete personas. Entre las pruebas de la embosacada se ofrecía un televisor (blanco y negro), un maletín conteniendo dos docenas de credenciales de elector, y un pasamontañas con las letras “EZLN” tejidas en la frente. Con tan ridículas probanzas, el ministerio público federal terminó por no ratificar la acusación y el juez absolvió a todos. Un año de litigio que costó muchísimo a los acusados (quienes debían ir a Tuxtla a firmar cada quincena). Pero Coutiño “cumplió”: nunca se presentaron cargos ante juzgado chiapaneco.
En la entrevista de 1996, Coutiño dijo que el gobierno del Estado no tenía ningún control sobre lo que ocurría. Que era la Federación, el Ejército, quienes tomaban las decisiones. Y que de hecho, “así era mejor”, que él no deseaba tener esa responsabilidad y que por eso se había pedido la intervención federal. Recuerdo haberle preguntado cuándo y con qué documento se había hecho eso. Porque, de acuerdo a la Constitución, sólo la legislatura del Estado o el gobernador pueden pedir la “protección” de “los poderes de la Unión” en el caso “de sublevación o trastorno interior”, según el primer párrafo Artículo 119 Constitucional. Coutiño prometió buscar el papel. Nunca lo encontró. Han pasado tres décadas y nadie ha visto el documento.
Aparte, hay que recordar que desde abril de 1995 está en vigor la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas, que ordena a las partes en el conflicto (Ejército Federal y EZLN) abstenerse de agresiones mientras la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso de la Unión no declare que se ha roto el diálogo. Aunque las partes no se han reunido desde 1997, la Cocopa no ha declarado roto el diálogo y por lo mismo, la tregua del conflicto continúa.
Esta ambigüedad es una muestra de la despreocupación con la que las y los mexicanos aplicamos las reglas constitucionales sobre guerra y paz. Aunque para todos es obvio que hubo una revolución en Chiapas y que sigue allí un ejército rebelde, nadie sabe cómo se activó constitucionalmente la respuesta militar del Estado Mexicano y nadie sabe bien a bien cuál es el estatus legal del conflicto. Y, por supuesto, nadie es responsable del dolor, la sangre y la propiedad perdida por las comunidades víctimas de los paramilitares.
No es de extrañar. En este país, desde 1867, sólo dos veces se ha declarado el Estado de Excepción con base en el Artículo 29 Constitucional. Una, cuando un puñado de imperialistas trasnochados invadieron Yucatán luego de restaurarse la República y en 1942 al declarar México la guerra al Eje fascista. Esto no significa que hayamos gozado de una perfecta paz constitucional el resto del tiempo.
Significa que las grandes emergencias no las atendemos conforme a la Ley. Esto tiene ciertas ventajas, pero conlleva grandes riesgos. Abusos como la emboscada de Süsüklumil y perversiones como las de Coutiño Farrera pueden ocurrir en cualquier momento.
