La Corte sí se toca… y se debe tocar. Autor: Felipe León López

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Felipe León López

El Poder Judicial Federal, como nunca antes, está teniendo una intervención fundamental en la vida política del país en especial a lo que se refiere al cambio de poderes del 2024, lo cual alterará los equilibrios que deben existir entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

¿En qué sentido el Poder Judicial puede modificar el rumbo político del país? ¿Qué influencia tienen los ministros de la Suprema Corte en la definición de la agenda política de la sucesión presidencial? ¿Hasta dónde los ministros afectarán la correlación de fuerzas entre presidenciables?

Muchas preguntas hay alrededor de la abierta confrontación que tiene a los tres poderes de la Unión envueltos en señalamientos, hostilidades y campañas sucias como no ocurría desde la reforma estructura que promovió el gobierno de Ernesto Zedillo y que abrió muchas resistenicas, pero que aún así lograron salir adelante.

El 31 de diciembre de 1994 el Poder Judicial Federal tuvo una gran reforma que le permitió transformarse y se buscaba estar acorde con los nuevos tiempos que pedían construir consensos en un país cada vez más plural. De este modo,  quedó integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal de la República y es la responsable de resolver controversias entre la Federación y las entidades federativas.  La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra por 11 ministros que nombrados por la Cámara de Senadores, a propuesta de una terna que envía el Presidente de la República, lo cual, sin duda, ya debe cambiarse.

Contra lo que los convocantes a la marcha en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la realidad es que el Poder Judicial de la federación y de todos los estados sí urgen, necesitan y requieren nuevos ajustes, porque es una demanda ciudadana, quizá no digerida ni expresada correctamente, pues si bien hay reconocimiento al prestigio de los integrantes del Poder Judicia también hay un ambiente de inconformidad porque, como en muchas cosas, la justicia también es cuestión de dinero.

Resultado de años de violencia por el crimen organizado también se magnifica el papel  de la justicia doblegada por el dinero, pues los gobiernos federal, de la CDMX, estatales y municipales han señalado los casos de jueces corrompidos por el narcotráfico. Todos ellos exigen una respuesta del Consejo de la Judicatura, ya que éste funge como órgano de control del Poder Judicial; pero el Consejo ha quedado a deber mucho con estos impartidores de justicia que dejan libres so pretexto de fallas de las fiscalías en la integración de los expedientes.

(Por supuesto, estas líneas no justifica en nada a los llamados “tontos con iniciativa” que como el gobernador Cuitláhuac García llevan a cabo una ofensiva intolerante y poco razonada contra la presidenta ministra de la SCJN. En nada le ayuda a la causa de reformar al Poder Judicial y sí abona al repudio ciudadano)

No es para menor, a la luz de los resultados alcanzados desde la reforma zedillista de 1994, cuando se restructuró la Corte se tenían como objetivos fortalecer al Poder Judicial para que no estuviera supeditado a otro Poder; desarrollar y reglamentar un modelo más ágil y transparente para la resolución de controversias constitucionales como las que vienen siendo tema de debate desde el Pacto por México hasta las contrarreformas de la Cuartra Tranformación; profesionalizar y depurar al actual cuerpo de jurisprudencia: jueces, abogados y magistrados; construir vasos comunicantes con todos los sectores de la sociedad; y demostrar credibilidad al momento de tomar decisiones independientes de los factores político-partidistas.

Lo que sí es un hecho es que, en lo que va de este sexenio, el protagonismo del Poder Judicial de la Federación ha ido a la alza. Cada vez es más frecuente su participación en los grandes conflictos entre Poderes, en los resultados de los procesos electorales y en resoluciones sobre asuntos de trascendencia histórica. Y cuidado, porque la partidocracia de la desconfianza llevó a judicializar todas las vertientes de precampañas y campañas podría entrampar a más de un potencial presidenciable, toda vez que que podrían ser descalificados aunque sean los más populares (y ya ocurrió en Guerrero y Michoacán recientemente).

Esta situación  particular en la vida política de México provoca lecturas encontradas: el fortalecimiento de la autonomía del Poder Judicial frente a los poderes Legislativo y Ejecutivo, o este “intervensionismo” es un síntoma de la decadencia de nuestro sistema político y la insana convivencia republicana. Sin embargo, sus decisiones dependen mucho del perfil de los ministros que componen a la Suprema Corte: liberales o conservadores, afines al bloque del poder en turno porque el método de selección de sus integrantes depende de la correlación de fuerzas de la partidocracia en el Congreso de la Unión y de la voluntad del titular del Ejecutivo para proponer o vetar a algún candidato. Un círculo vicioso que, sin duda debería ya romperse, pero que tampoco es sano convocar a una elección abierta mientras no haya una maduración en nuestra cultura política y mayor ciudadanía para saber elegir a quienes impartirán justicia llana y no por intereses electorales.