Miguel Ángel Guzmán pasó más de tres meses en prisión por delitos que no cometió.
Isaac Rosales | Astillero Informa
El catedrático y asesor legal de comunidades campesinas e indígenas, Miguel Ángel Guzmán, denunció las irregularidades de su encarcelamiento de tres meses en el Cefereso de Villa Aldama, Veracruz.
En una entrevista para Astillero Informa, contó que fue “sorpresivamente detenido el día 20 de junio a las 10 de la mañana en Ciudad Valles, San Luis Potosí” por los delitos de terrorismo, sabotaje y delincuencia organizada en agravio de Pemex.
Estos crímenes se habrían cometido en 2007, un año en el que Guzmán se encontraba impartiendo clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), así como participando en asambleas con comunidades indígenas, sostuvo.
De su labor como docente en aquellos tiempos dio cuenta la propia institución educativa, que puso a disposición de las autoridades listas de asistencia, las cuales figuraron como pruebas de su inocencia. Además, también contó con testimonios de exalumnos que ratificaron su versión.
Sin embargo, un juez dictó auto de formal prisión en su contra con base en un testigo que lo reconoció en una foto que se tomó después de la fecha en la que presuntamente quebrantó la ley.
“En aquella época, yo pesaba 140 kilos y usaba barba. Sin embargo, él me reconoce en una foto posterior”, manifestó.
Aunque dicho testigo no se presentó a la audiencia ni señaló las circunstancias de modo, tiempo y lugar, Guzmán fue recluido en prisión. A propósito de esto último, comentó: “A nadie se le desea estar en una cárcel, donde a veces te dan de comer como a un perro, en el suelo“, “en donde no hay baño y muchos de los presos hacen sus necesidades ahí y huele mal“.
Mes y medio después de su encarcelamiento, tanto la Secretaría de Gobernación como la propia Presidencia le concedieron una amnistía. No obstante, fue negada por el juzgador.
Mes y medio más tarde, y gracias a la presión social, nuevamente la Segob y la Presidencia acudieron al penal para notificarle que había un “convencimiento” de su inocencia, así como que el propio fiscal de la república, Alejandro Gertz Manero, se desistiría de los cargos. No obstante, el “juez de consigna” impidió la ratificación del titular de la FGR, por lo que su excarcelación tardó un día más. Esto es, hasta el 21 de septiembre pasado.
“Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera“, declaró.
La detención podría estar relacionada con su lucha legal por detener la “ambición” de algunas empresas por apoderarse de los recursos naturales de diferentes comunidades indígenas que habitan en el estado de San Luis, particularmente el agua y ciertos minerales.
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