El impartidor de justicia consideró el estado de salud de Collado; el abogado no cuenta con restricciones de circulación en territorio nacional y no tuvo que pagar fianza.
Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Un Juez federal concedió la libertad provisional a Juan Collado Macelo, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, aunque deberá de usar un brazalete electrónico en el tobillo.
Después de un encierro por cuatro años, dos meses y doce días, un Juez determinó concederle la libertad provisional a Juan Collado en lo que transcurre su proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado dinero, siendo ésta la única imputación de las cuatro por el que estaba bajo prisión preventiva.
Fue Gustavo Aquiles Villaseñor, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, quien determinó modificar la medida cautelar, ya que consideró el estado de salud del abogado; así como las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordenaban al Estado mexicano eliminar de su legislación la prisión preventiva de oficio.
Adicional a la colocación del brazalete, Juan Collado entregó su pasaporte y deberá de realizar presentación periódicas. Sin embargo, no cuenta con restricciones de circulación en territorio nacional y sin la necesidad de pagar fianza.
El abogado, quien se ha encontrado internado en el Hospital Ángeles del Pedregal, entregó a través de su defensa un dictamen médico de 52 páginas donde se detallan los males de salud que presenta, con padecimiento como enfermedad coronaria trivascular, hipertensión arterial sistémica, entre otros.
El mes pasado, un Juez federal reitró la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Collado en su proceso por supuesta defraudación fiscal por 36.7 millones de pesos.
Aquiles Villaseñor fue quien también consideró que las condiciones actuales del jurista suponen un menor riesgo de fuga, por lo que modificó la medida.
El Juez de control le había impuesto al abogado una fianza de un millón de pesos, el brazalete electrónico y la entrega de su pasaporte durante la audiencia que se celebró en el centro de justicia penal.
El abogado Juan Collado fue detenido por elementos de la FGR (Fiscalía General de la República) el 9 de julio de 2019 en un restaurante de la colonia Lomas de Chapultepec. Horas después, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude.
El abogado acumula tres delitos: la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos, el descongelamiento de una cuenta por 76.5 millones de euros en Andorra y por defraudación fiscal por 36 millones de pesos.
Asimismo, el caso del fuero común que enfrenta es una acusación de la Fiscalía de Chihuahua por un presunto peculado de 13.7 millones de pesos, los reportes señalan que los desvíos se habrían realizado a través de la simulación de contratos de servicios profesionales de asesoría jurídica mediante la Secretaría de Hacienda estatal.
LA SSPC EXHIBE A JUECES POR FAVORECER A COLLADO Y A OTROS
Apenas el pasado 19 de septiembre, Luis Rodríguez Bucio, Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, exhibió que seis jueces que favorecieron presuntos criminales, incluido el abogado Juan Collado; así como el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, y el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.
En la sección de Cero Impunidad, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Rodríguez Bucio presentó el caso del Juez Gustavo Aquiles Villaseñor, pues determinó el pasado 5 de septiembre cesar la medida cautelar de prisión preventiva justificada a Juan Collado, abogado del expresidente Carlos Salinas de Gortari, en su proceso por el delito de defraudación fiscal, aún cuando el Juez había reconocido el riesgo de sustracción.
Asimismo, se denunció al Juez Gerardo Jenaro Alarcón López por ordenar la suspensión del procedimiento que se lleva acabo en contra de Emilio Lozoya por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al incluirlo en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso Ancira.
“Además, el Juez Alarcón López sustentó la suspensión del procedimiento indebidamente a favor de Emilio ‘N’ en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y en la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro, que no es aplicable obligatoriamente a la Ciudad de México”, agregó.
Además, Rodríguez Bucio destacó la detención y vinculación a proceso de Uriel Carmona, Fiscal General de Morelos, por su probable responsabilidad en el delito de de obstrucción de la justicia durante la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda.
“De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, Uriel ‘N’, en su calidad de Fiscal General del Estado de Morelos, no aplicó el protocolo de actuación para delitos de feminicidio y declaró de manera anticipada que la muerte de Ariadna [Fernanda López Díaz] había sido ocasionada por una broncoaspiración por intoxicación alcohólica”, recordó.
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