Izquierda electoral y popular. Autor: Federico Anaya Gallardo

Decíamos que en 2003 la izquierda (entonces encarnada en el PRD) controlaba seis gubernaturas. Eran Zacatecas (1998-2004), Tlaxcala (1999-2005), Baja California Sur (1999-2005), DF (2000-2006), Chiapas (2000-2006) y Michoacán (2002-2008). Salvo la capital federal, se trataba de entidades con una fuerte presencia campesina-popular. Incluso en la cuasi-insular Baja California Sur, con un sector turístico poderoso y moderno, uno de los elementos que explicó el triunfo perredista con Leonel Cota Montaño en 1999 era la desconexión del viejo aparato priísta con las cooperativas pesqueras nacidas de la organización popular. Ricardo Monreal Ávila, que encabezó la transición zacatecana, era líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) del antiguo PRI. No es necesario recalcar el peso político de lo campesino-ejidal en Tlaxcala, pese a su cercanía a la metrópolis chilanga y a la muy urbana Puebla de los Ángeles (que ella misma está rodeada de una amplia base campesina e indígena). Chiapas y Michoacán son epicentro de poderosos movimientos populares-indígenas.

Veamos ahora la situación de otros dos estados de base campesina-popular, Guerrero y Oaxaca, adonde la izquierda electoral ha tenido siempre fuerte presencia, pero en los cuales la transición política ocurrió luego de 2003 y sólo después de graves conflictos sociales. En Guerrero ocurrió hasta 2005, con la victoria del perredista Zeferino Torreblanca Galindo, y en Oaxaca hasta 2010, cuando Gabino Cué Monteagudo triunfa encabezando una coalición del PAN, PRD, PT y lo que es hoy MC.

En el primer caso, un tercer cacique Figueroa había sido electo gobernador, bajo la bandera del PRI, en 1993. El escándalo causado por la matanza de Aguas Blancas de 1995 lo derrocó. Su substituto, Ángel Aguirre Rivero, presidió sobre otra masacre, la de El Charco. En la elección de 1999 el PRI (René Juárez Cisneros) se impuso con malas artes sobre un PRD insurgente (que había postulado a Félix Salgado Macedonio). La marea izquierdista no pudo ser contenida en 2005, en parte porque el PRD ganador escogió un candidato moderado (Zeferino Torreblanca Galindo). La gubernatura Torreblanca (2005-2011), con todas sus contradicciones, significó algún respiro para los movimientos sociales en el estado –que, entre otras cosas, lograron legalizar las policías comunitarias aparecidas en el estado desde 1996. (Ley 701 promulgada en 2011, Ligas 1 y 2.) En cambio, el retorno de los viejos caciques en una segunda administración estadual perredista (2011-2015, de cuatro años para empatar con elección federal) bajo el expriísta Aguirre Rivero terminó en la tragedia de Iguala en 2014.

En Oaxaca debe recordarse que el viejo régimen había terminado mucho antes que en el resto de la República. Hoy día ya casi nadie recuerda que en 1977 hubo una crisis que terminó con la gubernatura del priísta Manuel Zárate Aquino (1974-1980). El estado entró en caos cuando Zárate trató de reprimir los movimientos de las Coordinadoras Obreras, Campesinas y Estudiantiles de Oaxaca y del Istmo (COCEO y COCEI). En la práctica hubo desaparición de poderes y se nombró a un militar, Eliseo Jiménez Ruiz, al frente de un nuevo gobierno estadual (1977-1980). El general-gobernador restauró el orden, sin duda. (Un recuerdo material de su gestión es que el penal principal de la capital oaxaqueña está en un terreno cuadrangular literalmente recortado del campo militar, de modo que tres de sus cuatro linderos dan al campamento castrense.) Pero el secretario general de gobierno de Jiménez Ruiz era Heladio Ramírez López, un líder estadual de la CNC que reorganizó el tejido social y empezó a tejer alianzas que incluyesen a quienes se habían opuesto al autoritarismo priísta de Zárate y sus antecesores. Ramírez López sería electo gobernador para el periodo 1986-1992 y durante su sexenio continuó la tarea de reorganizar la sociedad oaxaqueña, avanzando en el reconocimiento de la pluralidad étnica y política de la entidad. Su sucesor, Diódoro Carrasco Altamirano (1992-1998, aún priísta) continuó estas reformas –lo que permitió al estado sortear con estabilidad la tormenta neozapatista de 1994.

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De hecho, en los diálogos de San Andrés Sacamchén de 1995-1996 el régimen priísta podía presumir que en Oaxaca había logrado un arreglo que satisfacía a los pueblos indios sin poner en duda la hegemonía política del partido de Estado: elecciones por usos y costumbres en la mayoría de los municipios, pero manteniendo el control del partido tradicional en el gobierno central, la legislatura estadual y los centros urbanos más grandes –excepto el Juchitán coceísta. Por esto digo que en Oaxaca el viejo régimen priísta había desaparecido desde los 1980. Pero es precisamente este éxito reformista de Ramírez-Carrasco lo que sembraría la tormenta posterior.

Durante la administración del priísta José Murat Casab (1998-2004) el nuevo arreglo pluralista (más bien deberíamos decir, pluriétnico) se sostuvo; pero se quebró bajo Ulises Ruiz Ortíz (2004-2010). Como tres décadas antes, la administración estadual perdió el control del estado –sólo que en esta ocasión ya no existía una presidencia imperial y un partido de Estado capaces de imponer una solución al conflicto. El Ejército se negó a intervenir. La rebelión de la APPO se prolongó durante todo 2006 y se resolvió con torpeza, mediante el uso de la Armada de México. El gobernador Ruiz recibió de los marinos el control de su capital y terminó su sexenio cuatro años más tarde –enmedio de la impunidad general por los abusos de antes del conflicto, por los de 2006 y por los que siguieron. La transición política se dio sólo en 2010, cuando una coalición de todos los partidos contra el PRI impuso a Gabino Cué Monteagudo (2010-2016) cuya administración, sin embargo, también terminó envuelta en represiones, como la masacre de Nochixtlán de 2016.

Las experiencias de Torreblanca en Guerrero y de Ramírez-Carrasco en Oaxaca demuestran la necesidad de reconocer espacios políticos a los movimientos populares y plebeyos. Esto puede lograrse mediante una alternancia política, como en Guerrero; o a través del reparto de responsabilidades territoriales sin alternancia política, como en Oaxaca. Ambas experiencias demostrarían la utilidad de unir (a) la alternancia partidista –que permite organizar las alternativas políticas en un espectro izquierda-derecha que ordena el debate a nivel estadual–; con (b) un reconocimiento de atribuciones a los pueblos indígenas y afromexicanos a nivel comunitario y regional –que permite asegurar la representación de la multitud de colectividades en un horizonte campesino-popular. Esto, en términos generales es lo que trataron de hacer en las administraciones estaduales perredistas en Zacatecas, Tlaxcala, Baja California Sur, Chiapas y Michoacán. Esto es lo que las élites estaduales de Guerrero y Oaxaca no deseaban –lo mismo que las de otros estados del “sur mexicano”, como Puebla, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Tabasco. No extraña que en esas mismas entidades se concentrasen por años los conflictos postelectorales y la violencia política. Notemos cómo en esas mismas entidades la tensión se redujo al llegar la izquierda al poder por la vía electoral.

Sucede que los partidos que han sido más sensibles a la problemática popular han sido los de la izquierda, ayer el PRD y hoy Morena. Por eso es que no era raro que la mayoría de las entidades gobernadas por la izquierda en 2003 tuviesen una base campesino-popular. Sólo esto debería haber alertado a las élites que negociaron la composición del “segundo IFE” respecto de la inconveniencia de ignorar al PRD. Pero, en las mentes de los miembros de las élites, nos decía el señor Ugalde (Así lo viví, 2010) lo único relevante era “quién es amigo de quién” o “quién es enemigo de quién”.  

Afirmo que no haber considerado al polo popular de la política mexicana, que es visible sólo cuando se hace política de a pie en cada uno de los estados federados, condenó a la inestabilidad a entidades como Guerrero y Oaxaca. Pero también desestabilizó a Michoacán, que ya había logrado su transición en 2002. Para muestra, un botón. En 2009, el presidente Felipe Calderón decidió descabezar 11 municipios gobernados por el PRD y arrestó a 16 altos funcionarios michoacanos. Esto puso en jaque la autoridad del segundo gobernador perredista (Leonel Godoy Rangel, 2008-2012, cuatrienio diseñado para empatar la gubernatura con la elección presidencial).

El michoacanazo terminó en agua de borrajas, con todos los alcaldes acusados obteniendo su libertad años más tarde. Lo mismo pasó con casi todos los funcionarios estaduales. En por mientras, la liga de representatividad electoral entre la población y el PRD quedó en entredicho. En su momento, las acciones de Calderón se vieron como una maniobra para arrancar Michoacán al PRD y entregarlo a su hermana –quien sería candidata en noviembre de 2011. Esa elección se disputó a tercias y fue muy cerrada –con una participación de sólo el 54% del padrón. Luisa María Calderón Hinojosa (34%) perdió la elección contra el priísta (y narco) Fausto Vallejo Figueroa (35%), quedando el perredista Silvano Aureoles Conejo (27%) en tercer lugar. Este resultado indica que ninguna de las élites partidistas logró convencer a más ciudadanos fuera de su electorado “normal”. Aunque Aureoles ganó la elección de 2015, su mandato seguía tocado por esta ilegitimidad estructural.

El quiebre entre la política electoral dominada por élites y las organizaciones de base es una de las razones por las que el crimen organizado mutó en cacicazgo político en Michoacán. En la tierra caliente y en la región indígena, las comunidades debieron tomar el control de sus propios territorios para defenderse. En esta aventura popular, distintos municipios han corrido con suerte diversa. Brilla el caso de Cherán y horroriza lo que ocurre en la Tierra Caliente.

La política de élites mata. Y las élites ni siquiera se percatan. Recordemos el dictum del hoy diputado federal Quadri (llevado por la Alianza PRI-PAN-PRD): “Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente…” (Liga 3.)

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://www.iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/Ley%20701%20PueblosIndigenas.pdf

Liga 2:
https://seguridad.nexos.com.mx/para-entender-a-la-policia-comunitaria-de-guerrero/#_ftnref7

Liga 3:
https://twitter.com/g_quadri/status/1083910552177512449

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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