Una carta póstuma presuntamente escrita por Isabel Miranda de Wallace acusa a la Suprema Corte de corrupción por la liberación de Juana Hilda González. El caso Wallace, ampliamente cuestionado por fabricación y tortura, se tambalea tras la liberación de una de las acusadas.
Camila Olvera Burdiles | Redacción Astillero Informa
A tres meses de la muerte de Isabel Miranda de Wallace, fue revelada una carta póstuma que presuntamente dejó antes de fallecer y en la que expresa su desacuerdo con las decisiones recientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente anticipando la liberación de Juana Hilda González Lomelí, acusada del secuestro y asesinato de su hijo Hugo Alberto Wallace, un caso que en años recientes ha sido objeto de investigaciones que apuntan a su fabricación.
El texto fue compartido en el noticiario de Ciro Gómez Leyva por su hermano, Roberto Miranda, quien también fungió como su abogado. Según explicó, Isabel habría escrito el documento antes de someterse a una cirugía en el Hospital de Nutrición, temiendo por su salud y por el futuro del proceso penal.
"Yo siempre he respetado a la SCJN, pero si liberan a Juana Hilda, es que actúan como cualquier cártel de la Delincuencia Organizada, ya que en determinados casos votan de esa forma, por consigna", esto aseguró Isabel Miranda de Wallace en una carta escrita días antes de morir. pic.twitter.com/B9oKuTjM6g
— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 24, 2025
Una denuncia contra la SCJN y el temor a liberaciones
En la carta, Miranda manifiesta su temor de que todos los acusados por el presunto secuestro de su hijo obtengan su libertad. “Sé que tarde o temprano se liberará a los mismos, empezando por Juana Hilda”, dice el texto.
La carta también lanza acusaciones directas contra la SCJN, señalando que sus integrantes habrían actuado por consigna. “Si liberan a Juana Hilda, es que actúan como cualquier cártel de la delincuencia organizada”, escribió.
Asimismo, cuestiona el papel de ministras y ministros, a quienes acusó, sin aportar pruebas, de haber recibido “casas, vehículos y viajes al extranjero” para fallar en favor de González Lomelí. La misiva denuncia que el Poder Judicial le habría fallado a México y a las víctimas.
La SCJN declaró inválida una confesión obtenida bajo tortura
El 11 de junio, la Primera Sala de la SCJN resolvió, con mayoría de cuatro votos, que la confesión de Juana Hilda González no tenía validez legal al haber sido obtenida mediante tortura, lo cual invalida también todas las pruebas derivadas de ella, como lo establece el marco jurídico mexicano e internacional. Con esto, se ordenó la liberación inmediata de Juana Hilda.
El fallo fue elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y fue calificado como histórico por organismos como el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), al reconocer violaciones graves al debido proceso, como tortura, ausencia de defensa efectiva y uso de estereotipos en contra de los acusados.
Además de González Lomelí, el fallo podría impactar los casos de otros coprocesados, como Brenda Quevedo, César Freyre, Jacobo Tagle y los hermanos Castillo, todos señalados con pruebas que ahora podrían considerarse viciadas de origen.
El caso Wallace: entre denuncias de tortura y acusaciones de fabricación
El llamado caso Wallace ha sido centro de una profunda controversia en los últimos años. Mientras Isabel Miranda fue reconocida como símbolo de la lucha contra el secuestro por gobiernos anteriores, numerosas investigaciones periodísticas, legales y de derechos humanos han señalado que se trata de un caso fabricado.
Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como el IFDP han documentado violaciones a derechos humanos de las personas acusadas, incluyendo tortura, detenciones ilegales y pruebas obtenidas de forma ilícita.
La carta, difundida tras su muerte, representa una expresión de su postura personal frente a un proceso que, según diversas fuentes independientes, estuvo plagado de irregularidades desde el inicio. Sus palabras reflejan el choque entre una narrativa institucional consolidada y las denuncias de fabricación de culpables.
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