Iniciativa Mérida contra el narcotráfico termina con mayor consumo y más violencia (Nota de Metapolítica)

Metapolítica

Morelia, Michoacán.- México y Estados Unidos se aprestan a preparar un acuerdo de seguridad que reemplace al Mérida, firmado en 2008 para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.

Y el medio “Telescopio” dialogó con David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, sobre los desafíos de este nuevo programa.

La entrevista fue difundida este día por la agencia rusa Sputnik.

El 8 de octubre las autoridades de ambas naciones se encontrarán en el Diálogo de Seguridad de Alto Nivel, en la Ciudad de México, para delinear el nuevo acuerdo de cooperación en seguridad.

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Según anunció el canciller mexicano Marcelo Ebrard, llegarán de Estados Unidos su secretario de Estado, Antony Blinken; el de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas; y el fiscal general, Merrick Garland.

Este plan reemplazará a la Iniciativa Mérida, vigente desde 2008 y por la cual se dotó de recursos y equipo militar a México, además de intercambiar información y capacitación.

Mérida se sumó a la «guerra contra el narcotráfico» que el presidente Felipe Calderón lanzó en el año 2006. Sin embargo, luego de más de una década los resultados son opuestos a los esperados.

“De manera simultánea y concordante, ambos gobiernos reconocen que no funcionó, que provocó mayor violencia y la producción y el trasiego de estimulantes ilegales se ha incrementado”, recordó a Telescopio David Barrios, doctor en Estudios Latinoamericanos e integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica.

Para el experto, es necesario cambiar el enfoque únicamente coercitivo que regía el anterior acuerdo y que empujó a que las organizaciones criminales se multiplicaran por la desarticulación de las estructuras más grandes.

“Se tiene información de que cuando se lanza la guerra contra las drogas había entre seis y ocho grupos grandes. Y ahora hay más de 200 grupos de distintos tamaños”, explicó el experto.

También se debe repensar el diagnóstico de la influencia de estas organizaciones y considerar que en ciertas regiones controlan todo el territorio y la vida cotidiana. En ese sentido “no se pueden instrumentar políticas sociales sin abordar esta situación”, dijo el entrevistado.

Según Barrios, otro de los aspectos que el nuevo acuerdo debería contemplar es la cadena y el poder económico que hacen viable la producción de los estimulantes ilegales.

“No se puede dirigir solo sobre los productores o los consumidores sin tocar esos otros ámbitos financieros, que es el gran poder que realmente permite el negocio”, concluyó.

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