En un intento por desacreditar información publicada que exhibe la asignación de contratos y licitaciones a dos empresas fantasma, el Gobierno de Chiapas omite señalar que los contratos otorgados fueron a una servidora pública, adscrita a la Secretaría de Salud Estatal, lo que configura una violación a la ley.
Luego de que en diversos medios se denunció la existencia de una supuesta red de corrupción que vincula al secretario de Salud José Manuel Cruz Castellanos, y al secretario de Obras Públicas de Chiapas, Ángel Torres Culebro, donde este último entregó 58 millones de pesos a dos empresas de la misma persona, una funcionaria de la Secretaría de Salud, Rosalba Tovilla Durán.
La investigación, derivada de solicitudes de transparencia, detalla que el entramado viola el Artículo 44 Fracción II de la Ley de Obra Pública del estado, que prohíbe que la dependencia celebre contratos con funcionarios públicos así como sociedades de las que un funcionario público forme parte.
Vía un comunicado, el Gobierno de Chiapas respondió a las acusaciones, justificando la falta de licitación de las obras acorde al monto celebrado, ofreciendo registros de inscripción de las empresas para desmentir que se trata de empresas “fantasma”, y un llamado al cese de difamaciones contra un gobierno que abandera la honestidad, responsabilidad y transparencia.
Sin embargo, el comunicado del Gobierno de Chiapas omite mencionar la violación a la Ley de Obra Pública mencionada anteriormente, no abordando el tema de que la señora Rosalba Tovilla Durán se encontraba adscrita al área de comunicación social de la Secretaría de Salud al momento de la investigación.
Por tanto, la respuesta oficial del Gobierno de Chiapas ha justificado datos que no se encuentran bajo cuestionamiento, ignorando responder a la responsabilidad que tiene su Secretaría de Obras Públicas y una funcionaria de la Secretaría de Salud al celebrar contratos ilícitos millonarios, cuyo fin permanece dudoso.
