3 de enero de 2024.– Zaira Navas, jefa del área de Estado de Derecho y Seguridad de Cristosal, aseguró que el gobierno de Nayib Bukele detiene a personas con tatuajes o que viven en barrios populares por parecer miembros de pandillas.
“Miles de personas que viven en El Salvador –[así como] no salvadoreños y salvadoreñas–, son detenidas porque viven en lugares de pobreza o porque viven en lugares que antes estuvieron controlados por estructuras criminales, que son las pandillas”.
En entrevista con Témoris Grecko para Astillero Informa, mencionó que en un años y diez meses se han detenido a “78 mil” personas por el delito de “agrupaciones ilícitas”. A pesar de que tenían debían ser presentadas a una audiencia para valorar las pruebas en su contra, una nueva legislación permite que puedan pasar hasta “tres años” en la cárcel sin recibir un juicio, lo cual, aseguró, viola los convenios internacionales en materia de derechos humanos.
Según la activista, con el régimen de excepción –establecido desde marzo de 2022– se dejó de perseguir “la conducta delincuencial” para indagar la posible pertenencia a “estructuras delincuenciales”. A esta nueva dinámica le denominó “el derecho penal del enemigo”, un concepto que nombra aquellas leyes que sancionan a una persona no por ser la responsable de un delito, sino por considerarla peligrosa.
“Están capturando a miles de personas sin investigaciones previas, [porque las autoridades] reciben llamadas anónimas, porque, supuestamente, la policía los tenía registrados como pandilleros, pero también porque son gente que tienen tatuajes […]. Acusan a cualquier persona, en las actas que levantan para la detención dice que lo capturan por agrupación ilícita”.
Asentó, además, que Nayib Bukele ha negociado con las pandillas en aras de disminuir el índice delictivo. En concreto, señaló que su gobierno mejora las condiciones carcelarias, permite que los reos tengan visitas e, incluso, facilita que líderes de agrupaciones delictivas salgan del país con tal de reducir la violencia.
“Ha habido una negociación entre el gobierno y estas estructuras delincuenciales para asegurar la disminución de homicidios. Incluso, las investigaciones han demostrado que el gobierno pagaba ciertas cantidades de dinero a estas estructuras, mejoraba condiciones de las cárceles, permitía visitas […]. Está documentado que funcionarios gubernamentales negociaron tanto la salida como mejores condiciones a cambio de la disminución de homicidios”.
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