¿Gobernar a bandazos? Autor: Venus Rey Jr.

Foto: Gobierno de México.

Parece que el presidente y Morena pudieran estar dando bandazos. Lo vimos con la llamada “reforma eléctrica”. El Congreso aprobó la iniciativa presidencial de inmediato y sin mover una coma, tal como hacían los congresos priístas en la época del peor y más abusivo PRI. Pero en un segundo momento, los jueces federales hallaron esta ley anticonstitucional y le “dieron palo”, como se dice en el argot de los abogados, al presidente.

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Lo estamos viendo también con la Ley de Hidrocarburos que acaba de aprobar la Cámara de Diputados. Con su mayoría en el Congreso, Morena y sus aliados están barriendo y anulando a la oposición, a quien no le queda otro remedio más que patalear. Pero va a suceder exactamente lo mismo que con la reforma eléctrica: los jueces federales van a declarar su inconstitucionalidad.

Otro bandazo claro es lo que acaba de aprobar el Senado: un padrón de celulares que incluye los datos biométricos de los usuarios, huellas digitales e iris. Con él se pretende combatir delitos como la extorsión y el secuestro. La fuerza e inercia de Morena y aliados hará que este registro pase sin problema en la Cámara de Diputados. Pero va a suceder exactamente lo mismo que siempre sucede: esta iniciativa es tan brutalmente inconstitucional que los jueces la van a dejar sin efecto.

Y no acaban los bandazos. Ahora mismo el Senado aprobó diversas reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que permitirán, entre otras cosas, que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, extienda su presidencia dos años más. Pero esto no es jurídicamente posible, pues hay prohibición expresa de la Constitución: la presidencia de la Corte dura cuatro años, y el ministro presidente no puede ser reelecto para el periodo inmediato posterior.

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Un último bandazo que comento –no es que sea el último, hay cientos más– a manera de ejemplo: después de que el INE cancelara las candidaturas de Raúl Morón y Félix Salgado a las gubernaturas de Michoacán y Guerrero, respectivamente, el presidente López Obrador ha considerado varias cosas: una, que el asunto se resuelva en una encuesta telefónica; dos, la posible desaparición del INE; tres, la posible renovación de todos los consejeros del INE. Cualquiera de los tres caminos es una aberración jurídica.

Yo no sé quién asesore al presidente López Obrador en materia de Derecho Constitucional, pero por lo visto, quienquiera que sea, está desorientado. Estos cuatro ejemplos que acabo de mencionar son prueba de ello. Parece que el equipo jurídico del presidente no tiene claro el principio de Supremacía Constitucional. Creen que pueden pasarse la Constitución por alto mediante la reforma de leyes ordinarias. Morena y sus aliados pueden, con esa tremenda mayoría, reformar cualquier ley o crear cualquier ley, incluso si son anticonstitucionales (en un segundo momento los jueces federales les darán palo). Pero no pueden reformar por sí solos la Constitución. Y como no han podido hacerlo, están experimentando con bandazos que francamente hacen ver mal al presidente López Obrador y dejan en ridículo a los legisladores de Morena y aliados.

Si el presidente de verdad quiere cambios profundos y sustanciales en las materias que acabo de mencionar (reforma eléctrica, hidrocarburos, padrón de celulares, reforma del Poder Judicial de la Federación, replanteamiento del INE), y en muchas otra materias más, para lograr los objetivos de su manida Cuarta Transformación, tendrá que explorar otros caminos. Hay dos: uno legal y otro ilegal.

El camino legal involucraría una serie de reformas constitucionales. Los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, tal como están ahora redactados y tal como son ahora vigentes, impiden los planes del presidente en materia energética. Podrá ordenar a sus diputados y senadores que aprueben bodrios jurídicos, como lo han hecho hasta ahora, pero esos bodrios no resistirán ningún examen de constitucionalidad. El Poder Judicial de la Federación seguirá dando palos, tanto que va a parecer fila de niños rompiendo piñatas, y ello, como es de suponer, será causa de frustración para López Obrador y motivo de escarnio para sus legisladores. Si el presidente tiene un proyecto en materia de energía, está obligado a proponer la reforma de la Constitución. Y aún así, no sería tan sencillo, pues su proyecto se opone al T-MEC y es previsible que México pierda en todos los paneles internacionales.

En el caso del padrón de celulares, la cosa no es nada fácil. Aún cuando pudiera realizar reformas constitucionales, los tratados en materia de derechos humanos en los que México es parte imposibilitarían este proyecto. El padrón ha nacido muerto, como en su momento nació muerto el RENAVE, el registro de celulares de Calderón y otros esperpentos de registros que son propios de regímenes autoritarios.

En el caso del INE, lo que ha dicho el presidente que podría hacer, es constitucionalmente imposible. Ninguna ley ordinaria puede “desaparecer” al INE, aunque la voten los 500 diputados, los 128 senadores y las 32 legislaturas locales. Tampoco es posible que remueva libremente a todos los consejeros y que nombre a los que le vengan en gana. Y de la encuesta telefónica, ni hablar: no tendría ninguna validez ni fuerza jurídica. Lo que necesita el presidente hacer, para lograr sus propósitos, es reformar la Constitución y ahí desaparecer al INE. Claro, yo estoy totalmente en contra de algo así. La sola idea de que las elecciones sean organizadas por el gobierno, como era en los tiempos del peor y más abusivo PRI, es para preocupar a cualquiera. La izquierda siempre luchó contra eso, y ahora que están en el poder sería un suicidio que lo implementaran.

Reformar la Constitución no es fácil. En la Cámara de Diputados puede que el presidente logre el voto de las dos terceras partes, pero no le alcanza en el senado. Claro que no le alcanza. Si le alcanzara, ya hubiera hecho todas las reformas constitucionales que su proyecto cuatrotetista requiere. Pero no ha podido. Ahora sería el momento idóneo para que el presidente intente reformar la Constitución, porque, según veo basado en análisis, es factible que los resultados de las elecciones del 6 de junio tengan como consecuencia que Morena y aliados cuenten con menos diputados federales que los que ahora tienen. O sea, a partir del 1 de septiembre, que entra la nueva legislatura, será mucho más difícil para el presidente emprender reformas constitucionales. Sin reformas constitucionales va a seguir dando esos bandazos que le hacen ver mal, no sólo a él, sino también a sus legisladores.

Por cierto, el Diccionario de la Lengua Española de la RAE define “dar bandazos” como “vivir de manera inestable, sin lograr lo que se persigue.” Y eso, créame, es fuente inagotable de frustración.

Y para terminar: dije que había dos caminos para que el presidente logre sus propósitos cuatrotetistas: uno legal y otro que no lo es. El legal, ya lo dije, es la reforma de la Constitución, pero parece que esto es poco posible, y a mi juicio menos aún a partir del 1 de septiembre. El otro camino es un auto-golpe de Estado. Pero de eso mejor ni hablemos.

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