Fuga de Cerebros | México necesita invertir en prevención de desastres. Autor: David A. Torres

Foto: Cuartoscuro.

Por David A. Torres1

En lo que va del año, en el territorio nacional se han emitido 56 declaratorias de emergencia y seis de desastre, principalmente en el estado de Oaxaca y algunas en Nuevo León, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). La mayor parte de ellas están relacionadas con incendios forestales, en gran medida causados por las condiciones de sequía que afectaron al país en la primera mitad del 2021.

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En ese sentido, el Monitor de Sequía de México, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), reportó que hasta el 30 de abril más del 85% del territorio nacional enfrentaba alguna condición de sequía. Por ello, desde diciembre de 2020, la misma CONAGUA declaró “desastre natural por sequía” en siete estados del noroeste del país.

En contraste, la temporada de Huracanes apenas comenzó el pasado primero de junio. Al respecto, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica la formación de entre 29 y 40 ciclones tropicales en los Océanos Pacífico y Atlántico este año, de los cuáles al menos siete se espera que sean huracanes de categoría mayor a tres. Aunque hasta ahora no ha habido ciclones tropicales que impacten seriamente el territorio nacional, la temporada de lluvias sí ha causado estragos en varias ciudades. No obstante, no todos los eventos alcanzan la declaratoria oficial de emergencia. Por ejemplo, la inundación del Hospital General, en Atizapán de Zaragoza, el desbordamiento del río Tolantongo, en Hidalgo, y las inundaciones en Hermosillo, Sonora que, aunque afectaron severamente a la población, no obtuvieron una declaratoria de emergencia o desastre. A estos eventos habría que agregar el desastre de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, el incendio de un gasoducto de Pemex, en el Golfo de México, el colapso de la techumbre de la zona arqueológica de Templo Mayor, entre otros.

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Una revisión de las declaratorias de la última década muestra que a nivel nacional se emitieron 5,361 declaratorias de emergencia y/o desastre. Eso equivale a un promedio de 536 por año, 45 cada mes, 1.5 al día. Durante el mismo periodo, de enero de 2011 a diciembre de 2020, se estima que las pérdidas económicas derivadas de desastres originados por fenómenos naturales superaron los 20,000 millones de dólares. Además, se registraron 1,177 fallecimientos, de acuerdo con el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres. Esto quiere decir que, en promedio, tres personas mueren cada día a causa de los desastres.

Por otra parte, los desastres juegan un papel negativo en el desarrollo del nuestro país, pues ocasionan rezagos en muchos sectores como el educativo, de salud y vivienda, entre otros. Además, ocasionan el desplazamiento forzado de miles de personas. En los últimos cinco años, más de 24 mil personas se vieron obligadas a migrar a causa de los desastres, de acuerdo con el último censo poblacional del INEGI.

En pocas palabras, los desastres derivados de amenazas medioambientales son más comunes de lo que se piensa. Suceden todos los días, están presentes a lo largo de todo el país y afectan la vida de miles personas, de múltiples formas. Sin embargo, todo esto se puede evitar en gran medida. La pregunta es ¿cómo?

La respuesta es sencilla: a través del establecimiento de una política estatal sólida en materia de gestión de riesgos, con un enfoque particular en la reducción de la vulnerabilidad y las causas que la originan. Hay que recordar que los desastres son producto de la vulnerabilidad de las personas y su entorno, y no de los fenómenos naturales en sí. No obstante, en México no contamos con una política como esa, sino que se ha decidido mantener una visión orientada hacia la atención de las emergencias; es decir, que se limita a atender las necesidades específicas que surgen en un desastre, como proveer de alimentos y refugios temporales a las personas afectadas, sin tomar acciones de prevención para que éstos no vuelvan a suceder.

No quiere decir que atender las necesidades urgentes de las personas no sea necesario, al contrario, es fundamental. Sin embargo, una vez concluido el periodo de emergencia, hay que trabajar para reducir la vulnerabilidad con vistas al próximo evento. Esto se puede lograr solamente invirtiendo en la reducción de riesgos y con ello en la prevención de desastres futuros.

Invertir en la prevención
En el campo del estudio de los desastres, es común escuchar que la falta de inversión en la prevención de riesgos se debe a que las afectaciones derivadas de los desastres no pueden ser del todo evitadas, pues son “actos de la naturaleza”. Esto no es correcto.

La Oficina para la Reducción de Riesgos de la ONU (UNDRR) mantiene una campaña en contra del término “desastres naturales”, argumentando que los desastres son producto de la vulnerabilidad de las personas y su entorno, y no de los fenómenos naturales en sí. Por lo tanto, no tienen nada de “naturales”. En otras palabras, son producto de las decisiones humanas para reducir, o no, la vulnerabilidad ante dichos fenómenos. La pregunta es ¿quién toma esas decisiones?

Por otro lado, muchas veces se trata de justificar la falta de actividades enfocadas en la reducción de riesgos y vulnerabilidad debido a que son actividades muy costosas. Se argumenta que el presupuesto es limitado y que los resultados son los óptimos a falta de mayores recursos para atender el problema de una mejor forma. Sin embargo, esto tampoco es del todo cierto pues un análisis más detallado muestra que se cuenta con los recursos suficientes para invertir en la prevención de desastres. Por ejemplo, entre 2007 y 2015, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó más de 274 mil millones de pesos, más del doble de lo destinado a la Secretaría de Salud en 2019, principalmente a organizaciones y empresas millonarias, de acuerdo con la organización Fundar.

Esto demuestra que, a pesar de contar con las herramientas, el poder y los recursos necesarios para hacerlo, el Gobierno Federal ha decidido priorizar e invertir en otras actividades, creando y manteniendo más factores de vulnerabilidad de los que se reducen. Otro ejemplo de ello es la extinción del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) que, desde su creación en 1996, fue un instrumento financiero eficiente para hacer frente a los desastres. Su desaparición incluyó también la eliminación del Fondo para la Prevención de los Desastres (FOPREDEN), instrumento que aportaba recursos para proyectos de prevención y reducción de riesgos. Así, la decisión de los legisladores deja a los mexicanos sin un esquema federal que aporte recursos para la prevención, y con ello, la probabilidad de que ocurra un desastre es mucho mayor.

Ejemplos de otros países
Existen ejemplos de países y ciudades que han establecido exitosas políticas enfocadas en la reducción de la vulnerabilidad, de los cuáles México podría aprender. Uno de ellos es Seattle, que en 1997 inició el programa “Project Impact”, a través del cual destinó recursos públicos a proyectos de participación ciudadana para la reducción de vulnerabilidad. Gracias al programa, la tasa de mortalidad tras el sismo de 2001 disminuyó considerablemente.

Decisiones y voluntad política
La respuesta a la pregunta inicial, ¿cómo reducir el impacto de los desastres?, es clara. Es necesario reactivar los fondos existentes para hacer frente a los desastres, pero sobre todo es urgente crear nuevas fuentes de financiamiento para proyectos enfocados en la prevención de desastres. Sin embargo, se necesita de la voluntad política de los legisladores y políticos para priorizar las inversiones a futuro que trasciendan las administraciones, lo sexenios y las legislaturas.

Aquí cabe recordar una idea de Kofi Annan, quien fuera el séptimo secretario general de las Naciones Unidas de 1997 hasta 2006: Construir una cultura de la prevención no es asunto fácil. Mientras que los costos de la prevención deben pagarse en el presente, sus beneficios yacen en un futuro distante. Además, los beneficios no son tangibles, sino que son aquellos desastres que no sucedieron.

Los recursos están ahí, pero es necesario que las personas en poder decidan invertirlos en actividades de prevención. Al no hacerlo, se está decidiendo activamente favorecer la creación de desastres.


1Maestro en Riesgo, desastres y resiliencia por la University College de Londres. Licenciado en Restauración de Bienes Culturales. Twitter @Cerebros_Fuga

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