Por María Cristina Pérez Venegas1
Mientras se aplican vacunas de forma masiva en el mundo, debemos tener presente que con ello no termina la crisis. Es precisamente ahora, mientras rediseñamos ‘la normalidad’, que debemos poner la lupa en la reconfiguración de nuestros arreglos políticos y sociales.
El provocativo filósofo marxista Slavoj Žižek afirmó en 2020 que, a partir de la pandemia que vivimos, quizá surja otro tipo de virus: “el virus de pensar en una sociedad alternativa, una sociedad más allá del estado-nación, una sociedad que se actualiza a sí misma en las formas de solidaridad y cooperación global”.
Lo cierto es que la pandemia no es tan solo una oportunidad de cambio, sino un grito de urgencia. Nos vemos forzados a tomar medidas nuevas y extraordinarias para mitigar las afectaciones que la emergencia sanitaria ha tenido sobre los más desfavorecidos.
Mientras se aplican vacunas de forma masiva en el mundo, debemos tener presente que con ello no termina la crisis. De acuerdo con el Banco Mundial (2021), estamos ante un aumento de la pobreza inédito en 20 años, calculando que más de 80 millones de personas han caído bajo la línea de pobreza extrema, según las estimaciones menos pesimistas.
Para el caso de América Latina en particular, el 2020 reportó más de 20 millones de nuevos pobres, y alrededor de 8 millones de personas cayeron en pobreza extrema (CEPAL 2021). El nivel de las medidas de protección social de emergencia implementadas por los gobiernos demostró ser insuficiente en la mayoría de los casos (teniendo en Brasil una excepción interesante).
De acuerdo con la encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre las preocupaciones de la población latinoamericana en torno al coronavirus SARS-CoV-2, la principal de esas preocupaciones es la caída en los ingresos, por sobre la salud (PNUD 2020).
Los efectos sociales del virus se ven agravados en América Latina debido a problemas estructurales como la elevada tasa de informalidad laboral, la magnitud de asentamientos urbanos marginados en expansión y sin acceso a servicios básicos, altos flujos migratorios y desplazamientos poblacionales, y grandes niveles de desigualdad (CEPAL 2021).
A esto habría que añadir que los déficits en la prestación y calidad de los servicios públicos se distribuyen con total inequidad entre barrios ricos y pobres, por lo que quienes habitan las áreas de marginación se ven más afectados por la pandemia considerando, por ejemplo, la falta de agua o el hacinamiento en los hogares y en el transporte público.
Según ha sugerido el director de la oficina de desarrollo humano del PNUD, Pedro Conçeicão, la crisis que nos aqueja en estos momentos es tan solo una entre otras que se avecinan, pues ya vemos cómo van en aumento los estragos del cambio climático. Tales crisis afectan sobre todo –y de forma desproporcionada– a los más vulnerables.
Pensemos que la precarización de quienes ya viven en estado de marginación no solamente conlleva deterioros de salud y alimentación, sino que puede implicar un aumento de la explotación laboral y la esclavitud moderna como formas de supervivencia, tal como lo advierte Tomoya Obokata, Relator Especial de Naciones Unidas en materia de formas contemporáneas de esclavitud.
Así también los menores de edad en estado de pobreza corren en riesgo de transitar al trabajo infantil ante la limitación de recursos para continuar su educación en línea debido al cierre de escuelas.
Tenemos frente a nosotros no solo un problema de salud, sino un conflicto sociológico que demanda respuestas de largo plazo.
La situación que nos presenta la pandemia insta a no demorar más en el establecimiento de un Estado de bienestar eficaz en Latinoamérica; una tarea que lleva largo tiempo pendiente según ha afirmado enfáticamente la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Ese organismo recomienda que nos dirijamos a un ingreso básico universal y que invirtamos en sistemas integrales y sostenibles de protección social.
Ante los estragos de la pandemia, la Alianza de Asociaciones de Salud Pública de las Américas ha llamado a los gobiernos a fortalecer los sistemas y políticas de protección social priorizando a las poblaciones vulnerables que están más expuestas a los impactos negativos de la crisis (personas mayores y discapacitadas, habitantes de la calle o de refugios, poblaciones sin acceso a saneamiento básico, trabajadores informales, y otros).
Se trata de un llamado a la solidaridad. No podemos ignorar más la irracionalidad de un sistema en el que, ante una contingencia, quien se ve más afectado –invariablemente y de forma dramática– es quien ya padece el asolamiento de la desigualdad y la pobreza en los estratos más bajos del orden socioeconómico.
Ya hemos visto además que altos niveles de desigualdad y pobreza menoscaban la cohesión social que es fundamental para evitar el conflicto. Altos niveles de pobreza laceran también la calidad de una democracia.
Estamos ante el momento clave para demandar un Estado de bienestar, enfatizando que el episodio histórico desatado por la pandemia no termina con la aplicación de una vacuna, sino que es precisamente ahora, mientras rediseñamos ‘la normalidad’, que debemos poner la lupa en la reconfiguración de nuestros arreglos políticos y sociales.
El mes entrante el Consejo Nacional del Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) dará a conocer su medición de la pobreza a nivel nacional y estatal 2018-2020. Estemos atentos a los resultados y partamos de esta coyuntura para retomar el valor radical de la solidaridad en la configuración de sociedades justas y en el combate a una ‘cultura de privilegios’.
1 Maestra en Teoría Política por la London School of Economics y Licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana. Twitter @Cerebros_Fuga
