Fuga de Cerebros | Cuauhtémoc Blanco dijo “no les ando preguntando” al juntarse con narcotraficantes. Autores: Alejandra Romero, Eduardo Chícharo y Luis Domínguez

Foto: Fuga de Cerebros

Por: Alejandra Romero, Eduardo Chícharo y Luis Domínguez[1]

Recientemente el  gobernador de Morelos, y ex goleador de las Águilas del América, Cuauhtémoc Blanco, se vió envuelto en un escándalo a raíz de la aparición de una “narcomanta” en la que se leen diversas amenazas hacia su persona. Así mismo,  El sol de México, publicó una fotografía en la que el ex futbolista aparece junto con presuntos líderes criminales, como Irving Eduardo Vera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el lugarteniente de la misma organización, Raymundo Isidro Castro “el ray”. De igual manera, en la imagen se reconoce a  Homero Figuero Meza “la tripa”, cabecilla del Comando Tlahuica. Ante las acusaciones, el gobernador de Morelos declaró: “no les ando preguntando a qué se dedican”.

El caso de Cuauhtémoc Blanco se suma a la interminable lista de casos que demuestran la existencia de relaciones comerciales, políticas y sociales, entre grupos delictivos y funcionarios del Estado. Sin embargo, estas relaciones han estado presentes prácticamente desde la consolidación del estado nacional y la existencia del tráfico de estupefacientes. Como lo señala el investigador, Luis Astorga:

Desde los inicios de la formación del campo del tráfico de drogas en México, éste adquirió características particulares, pues nació a la sombra de intereses del campo político y supeditado a él. Así continuó durante décadas. Lo que se modificó con el tiempo fue la mediación entre el campo político y el del tráfico de drogas.[2]

Aquí mencionaremos tres casos más de miembros del gobierno que han sido señalados por sus relaciones con el tráfico de drogas y cómo, por el contexto en el que vivieron, fue juzgada su participación. 

Pablo Macias Valenzuela

Pablo Macías Valenzuela y el Presidente Lic. Adolfo López Mateos. Archivo Casasola (1958).

Pablo Macías Valenzuela y el Presidente Lic. Adolfo López Mateos. Archivo Casasola (1958).

Para comenzar, hablaremos del caso del general Pablo Macías, quien gobernó el bronco estado de Sinaloa desde 1945 a 1950. Nacido en noviembre de 1891, en Sinaloa, decidió incorporarse al torbellino revolucionario a la corta edad de 20 años. A partir de entonces, escaló en la estructura militar revolucionaria y posrevolucionaria, desempeñando puestos en la región norte del país, mayoritariamente.[3]

Su trayectoria militar le permitió consolidar poder regional en su natal Sinaloa, mismo que lo llevó a ser considerado un buen elemento para ocupar la Secretaría de la Defensa Nacional durante el gobierno del presidente Ávila Camacho, cargo que ocupó desde 1940 a 1942. Posteriormente, en 1945, se postuló como candidato a ocupar la gubernatura de Sinaloa, resultando electo.

Si bien, el gobierno del general Macías se alineó con los esfuerzos federales del general Ávila Camacho y de Miguel Alemán para combatir el tráfico de drogas; el gobierno de Macías estuvo señalado por supuestos nexos con campesinos amapoleros de todo Sinaloa.[4] Además, el propio Macías fue acusado de haber orquestado el asesinato de su predecesor, Rodolfo T. Loaiza, muerto apenas un año antes de la toma de posesión de Macías.

De acuerdo con el académico Luis Astorga, Macías era “señalado por mucha gente como uno de los cabecillas de la banda de traficantes en drogas”. No obstante, estas notas solían perderse entre el apabullante volumen de publicaciones pagadas, en las que se refiere el eficaz papel del general Macías Valenzuela en contra del tráfico de drogas.

Las acusaciones al gobernador Macías no fueron fácilmente desestimadas, pero sí fueron olvidadas. Prueba de ello es que, hacia el final de su vida, en 1973, el Senado de la República lo condecoró con la medalla Belisario Domínguez; la máxima condecoración del Poder Legislativo.

Aunque Astorga recupera las constantes referencias periodísticas de la época, que mencionan a Sinaloa como la “sede del opio” y “madriguera de cientos de maleantes,” habría que mencionar que el narcotráfico no tenía ni de cerca las dimensiones actuales del fenómeno y; segundo, que su combate respondía a las presiones que Estados Unidos había emprendido desde la incipiente legalización de 1940[5].

Rubén Zuno Arce

Rubén Zuno Arce fue hijo del exgobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno. Nació en la Ciudad de México, donde cursó los estudios primarios. Como su padre, Rubén desempeñó diversos cargos públicos entre los que se cuentan haber sido legislador local; vocal de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO); delegado de la Confederación Nacional Campesina (CNC); entre otros.

A pesar de los puestos públicos que desempeñó, su notoriedad en la opinión pública nacional se debió a sus lazos familiares: en 1945, su hermana, Maria Esther Zuno, contrajo nupcias con el joven Luis Echeverria Álvarez, quien en 1970 se convirtió en el presidente de la República.

A finales de la década de los 80, en un viaje a San Antonio Texas, Zuno Arce fue detenido por el gobierno estadounidense y llevado a testificar a un tribunal en Los Ángeles, por su supuesta colaboración en el asesinato de “Kiki” Camarena; además de tener vínculos con poderosos narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo. Zuno Arce fue señalado como cómplice del crimen, dado que la propiedad en la que se torturó al agente estadounidense, constituyó parte de su patrimonio.[6]

Cabe destacar que, ante la falta de explicaciones por parte del gobierno mexicano, sobre la tortura y el asesinato del agente de la DEA, las investigaciones norteamericanas inundaron la opinión pública. De esta manera, las conjeturas estadounidenses sobre políticos relacionados con el crimen organizado, con o sin pruebas, desataron una cacería de brujas en la que más de un funcionario público se vió implicado.

Sin duda alguna, el caso Camarena fue un punto de inflexión en el entendimiento de cómo opera el narcotráfico en México; específicamente en las relaciones entre el gobierno y los narcotraficantes. Aunque la DEA señaló dicha relación, poco hizo para explicar cómo estas relaciones existían mucho antes de que la misma agencia antidrogas operara. Conviene señalar que éstas han estado presentes desde que se configuraron los mecanismos de poder surgidos a raíz de la prohibición.

José Gutierrez Rebollo

Originario de Jonacatepec, el General José de Jesús Gutiérrez Rebollo (1934-2013), fue un agente fundamental en el supuesto éxito del plan Canador (Cannabis-Adormidera), recibiendo elogios por parte de la prensa por la destrucción de plantíos de marihuana y amapola, así como la captura de semillas y hierba empaquetada.

Por sus méritos castrenses, fue nombrado comandante de la V región y de la XV zona militar de Jalisco, y para diciembre de 1996, fue designado titular del Instituto Nacional Contra las Drogas; nombrado por el entonces Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuellar.

En enero de 1997, viajó junto con Madrazo a Washington D.C., para discutir sobre el problema del tráfico de drogas en las relaciones bilaterales México – Estados Unidos, donde los recibió el “zar antidrogas,” Barry McCaffrey, Director de la Oficina Política Nacional de Control de Drogas. Irónicamente, días después de esta visita, el General Rebollo fue señalado por tener vínculos con el crimen organizado, particularmente con Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos;” a la luz de información que sugería que el general ocupaba un departamento de lujo propiedad de esta famoso narcotraficante.

Fue declarado culpable de más de una decena de cargos relacionados con el tráfico de estupefacientes. Por ello, recibió una sentencia de 40 años de prisión y una multa de más de 20 millones de pesos. Debido a serios problemas de salud, en el año 2011 fue trasladado al Hospital Militar, donde permaneció hasta su muerte, el 19 de diciembre de 2013.

Los nexos entre políticos y narcotraficantes

            Con estos ejemplos, podemos evidenciar que las relaciones entre el narcotráfico y el gobierno mexicano no son nuevas. Por el contrario, se pueden rastrear desde antes de que el tráfico de drogas representara un problema de primer nivel. Tal es el caso del general Macías. Sin embargo, habrá que advertir que con la presión estadounidense, el desenlace del general Macías dista mucho de los otros casos, como el del general Rebollo: mientras que Macías fue galardonado por el Estado, Rebollo fue censurado por el mismo aparato. Así, la diferencia de contextos condicionó la vida de los personajes, aunque ambos fueron señalados por los mismos delitos.

Bajo esta idea, podemos establecer que el narcotráfico no creció como un ente independiente del estado, sino que se construyó con la aceptación y venia de este. En otras palabras, narco y gobierno fueron consolidándose a la par. Empero, el gobierno y los narcotraficantes no son los únicos actores, habría que mencionar que otros sectores de la sociedad también participan de este tipo de negocios,  como los empresarios, banqueros y/o mineras (pero eso será tema para otro artículo).


[1] Por Alejandra Romero (@AleIntrovertida), Eduardo Chícharo (@lalocur_) y Luis Domínguez (@Lgdm99) historiadores integrantes del curso “Narcotráfico y Crimen Organizado en México” de la UNAM. Twitter @NCO_FFyL

[2] Luis Astorga, El siglo de las drogas, p. 126

[3] Para mayores datos biográficos sobre el general Macías Valenzuela véase: https://www.gob.mx/sedena/documentos/gral-de-div-pablo-e-macias-valenzuela.

[4] Luis Astorga, El Siglo de las Drogas, México, Ed. Penguin Random House, 2016.

[5] Eduardo Chícharo, Luis Dominguez y Alejandra Romero “La legalización de las drogas en México: así fue la política de Lázaro Cárdenas”, El Heraldo de México, 13 de agosto de 2021.

[6] Luis Astorga, El Siglo de las Drogas, pp. 179-180.

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