FGR busca reactivar órdenes de captura por La Estafa Maestra (por Aldo Canedo en OEM-Informex)

Tras dos negativas judiciales en menos de tres meses, la Fiscalía General de la República revisará los expedientes para intentar reactivar los procesos contra exfuncionarios de Sedesol

Aldo Canedo | OEM-Informex

La Fiscalía General de la República (FGR) reformulará las acusaciones contra exfuncionarios implicados en la Estafa Maestra con la que se desviaron más de siete mil 600 millones de pesos del erario durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las más recientes acciones de la FGR han sido infructíferas, pues en menos de tres meses jueces de control le han negado un par de solicitudes de órdenes de aprehensión contra colaboradores de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), principal dependencia involucrada en la estafa iniciada hace ocho años.

Pese al revés judicial, fuentes ministeriales confirmaron a El Sol de México que la FGR reformulará las acusaciones con el fin de obtener las órdenes de captura.

También declararon a este diario que la FGR tiene activa “una maquinaria” dedicada a este tema, con varias carpetas de investigación con órdenes de aprehensión vigentes, procesos activados y sentencias.

El caso se ha mantenido activo dentro de la Fiscalía a lo largo de los años, pese a varias trabas judiciales que han promovido algunos de los imputados

La Estafa Maestra fue una operación de desvío de recursos públicos federales a través de simulación de contratos y servicios, principalmente durante los años 2013 y 2014.

Según expedientes judiciales, la mecánica delictiva consistió en la simulación de contrataciones mediante adjudicación directa a entes públicos, como algunas universidades.

Estas entidades contratadas, como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), carecían de la capacidad técnica, material y humana para ejecutar los trabajos requeridos. Por ello, el esquema obligaba a estas entidades a subcontratar a empresas privadas, que en su mayoría resultaron ser empresas fachada.

Los reveses más recientes a la FGR se encuentran relacionados con las causas penales 114/2025 y 119/2025, contra Humberto René Islas Cortés y Sonia Angélica Zaragoza González, ambos exservidores públicos de Sedesol

Este proceso tenía el propósito de dispersar los recursos y dar una apariencia de legalidad, cuando en realidad no se realizaban los trabajos solicitados.

Los reveses más recientes a la FGR se encuentran relacionados con las causas penales 114/2025 y 119/2025, contra Humberto René Islas Cortés y Sonia Angélica Zaragoza González, ambos exservidores públicos de Sedesol, por el delito de uso Indebido de Atribuciones y Facultades, presuntamente relacionadas con la contratación indebida de servicios con recursos públicos.

En esas mismas órdenes está involucrado Jesús Alejandro Vera Jiménez, exrector de la UAEM, a quien se le atribuyó la hipótesis de formar parte en la contratación indebida.

Jueces de control negaron las órdenes de captura argumentando deficiencias en las investigaciones del Ministerio Público

Jueces de control negaron las órdenes de captura argumentando deficiencias en las investigaciones del Ministerio Público, como la atribución de diferentes hipótesis de un mismo delito al mismo inculpado, como en el caso de Islas Cortés.

O que el delito atribuido a Vera Jiménez dependía de que se acreditara primero el delito principal imputado a los servidores públicos que contrataron a la universidad.

El exrector de la UAEM fue procesado por delincuencia organizada, aunque quedó libre de la acusación de lavado de dinero

En consecuencia, el juzgado federal determinó que, ante las deficiencias, lo procedente era negar la orden de aprehensión y devolver la causa al Ministerio Público para que subsane las omisiones.

En el caso del exrector de la UAEM, la FGR lo consiguió detener y procesar penalmente el pasado 13 de noviembre por el delito de delincuencia organizada; aunque una jueza de control en Almoloya de Juárez lo libró del delito de lavado de dinero (relacionado con La Estafa Maestra) que le imputaba la Fiscalía.

Estas recientes búsquedas de órdenes de aprehensión se suman a la solicitud que la FGR hizo a un juez en el Reclusorio Sur en agosto pasado para citar a Emilio Zebadúa y solicitar la vinculación a proceso penal contra el ex Oficial Mayor de la Sedesol, aunque aún no se ha fijado fecha de audiencia.

El historial de órdenes en la Estafa Maestra

El 31 de octubre de 2020, en la Causa Penal 400/2020, un juez de control libró una orden de aprehensión contra 11 personas por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Entre los indiciados por estos delitos graves se encontraban María del Rosario Robles Berlanga, el propio exrector Jesús Alejandro Vera Jiménez, así como otros funcionarios de la Sedesol como Simón Pedro León Mojarro, José Antolino Orozco Martínez, María de la Luz Vargas Vargas, y María del Carmen Gutiérrez Medina.

La imputación se extendió a funcionarios de la UAEM, como Gerardo Ávila García y Wistano Luis Orozco García, y a representantes de empresas utilizadas en el esquema de desvío, como Gianni Obed Hernández Torres, Esteban Cervantes Rodríguez y Luis Antonio Valenciano Zapata.

La base de esta imputación radicó en que la Fiscalía acusó la formación de una organización jerarquizada de más de tres personas para cometer operaciones de lavado, utilizando la subcontratación de servicios a través de universidades y entidades públicas para ocultar el destino o movimiento de recursos públicos.

El caso más mediático al respecto corresponde a Rosario Robles, exsecretaria de Sedesol y Sedatu en el sexenio de Enrique Peña Nieto, quien fue señalada como una de las principales responsables de “La Estafa Maestra”. Robles Berlanga fue detenida en agosto de 2019 y permaneció tres años en prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla.

Tras múltiples recursos y revisiones, en octubre de 2024 la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó definitivamente su absolución en el caso principal de La Estafa Maestra, al determinar que las omisiones no configuraban delito penal sino faltas administrativas.

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