Irineo Mujica acusó al responsable de la política migratoria de tratar a extranjeros como si fueran reos
Roxana González y Alejandro Gómez/OEM-Informex
CDMX. En menos de una semana, el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió dos llamadas de atención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por su política migratoria. Luego de las imágenes de los enfrentamientos entre elementos de la Guardia Nacional y migrantes de la caravana 2020 en la frontera con Guatemala, cuatro oficinas de la ONU (ACNUR, UNICEF, ONU-DH y OIM) manifestaron su profunda preocupación por el uso de
la fuerza contra los indocumentados, que intentaban cruzar a México.
El miércoles, luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) anunciara que suspendía temporalmente el ingreso de organizaciones civiles a las estaciones migratorias, las mismas cuatro agencias de la ONU en México, manifestaron, a través de redes sociales, que su contribución es clave en casos de afluencia masiva de migrantes y solicitantes de asilo, obligando a la Secretaría de Gobernación, tres horas después, a rectificar la medida.
Francisco Garduño, titular del INM, declaró ayer en la Cámara de Diputados que el 1 de febrero reabrirán las estaciones migratorias a al menos 10 organizaciones de la sociedad civil.
Incluso, Alejandro Solalinde, padre y defensor de derechos humanos, responsabilizó al titular del INM, Francisco Garduño Yáñez y al subsecretario de población y migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, de restringir el ingreso de las asociaciones civiles y religiosas en las estaciones migratorias. “Desde 2019, Segob ha mostrado su ineptitud y contradicciones en materia migratoria. El responsable del oficio restrictivo al ingreso para estaciones del INM, no es el encargado de trámites; él no se manda solo, sino por orden del Comisionado y Alejandro Encinas. ¿Cuándo escucharán a la sociedad civil?”, escribió en su cuenta de Twitter y exigió la renuncia de Encinas.
En ese sentido, Irineo Mujica, director de la organización “Pueblos Sin Fronteras”, acusó a Garduño Yáñez de tratar a los migrantes como si fueran reos. “Se empeña en convertir a las estaciones migratorias en una cárcel”, dijo en entrevista con El Sol de México.
En medio de las críticas de la oposición y de organismos internacionales, el subsecretario Ricardo Peralta dejó claro el espíritu de la actual política en el tema al argumentar que los migrantes “están acostumbrados al desorden y a lo ilegal”, por lo que en México hay un gobierno firme, que defiende la legalidad y los principios constitucionales.
Además, México enfrentará más presiones en su la política migratoria desde la Casa Blanca. El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) inició ayer el envío al país de ciudadanos brasileños para que esperen sus audiencias en los tribunales estadounidenses para definir su estatus
migratorio.
Los brasileños fueron enviados a México bajo el programa conocido como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un acuerdo bilateral que estipula que “aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México”, donde podrían esperar la
resolución de sus peticiones.
La política había aplicado únicamente para ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, pero el Departamento de Seguridad Nacional decidió incluir también a personas con nacionalidad brasileña.
De acuerdo con el último informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre las Estaciones Migratorias, en México sigue imperando una política de contención y de detención, privando de la libertad a las personas en recintos que evidencian carencias y malas condiciones de trato.
“Las condiciones y características estructurales y de administración de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, en las que los indocumentados son privados de su libertad en tanto se resuelve su condición migratoria en el país, mantienen el modelo carcelario, en el que permanecen en celdas bajo llave y sometidas a un tratamiento similar al que reciben aquellas personas que han infringido la ley penal. La dignidad de quienes está detenidas en los recintos migratorios se subyuga a la protección de la seguridad nacional”, destaca el documento.
Asimismo, advierte que un número indeterminado de personas migrantes se encuentran alojadas en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del INM en condiciones de hacinamiento y sobrepoblación que interfieren con el pleno acceso a sus derechos humanos, circunstancia que ha derivado en eventos violentos al interior de los mismos, poniendo en riesgo la seguridad e integridad personal, tanto de quienes prestan sus servicios en dichos sitios para instituciones públicas o privadas, como para las mismas personas detenidas.
Para Javier Urbano, profesor e investigador, el problema que se tiene en este país es que no hay una planificación, diseño, ni idea clara de cómo deben gestionarse las movilidades humanas, además de que el gobierno debe entender la diferencia sustantiva entre contener y reprimir la entrada de migrantes. “El gobierno mexicano sigue obsesionado en que la medida del éxito de la política migratoria es qué tanta gente se detiene y qué tanta gente se contiene; y creo que la lectura es errónea de origen, errónea en la ejecución y errónea en la instrumentación”, dijo.
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