Espejos lejanos (mexicanos). Autor: Federico Anaya Gallardo

Poco se ha discutido en términos criminalísticos o forenses del caso del ciudadano Del Río Virgen, detenido y sujeto a proceso en Veracruz por la trama Cazones 2021; pero en los mentideros políticos mucha tinta se ha usado y más saliva ha corrido. Con explicable rabia, el líder nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro, ha propuesto la desaparición de poderes en el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Sin embargo, los pasos dados en el Senado de la República a ese efecto poco tienen que ver con lo previsto en la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, aprobada en diciembre de 1978 y nunca aplicada.

Ahora bien, que la ley de esa materia no se haya aplicado en 43 años no significa que no hayan existido casos de desaparición de poderes; pero todos ocurrieron antes, cuando no había ley. Un breve recuento histórico nos ayudará a entender el tema del que habla tan ligeramente el senador Delgado.

La idea de que el Senado puede declarar que han desaparecido los poderes no existía en la Constitución de 1857 porque, de entrada, no existía Senado. La gran constitución liberal preveía un congreso federal unicameral para fortalecer al legislativo contra un ejecutivo de tendencias tiránicas (Santa Anna, Alemán, Miramón). El problema es que cuando había problemas en los estados las facciones enfrentadas acudían a la capital federal a pedir apoyo –lo cual trasladaba las crisis al ámbito nacional. En teoría, la suprema corte debería atender la mayoría de esos casos pero este arreglo politizaba al máximo tribunal. Esta es una de las razones por las que los presidentes Juárez y Lerdo propusieron restablecer el Senado. Tenían razón.

En 1872 el gobernador y la legislatura yucatecas ampliaron su mandato y un movimiento político los expulsó del estado. Presidente y Congreso federal declararon suspensión de garantías y restablecieron el orden; pero entonces quedó claro que no había reglas para sustituir los poderes estaduales que habían dejado de funcionar. Un año más tarde, un conflicto entre la legislatura de Saltillo y su gobernador llevó al mismo problema. El Congreso federal aprobó que el presidente nombrase un gobernador interino para que este convocase a los coahuilenses a nuevas elecciones. En 1874 se reestableció el Senado y se le confirió la facultad de intervenir en la política interior de las entidades federativas para asegurar en ellas el orden republicano y democrático. Esta atribución pasó luego a la Constitución de 1917.

Juárez y Lerdo también se inspiraron en la experiencia estadunidense. En los 1870, la hermana república al norte del Río Bravo venía saliendo de su mayor crisis constitucional y la solventó mediante la intervención directa del poder legislativo federal, que dictó desde Washington el modo en que debía reestablecerse el orden constitucional en los estados rebeldes del sur (le llaman The Reconstruction Era). La intervención de la legislatura federal incluía la ocupación militar del territorio, la supervisión de las elecciones estaduales y la vigilancia de las élites locales para evitar que los esclavistas reorganizaran su aparato político.

La facultad senatorial mexicana nunca se ha extendido tanto. Pero su intervención puede ser profunda. Por ejemplo, en 1948 la desaparición de poderes en Hidalgo incluyó a todos los ayuntamientos –por el prurito de que la constitución hidalguense también los llamaba “poderes”. Puedes apreciar, lectora, que la capacidad potencial del Senado es impresionante. En el momento de mayor poder del viejo régimen, cuando el “Señorpresidente” controlaba todo, se podía cambiar completamente a todos los funcionarios electos de un estado y al poder judicial –¡incluso a nivel de jueces! Y, atención: todas las desapariciones de poderes realizadas en México se hicieron sin una ley reglamentaria y mostrando una tendencia a abusar políticamente del mecanismo.

En 1979, Jorge Carpizo hizo una pequeña reseña de la entonces nueva ley de 1978 y apuntó que antes de que ésta se emitiese había “sido primordialmente la secretaría de gobernación la que ha hecho la petición” al Senado y que, con la ley reglamentaria “se le suprime al ejecutivo esa posibilidad”. De acuerdo al artículo 3 de la ley (aún vigente), pueden pedir que se declaren desaparecidos los poderes de un estado “senadores, diputados federales o … ciudadanos de la entidad”. Sagaz, don Jorge agregó que “todos sabemos que con facilidad el ejecutivo federal le puede solicitar”a los legisladores cualquier cosa. (“Reseña Legislativa” en Legislación y Jurisprudencia, México: IIJ-Unam-Iij,  Septiembre-Diciembre 1979, Liga 1.)

Casi medio siglo después, la Ley de desaparición de poderes no se ha aplicado –pese a que ha habido gravísimos trastornos en el orden constitucional de los estados, como las crisis del EZLN en Chiapas (1994) y de la APPO en Oaxaca (2006). En ambos casos, el “Señorpresidente” decidió no pedirle nada a los legisladores. Podemos sospechar que tanto Zedillo como Fox lo hicieron por prudencia, para no recargar aún más la responsabilidad política de la Federación administrando provisionalmente un estado federado. Pero los resultados fueron desastrosos. En Chiapas el remedo de gobierno estadual, bajo Ruiz Ferro, se involucró directamente en la formación de grupos paramilitares. En Oaxaca, Ulises Ruiz pudo terminar cínicamente su periodo de gobierno dejando una cauda de violaciones a los derechos humanos.

Conviene regresar otra vez a los orígenes. En 1878, en un Voto Particular en el Caso León Guzmán (Puebla), el ministro de la suprema corte Ignacio L. Vallarta declaró su opinión sobre estas atribuciones del Senado: “Dieron rudo golpe a la soberanía de los estados, ensanchando indebidamente la esfera de acción del poder federal. En mi sentir, esas facultades dadas al Senado han sido una de las causas que derrocó a la anterior administración [Lerdo de Tejada], y creyéndolo así, he hecho cuanto en mi posibilidad ha estado para que se restablezca el equilibrio entre los poderes federal y local, perturbado por completo con la injerencia dada al Senado en las cuestiones locales.”

Sumemos las opiniones de los juristas Vallarta y Carpizo. El poder del Senado de desaparecer los poderes electos en una entidad federativa es excesivo, dice el primero. El segundo nos recuerda que cuando se discutió en nNoviembre 1970 una ley reglamentaria, los legisladores dictaminaron que el tema “contiene más un fondo político que un problema esencialmente jurídico” y por lo mismo “resulta imprudente pretender circunscribir[lo] a un texto legal”, porque “no puede preverse la multitud de variedad de casos en que por razones políticas deba declararse la desaparición de poderes de un estado”. Esto pensaban los priístas de la Era Echeverría: el poder presidencial era ya demasiado y reforzarlo a través del Senado era un exceso. De hecho, Echeverría fue el último en aplicar la desaparición de poderes: En Guerrero (1975) en vista de que se había girado orden de aprehensión contra el gobernador Caritino Maldonado por el delito de fraude; y en Hidalgo (1975) acusando al gobernador Manuel Sánchez Vite de establecer un “sistema autocrático en la entidad”.

Los casos de 1975 permiten jugar con paralelos de 2021. El gobernador tamaulipeco de hogaño está acusado penalmente, como el guerrerense de antaño, ¿por qué no desaparecer poderes? Hoy el senador Delgado acusa al gobernador veracruzano de romper la división de poderes y violar los derechos humanos, tal como ayer se acusó al hidalguense de ser un autócrata. Vallarta y Carpizo nos recomendarían ser cautelosos. Los sistemas federales son máquinas muy complejas y delicadas.

Agreguemos que –en buena hora– el pluralismo ha sentado sus reales en el corazón de nuestras instituciones. ¿No es interesante que el senador morenista Monreal haya acordado tener como secretario técnico de su Junta de Coordinación Política a un cuadro central de MC, cercanísimo al líder de los senadores emeceístas? A la complejidad estadual-federal hay que agregar la complicación de los intereses electorales de partidos y grandes políticos. Si el Senado declara desaparecidos los poderes, el presidente debe mandar una propuesta de sustituto a la cámara alta, que nombrará a ese extraño “gobernador provisional-senatorial”. Pero, ¿y si un Senado plural decide que no le gusta la terna presidencial? ¿o si no se logra mayoría para decidir? ¿El presidente puede mandar otras ternas? ¿O es la mesa directiva del Senado quien propone otra terna? ¿Y qué ocurre con los electorados de cada Estado?

Las preguntas que hago demuestran que Vallarta tenía razón. El mecanismo perturba gravemente el sistema federal –por más que las facciones que lo activen aleguen que están defendiendo la República. Si no se usó para detener los abusos de los gobernadores Ruizes de Chiapas y Oaxaca, ¿conviene dejarlo al contentillo de las cábalas partidistas?

Ligas usadas en este texto:

Liga 1:
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2331/5.pdf

Federico Anaya-Gallardo
Federico Anaya-Gallardo

Abogado y politólogo. Defensor de derechos humanos. Ha trabajado en Chiapas, San Luis Potosí y Ciudad de México. Correo electrónico: agallardof@hotmail.com

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