EPN no irá a juicio político jamás. Autor: Iván Uranga

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Leyes hay, lo que falta es justicia.
Ernesto Mallo

El primero de diciembre se venció el plazo de ley

Se cumple un año del gobierno autoproclamado “La Cuarta Transformación” encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pero también se cumple el plazo legal en el que se podía establecer un juicio político a Enrique Peña Nieto (EPN) y cualquiera de los funcionarios que integraron su gabinete; según la ley (1) “el juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones”, por lo que este primero de diciembre se venció el plazo para que EPN y sus compinches puedan ser juzgados políticamente por el Congreso de la Unión, que no es un problema menor ya que de declararse procedente el juicio político se les puede consignar penalmente, pero mínimamente se les inhabilitaría para ejercer la función pública. ¿Se imaginan que a Felipe Calderón lo hubieran inhabilitado para ser funcionario público de nuevo? Nos evitaríamos tener que escuchar sus absurdas pretensiones de regresar al poder político a seguir robando.

Rosario Robles y La Estafa Maestra

Actualmente a la única ex funcionaria peñista a quien le iniciaron el juicio político en tiempo es a Rosario Robles y será su ex compañero Pablo Gómez Álvarez quien presidirá la Sección Instructora encargada de elaborar el proyecto de dictamen que se elevará al Senado de la República en febrero de 2020. En el caso de Robles se le imputa su participación en “La Estafa Maestra”; en 2017 salió a la luz una investigación periodística conocida como La Estafa Maestra, misma que ahora vuelve a la coyuntura nacional tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para abrir proceso sólo a una de las decenas de personas presuntas implicadas: Rosario Robles.

La Estafa Maestra reveló que el gobierno federal utilizó 186 compañías para desviar siete mil 670 millones de pesos de contratos que violaron la Ley General de Adquisiciones, contratos que fueron reportados en las cuentas públicas correspondientes a 2013 y 2014, pero entregados a empresas fantasmas.

En el desvío habrían participado directamente 11 dependencias federales y la modalidad que se usó fue que pagaron a universidades para contratar supuestos servicios y estas, a cambio de una comisión de mil millones de pesos, entregaron ese dinero a empresas fantasmas e ilegales.

Dos de las dependencias involucradas son: la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el periodo a cargo de Rosario Robles; Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), en ese entonces a cargo del actual gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo, estando Enrique Peña Nieto como presidente.

La SEP en el periodo de Emilio Chuayffet; Petróleos Mexicanos (Pemex), con Juan José Suárez y Felipe Calderón como presidente de la República, y continuaron en la gestión de Emilio Lozoya, así como el Fovissste, en la administración de José Reyes Baeza Terrazas, entre otras.

El grueso de los contratos fue asignado por la Sedesol, Pemex y Banobras, aunque se comprobó también la participación de otras dependencias, teniendo al frente a funcionarios que podrían ser juzgados:

  • Secretaría de Agricultura como responsable en ese periodo a Enrique Martínez y Martínez
  • Instituto Nacional para la Educación de los Adultos como responsable en ese periodo a Alfredo Llorente Martínez
  • Registro Agrario Nacional como responsable en ese periodo a Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez
  • Secretaría de Comunicaciones y Transportes como responsable en ese periodo a Gerardo Ruiz Esparza
  • Secretaría de Economía como responsable en ese periodo a Ildefonso Guajardo
  • SEP como responsable en ese periodo a Emilio Chuayffet
  • Fovissste como responsable en ese periodo a José Reyes Baeza Terrazas

Las universidades involucradas son:

  • Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (Fondict)
  • Universidad Autónoma del Estado de Morelos
  • Universidad Autónoma del Carmen (Campeche)
  • Universidad Popular de la Chontalpa (Tabasco)
  • Universidad Juárez Autónoma (Tabasco)
  • Politécnica del Golfo de México (Tabasco)
  • Instituto Superior de Comalcalco (Tabasco)
  • Universidad Tecnológica de Tabasco

Llama la atención que sólo se le iniciara proceso a Rosario Robles, primero porque el juicio político tiene dos posibles castigos desde el Congreso: la destitución o la inhabilitación, y, en el caso de Robles, ella ya no es funcionaria y ya fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval, por lo que no podrá ser funcionaria pública hasta 2029. Además, una de las acusaciones en el Congreso se remite a cuando ella era secretaria de Desarrollo Social, ya pasó más de un año de que dejara dicha función, y por lo tanto ya prescribió.

El perdón de AMLO

No existe ninguna disculpa para que el mismo procedimiento de juicio político se hubiera iniciado contra los otros ex funcionarios que es de dominio público su desvergüenza criminal, como el caso del ex secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza, que fue el instrumento neoliberal para el despojo de tierras comunales, pasó sus carreteras por encima de templos ceremoniales con la ayuda de la fuerza pública y es responsable directo de la pérdida de vidas como en el caso del “socavón de Cuernavaca”, o la omisión más significativa del Congreso que es el actual gobernador del Edomex Alfredo del Mazo y el mismo Peña Nieto.

Se infiere que López Obrador tiene un pacto de impunidad con EPN; unas horas después de las elecciones del 1ro. de julio de 2018 AMLO se reunión con EPN y declaró: “Les puedo decir que en el proceso electoral, el presidente Peña Nieto actuó de manera responsable. Y lo reconozco. Siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Son cosas que se tienen que reconocer. No hubo una intervención facciosa del aparato del Estado en el proceso electoral. Esto no se había visto en los últimos tiempos”. Después el 21 de noviembre declaró “Invité al presidente Peña a comer a mi casa para agradecerle mucho por dos situaciones; que haya sido respetuoso el día de la elección y los días anteriores, el que no se haya involucrado, porque yo padecí de presidentes que se involucraron y le hicieron mucho daño al país por imponer a los sucesores”. Y el día 22 de noviembre expuso: “Pero si tú durante años padeces de fraudes electorales no te la crees tan fácil. Eso me lleva a tenerle una consideración especial al presidente Peña Nieto. Pero el Presidente de la República, y me consta, por muy debilitado y por muy tonto que sea, si decide hacer daño lo logra” y aunqueel 21 de noviembre de 2018 se comprometió públicamente durante una entrevista televisiva con Carmen Aristegui de que el 21 de marzo se haría la consulta pública para que el pueblo fuera el que decidiera si se juzga a los ex presidentes, hoy 7 meses después de cumplido el plazo ya no se quiere tocar el tema y en cada ocasión que se le imputa al respecto sigue afirmando que pronto sucederá, el último plazo que dio fue que se haría en cuanto la nueva ley permitiera la consulta, dicha ley fue aprobada el pasado 28 de noviembre por lo que la Consulta legal ya no es un obstáculo, pero como el Presidente ha repetido por lo menos 100 veces que en caso de que se dé la consulta él votará en contra del juicio a los ex presidentes porque está a favor del “punto final” y que no se quiere desgastar en el pasado, aunque no pierde oportunidad para denunciar ese mismo pasado que le sirve todos los días para compararse “porque ya no es como antes” insiste en decir, como si ya hubiéramos olvidado a nuestros cientos de miles de muertos, Ayotzinapa, Atenco, Nochixtlán, Tanhuato, Aguas Blancas, Acteal, ABC y todas nuestras luchas.

El alto grado de aceptación con que cuenta AMLO y el fuerte ascendente que tiene con los más necesitados, que son la gran mayoría de los mexicanos, nos lleva presuponer que si algún día se da esta consulta es probable que pierda la justicia y que todo este circo mediático en contra de Rosario Robles, le sirva como le sirvió a sus antecesores el juicio a La Quina o a la La Maestra para crear la falsa creencia de que no hay impunidad.

La importancia del juicio político radica en que el mismo Congreso de Unión puede enviar los elementos del juicio ante la justicia penal, pero nos quedamos con las ganas de que los legisladores hicieran su trabajo, y ahora nunca jamás EPN podrá ser llevado a juicio político por sus crímenes y deberemos esperar a que el pueblo no olvide y rebase a AMLO en su mentada fraternidad universal que lo lleva a “perdonar” a EPN y exija la consulta y pida justicia.

Existe un marcado dejo de nostalgia del actual jefe del ejecutivo nacional por los gobiernos priistas de antes de Carlos Salinas de Gortari por lo que más que pos-neoliberalismo, como llama a su cuarta transformación, en los hechos se acerca más a un pre-neoliberalismo. Por lo pronto lo positivo que podemos sacar del juicio político contra Rosario Robles, es que por un lado podremos ver al símbolo de la traición a la izquierda revolucionaria de México ser juzgada y por otro que se sienta el precedente en el Congreso de la Unión, para comenzar, por fin, a hacer juicios políticos, porque aunque usted no lo crea en México nunca se ha (había) llevado a cabo un juicio político desde que la Constitución de 1917 entró en vigor. Y no es porque en este país ningún alto funcionario haya cometido jamás actos u omisiones que afecten los intereses públicos y su buen despacho en contravención de normas constitucionales o legales, la realidad es que en los últimos 101 años los pactos de impunidad como el de AMLO con EPN siempre han estado presentes.

La vida es una construcción consciente.
Iván Uranga
@CompaRevolución
iuranga@cnpm.mx

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