El objetivo es que este delito se persiga de oficio y no dependa de la presentación de la denuncia, indicó la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy
Jorge Salcedo / OEM-Informex
La consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, informó que el Proyecto de Ley General para Prevenir, Investigar y sancionar la extorsión fue enviado a la Cámara de Diputados, una iniciativa que sube al rango de ley y busca armonizar las normas y los esfuerzos del Gobierno federal para enfrentar y frenar el avance de este delito en el país.
La iniciativa, presentada por Godoy durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, plantea integrar la Ley de la Delincuencia Organizada, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Extinción de Dominio “para prever que el delito de extorsión sea susceptible a la extinción de dominio”.
“Lo que se pretende es que todas las entidades federativas y a nivel federal, el delito de extorsión cuente con los mismos elementos y se persiga de oficio por parte de las autoridades y que no se dependa de la presentación de la denuncia para su investigación”, indicó.
Precisó que “las penas están planteadas de seis a 15 años de prisión y se determinará a partir de una serie de agravantes, como por ejemplo en el cobro de piso; o cuando las víctimas son personas migrantes o menores de edad; cuando son servidoras públicas quienes lo realizan o que lo realicen desde un centro penitenciario”.
La consejera jurídica de la Presidencia recordó que, el pasado 9 de octubre, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma al artículo 73 de la Constitución que otorgó facultades al Congreso de la Unión para emitir una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar este delito, y que se desarrolló este planteamiento a través de una mesa técnica integrada por varias dependencias del gobierno mexicano.
También enfatizó que estas disposiciones hacen frente al avance de la extorsión y que requiere de una intervención reforzada y coordinada de las instituciones del estado mexicano para su erradicación.
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