Últimamente es usual hablar de Lawfare o guerra judicial o guerra jurídica. Arantxa Tirado Sánchez escribió un muy buen libro sobre el tema, cuyo subtítulo es Golpes de Estado en nombre de la ley. (Akal, 2021). Siguiendo al abogado Enrique Santiago, Tirado nos dice que este tipo de guerra hace “uso ilegítimo del derecho interno de cada país o del derecho internacional” dentro del debate político. En su forma más burda, el atacante escoge actos en los que haya unanimidad de repudio, se los imputa al enemigo para hundir su prestigio. El Lawfare requiere una campaña de culpabilización –y para ello se necesita que la acusación tenga resonancia en los medios. ¡Atención! Los medios son esenciales en este tema.
En México vivimos el caso un poco antes que en el resto de América Latina. Por décadas, las y los profesores de derecho agrario en las facultades de Jurisprudencia nos habían contado cómo las y los funcionarios de la Reforma Agraria incumplían las sentencias de amparo, denegándole a comuneros y ejidatarios la entrega de tierras que ya se les habían asignado. En teoría, todas esas personas cometían un delito federal y debieron ser acusadas por el Ministerio Público de la Federación. Había directores generales, secretarios y gobernadores involucrados. Nunca ocurrió. Pero en 2004, cuando así sirvió a los intereses políticos de la derecha, el supuesto incumplimiento de una suspensión de amparo durante la apertura de una calle en la zona de Santa Fe, derivó en acusación penal contra el Jefe de Gobierno López Obrador y, como en ese tiempo ese cargo tenía protección constitucional contra acusaciones penales (fuero), en un juicio de desafuero ante la Cámara de Diputados.
El desafuero de López Obrador ilustra el principal defecto de la guerra judicial (Lawfare): tanto la estrategia general como las tácticas específicas pueden ser utilizadas por todas las partes en conflicto. Los actores políticos deben ser conscientes que iniciar una Lawfare puede terminar enredándoles a ellos mismos en un galimatías muy perjudicial. Esto último es una verdad de Perogrullo (que no debería decirse, por lo obvio) pero explica por qué los procedimientos jurídicos realmente políticos (el impeachment o juicio político y los comicios revocatorios de mandato) son poco usuales. Son una especie de nuke o “arma de destrucción masiva” que puede alterar irremediablemente el arreglo institucional.
Lo último que te comento, lectora, se vió claramente en aquellos heroicos días chilangos de 2004: los promoventes del desafuero contra López Obrador estaban como locos criticándole a Andrés Manuel que no hubiese promovido amparo contra el procedimiento. (Como, por contra-ejemplo moderno, sí ha amparado el gobernador Samuel García de Nuevo León contra el juicio político que le han iniciado sus opositores en la Legislatura neoleonesa.) Los actores políticos saben de la capacidad destructiva del Lawfare y apuestan a que su adversario se esconderá en las complicaciones de la defensa técnico-jurídica.
Los panistas chilangos de 2004 (igual que los panistas-priístas regios de 2023) prefieren que el acusado se defienda con recursos judiciales. ¿Por qué? Porque esas defensas serán percibidas por el público (por el electorado) como trampas o chicanadas “que ocultan algo”. Es decir, la defensa del acusado lo hunde aún más. Aparte, ese tipo de defensa sólo hace más largo el proceso y potencia los daños que causa el Lawfare.
En 2004, la decisión de AMLO de no interponer amparo obligó a sus acusadores a llevar el caso hasta el pleno de la Cámara de Diputados, adonde la mayoría de derechas debió escuchar al Jefe de Gobierno en defensa antes de decidir en su contra. Aparte, el asunto fue televisado, y López Obrador se reunió con sus seguidores en el Zócalo justo antes de ir a comparecer a la Cámara de Diputados. (En ese momento, el terror de la derecha es que llegase a San Lázaro encabezando una marcha. Lo pensamos. Andrés Manuel decidió detener esa idea.) López Obrador impuso la narrativa del héroe que es perseguido por sus políticas populares. En las manifestaciones, muchas personas llevaban pancartas que rezaban “¡Peje el Toro es Inocente!” identificando al entonces Jefe de Gobierno con aquel personaje popular y legendario de Pedro Infante, Pepe el Toro.
Dicho lo anterior, veamos dos casos pequeños de Lawfare que acaban de ocurrir en nuestro país. En comentarios previos he analizado cómo se eligen las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). Antes de la designación, se escoge a siete personas para formar un Comité Técnico de Evaluación (CTE). En realidad, el único requisito duro para estar en el CTE es que la persona tenga “reconocido prestigio”. En el CTE 2014 estaba Jorge Moreno Collado, un destacado priísta, siempre disciplinado al partidazo. En el CTE 2017 estaba Sergio López Ayllón, quien dirigía el CIDE en esos años y estaba absolutamente alineado al consenso neoliberal de los gobiernos del PAN y del PRI. En el CTE 2020 estaba Diego Valadés, quien había sido parte del gabinete salinista y quien ya se perfilaba como uno de los críticos más serios de la Cuarta Transformación.
Repaso quiénes habían estado en los CTE para que entendamos mejor el contexto de la siguiente acción de Lawfare. El 25 de febrero de 2020, la CNDH nombró a John Mill Ackerman Rose como parte del CTE. Tres días más tarde, el 28 de febrero, el PRD y Movimiento Ciudadano impugnaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, o Trife) esa designación. El diputado Adolfo Torres Ramírez y el PAN presentaron demandas a fin de impugnar la instalación del Comité de Evaluación, por parte de la Junta de Coordinación Política. El agravio central de las impugnaciones era que Ackerman pertenecía al Instituto Nacional de Formación Política (INFP) de Morena.
El Trife resolvió a favor de Ackerman y lo sostuvo en su puesto como miembro del CTE. Primero, porque el INFP-Morena no se había instalado formalmente al momento del análisis. Segundo, porque el INFP-Morena “no es un órgano de dirección del partido porque solamente tiene funciones educativas”. (Liga 1, el comunicado del Trife.) Haber decidido de otra manera, abría la posibilidad de que Morena impugnase a su vez a Diego Valadés. La resolución del tribunal en ese 2020 fue prudente, dado que desorganizar el CTE era boicotear el complejo proceso de análisis de candidaturas y formación de quintetas. Por otra parte, la presencia simultánea de Ackerman y Valadés aseguraba que sus contrapuestos posicionamientos ideológicos estuviesen presentes dentro del CTE. La neutralidad no existe. Lo que es posible es la pluralidad. (Para ver la sentencia completa del Trife, vé a tu buscador e inserta “SUP-JE-9/2020 y acumulados” en la Liga 2.)
Sin embargo, la polarización política ha seguido aumentando. Para conformar el CTE 2023, la CNDH propuso originalmente a Ernesto Isunza Vera y a María del Socorro Puga Luévano. El primero es un académico adscrito desde hace mucho al Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social (Ciesas) campus Golfo (en Xalapa, Veracruz). La segunda fue demonizada por Reforma. En una nota de Martha Jiménez, este diario reportaba que Puga Solórzano tenía simpatías por Morena, que alguna vez fue candidata a regidora por ese partido y que su hermana era militante. Si con ese estándar juzgásemos a Moreno Collado o a Diego Valadés, los CTE de 2014 y 2020 deberían ser anulados. Pero Reforma pasó de la demonización al vilipendio. Nos reportó que Puga era “carrera trunca en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León” –es decir, que sólo tiene la preparatoria terminada. Que “en el IMSS llegó a ser jefa de oficina de plantillas (Recursos Humanos)” –es decir, muy poca cosa. Y que sus certificaciones eran “en yoga de la risa por Hilarante México Filosofía Dr. Kataria Laughter Yoga Internacional y coach con Interbrain Coaching” –es decir, que no era seria. (Cualquier eco del fraile fanático Jorge de Burgos en El Nombre de la Rosa es correcto, lectora.)
Como el argumento de la simpatía política no había surtido efectos en 2020, ahora se intentó impugnar a las dos personas propuestas por la CNDH de otro modo: desde el Consejo de la CNDH. El argumento era que la actual ombudswoman, Rosario Piedra Ibarra debería haber consultado a los consejeros antes de hacer las propuestas. Para ello, seis consejeros ciudadanos de la CNDH promovieron un Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (SUP-JDC-1491/2022) en el cual argumentaron que Piedra Ibarra estaba obligada a darles a conocer de antemano las propuestas que se harían para el CTE. El problema es que el Consejo de la CNDH no tiene esa atribución. (La debilidad de este consejo ha sido denunciada por las izquierdas desde hace años, pero el prianismo se negó siempre a darle más atribuciones a ese órgano colegiado.) Por lo mismo, el Trife decidió en contra de las y los consejeros.
Sin embargo, Rosario Piedra Ibarra dio un paso atrás y retiró la propuesta de Puga Solórzano, sustituyéndola por la maestra Araceli Mondragón González, profesora de tiempo completo en la UAM-Xochimilco, cuya línea de investigación es la sociología política de las transformaciones estatales contemporáneas. Mondragón González estudia actualmente la memoria y función utópica como claves de la interpretación en la articulación y resistencias en los movimientos sociales; y realiza estudios locales de diversidad cultural. Ya no hubo vilipendio. La maestra Mondragón guarda la apariencia académica –aunque sus líneas de investigación no sean del gusto del mainstream neoliberal del que proviene Sergio López Ayllón (quien, por cierto, repite como miembro del CTE 2023 pese a su público posicionamiento contra la Cuarta Transformación). El perfil popular y comprometido de Isunza Vera tampoco les gustaba, pero los pergaminos de Ernesto son irrebatibles. (¡Conviene terminar los grados!)
Los litigios sobre los CTE 2020 y 2023 son el anuncio de nuevas y mayores confrontaciones. La senadora panista Rabadán amenazó con iniciar juicio político (impeachment) contra la presidenta de la CNDH después de su primera propuesta (Isunza y Puga). La oposición de derechas en la Cámara de Diputados decidió no pelear más (faltaba decidir las tres personas del CTE propuestas por la Jucopo de San Lázaro). Pero esa historia la abordaré aquí la semana que viene.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/3805/0
Liga 2:
https://www.uv.mx/representacion/sintesis-informativa/reprochan-a-piedra-evaluadores-de-ine/
Liga 3:
https://www.te.gob.mx/buscador/
