En Michoacán pierden expedientes y no investigan desapariciones (nota de Gilbert Gil en en15días)

Foto: en15días

Moisés Orozco Medina, Leonel Orozco Ortiz, Leonel Orozco Medina, Guillermo Alejandro Ortiz Ruiz, Vianey Heredia Hernández, Joab Ponce Gómez, Berenice Ponce Bernal, Jaime Reyes Sánchez, Alejandra Rocha Chávez, América Yazmín Paleo Ángel, Miguel Contreras Pineda, Karen Edith Días Pérez, Juan Manuel Orozco Vázquez y Mario López Orozco, Manuel Antonio Pérez Zolascuagua y María Bárbara Robles Hernández, están desaparecidos y no se investiga.

La señora Ángel, sigue buscando a su hija. Sigue exigiendo a la fiscalía estatal que aparezca América Yazmín Paleo Ángel, quien desapareció el 12 de agosto de 2014, en el municipio de Uruapan, en Michoacán. Su expediente ha sido extraviado dos veces por las autoridades, y a pesar de no confiar en ellas continúa exigiéndoles la aparición con vida de su hija.


Por: Gilbert Gil Yáñez / en15dias.com

Como la señora Ángel, otros 17 casos documentados se suman a la apatía de la Fiscalía Estatal de Michoacán, que no investiga, pierde expedientes, maltrata a las víctimas, retrasa los procedimientos y, en el peor de los casos, no actúa.

En Michoacán, los casos de desapariciones y desapariciones forzadas de 2008 a 2022 no se investigan por la Fiscalía Estatal de Michoacán. La dependencia ha extraviado seis expedientes, ha maltratado a familiares de las víctimas y ha realizado una justicia selectiva, denunciaron Integrantes de la Organización Familiares Caminando por la Justicia en Michoacán, la cual integra a 200 familias que buscan a sus hijas e hijos, madres y padres, hermanas y hermanos.

Tras la inacción de la fiscalía estatal, las familias interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que evidenciaron las violaciones a los derechos de las víctimas “en la acción y atención en que se deriva de la falta debida de diligencia en la búsqueda e investigaciones de las personas desaparecidas”.

Denunciaron “abusos y maltratos a los familiares y personas desaparecidas” por parte de la Fiscalía General de Michoacán. 

“Es estructural, de la institución y no particular de algún o alguna autoridad, sino que es generalizado y no sólo en las áreas de atención de las personas desaparecidas sino de las víctimas en general. No se puede seguir tolerando si pensamos en el acceso efectivo a la justicia como un pilar de la democracia”, indicaron en la queja.

La queja entregada a la CEDH, y firmada por una docena de integrantes de la organización, señala que “se ha identificado la falta de atención, retraso, tardanza, revictimización y negativa de información por parte de las autoridades de la fiscalía como una estrategia de desgaste para que las víctimas indirectas y denunciantes desistan de las investigaciones”.

La actuación de la Fiscalía ha llegado al grado de que al menos en alguna ocasión “han solicitado a los familiares apoyos económicos para llevar a cabo diligencias enmarcadas en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas”.

“Por ejemplo, apoyo económico para gasolina; para la solicitud de la sábana de llamadas y rastreo; para comprar hojas y poder dar copias de expediente. Esto constituye una irregularidad de parte de los funcionaros para el acceso a la justicia”.

Foto: Familiares Caminando Por Justicia.

EXPEDIENTES DEL PASADO, EN EL OLVIDO   

La señora Ángel explica que el caso de su hija América Yazmín Paleo Ángel no se ha hecho nada, a pesar que este agosto cumple 8 años de desaparecida.

“Ella desapareció el 12 de agosto de 2014 en la ciudad de Uruapan hasta hoy en día la fiscalía no ha hecho nada, de hecho, el expediente de mi hija está desaparecido; no lo han podido encontrar”, señala la madre de América.

En una conversación con en15dias.com, la señora Ángel narró que la última vez que vio el expediente fue en 2017. “Vine a ver los avances y nada; el expediente tal y como lo entregaron así estaba, así como hicimos la denuncia en Uruapan, así lo tenían sin ninguna investigación”, denuncia.

Las evidencias de la Organización Familiares Caminando por la Justicia en Michoacán son contundentes: Hay 17 expedientes que no se han investigado, de los cuales 6 de ellos están extraviados por la Fiscalía.

“El hecho de qué las investigaciones de larga data correspondan archivos suspendidos, y donde aún no se ha localizado a las víctimas, evidencia que las acciones no fueron, ni son inmediatas, oportunas, transparentes, útiles y bajo ningún rigor científico y tampoco han estado ceñidas a los principios de efectividad exhaustividad inmediatez”, se destaca en la queja.

Al presentar una lista de 16 casos que no han sido revisados por la fiscalía y que sólo contienen las declaraciones de las madres y de las de los familiares de los desaparecidos, es decir, no hay ninguna investigación al respecto por parte de la fiscalía, señalaron que las actuaciones de los ministerios públicos y fiscales pertenecientes a las distintas áreas de la Fiscalía General del Estado de Michoacán “han sido irregulares y violatorias a los derechos de las víctimas”.

Solicitaron hacer la revisión de los casos señalados dentro de la queja “a efecto de hacer las observaciones pertinentes y los cambios estructurales necesarios para el acceso efectivo a la justicia”.

Foto: Familiares Caminando Por Justicia.

IMPUNIDAD POR OMISIÓN

Años antes, en una entrevista para el Sol de Morelia, este reportero tuvo la oportunidad de entrevistar a Mercedes Ruíz, madre de Guillermo Ortiz Ruíz, desaparecido desde 2010, quien ya denunciaba irregularidades en su expediente.

Guillermo salió de su casa por la mañana del sábado 27 de noviembre de 2010. “Yo no lo vi salir en la mañana”. Él trabajaba con su colega Vianey Heredia Hernández, también desaparecida el mismo día. Tenían un despacho de abogados que iniciaron un par de años antes.

Lo último que Mercedes supo de su hijo fue la tarde del 28 de noviembre, donde Guillermo le mandó un mensaje. “Me escribió que iba a ir a ver a los propietarios de los terrenos en Lázaro Cárdenas y que ya después me hablaba; ese fue el último mensaje que recibí de él”.

Como la señora Ángel, doña Mercedes también ha pasado una amarga experiencia con la atención de la fiscalía estatal. En aquella ocasión narró que fue hasta “2012 cuando tengo acceso por primera vez a mi expediente. Ahí me di cuenta de la ocultación de información que se había hecho”.

Las hojas del expediente estaban desordenadas, no estaban foliadas, las sábanas de llamadas del celular de su hijo que solicitó por oficio los primeros días de su desaparición se las entregaron dos años después, sin ninguna explicación.

Para la organización de familiares es claro la omisión y desaseo de la fiscalía. “En la mayoría de las averiguaciones previas y carpetas de investigación no se solicitaron con prontitud la sábana de llamadas telefónicas, la georeferencia y geolocalización del teléfono celular de la persona desaparecida, o en su caso no se llevó acabo”, argumentan en la queja entregada a la CEDH.

Este tipo de irregularidades impactan en la investigación ya que “en razón del tiempo ya no es posible hacerlo, perdiéndose con ellos datos valiosos para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas”.

“Creo que esa rabia, ese coraje que tenemos que los casos queden impunes, de la falta de trabajo del Estado mexicano, hay que transformarlo en acción. ‘Ay ya me dijo el MP que no hay nada, que no hay nada y que no hay nada’, no pues hay que estar exigiendo que hagan lo que tienen que hacer; nosotros tenemos que hacer algo para que esto no siga pasando. En momentos sí es frustrante, el que vea uno tantos años y que no hay avances de nada”.

“Es frustrante, pero es algo que hemos aprendido a transformarlo; sí duele, pero no es para quedarnos cruzadas de brazos llorando”. Su caso no ha tenido avances. “Ninguno en mi caso. No han hecho nada. Mientras no haya resultados y mi hijo no aparezca, no vale de nada lo que han hecho”, señalaba en la entrevista.

Las madres están desgastadas porque no hay procesos jurídicos ni acompañamientos a las víctimas. “Hay muchas que desertaron por el cansancio, a veces la familia prefiere ya desentenderse de todo para no sufrir”.

Mercedes no quiere claudicar y no lo hará. “Mi hijo no va a estar detrás de un escritorio, no lo van a encontrar detrás de un escritorio. El Estado mexicano apuesta a un olvido obligado para las familias”.

La historia de estas familias es tan sólo un botón de la realidad de los desaparecidos en Michoacán y México.

El país ha registrado oficialmente 100.000 casos de desapariciones de personas de 1964 a 2022. La cuenta registra las desapariciones de los últimos 58 años, aunque el 97% se refiere a casos posteriores a 2006. Sólo en 35 casos se ha sentenciado a los perpetradores.

En Michoacán, de 2006 hasta en enero de 2020 se reportaron tres mil 980 desapariciones.


En Michoacán pierden expedientes y no investigan desapariciones

Este 30 de agosto, Integrantes de la Organización Familiares Caminando por la Justicia en Michoacán realizaron una marcha para exigir la búsqueda de sus desaparecidos.

¿CUÁLES SON LAS 20 IRREGULARIDADES DE LA FISCALÍA?

  1. En la mayoría de las averiguaciones previas y carpetas de investigación no se solicitaron con prontitud la sábana de llamadas telefónicas, la georeferencia y geolocalización del teléfono celular de la persona desaparecida, o en su caso no se llevó acabo. Este tipo de irregularidades impactan en la investigación ya que “en razón del tiempo ya no es posible hacerlo, perdiéndose con ellos datos valiosos para la búsqueda e identificación de las personas desaparecidas”.
  2. Al menos en alguna ocasión han solicitado a los familiares apoyos económicos para llevar a cabo diligencias enmarcadas en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por ejemplo, apoyo económico para gasolina; para la solicitud de la sábana de llamadas y rastreo; para comprar hojas y poder dar copias de expediente. Esto constituye una irregularidad de parte de los funcionaros para el acceso a la justicia.
  3. En la mayoría de los casos es común el cambio repentino y seguido de ministerios públicos y fiscales al conocimiento de los expedientes, lo que ha dilatado y entorpecido las investigaciones ya que los nuevos ministerios públicos debido a la carga de trabajo van dejando en el rezago los casos de larga data, sin darle una atención oportuna y oficiosa a los casos de los que tiene conocimiento.
  4. En los casos donde las personas desaparecen en autos no se hace una oportuna búsqueda y localización del vehículo. En algunos casos ni siquiera se remite el informe al área de reporte a efecto de hacer investigación pertinente por tener conexión y ser importante en la búsqueda de la persona desaparecida.
  5. En ninguno de los casos las acciones para la búsqueda y localización fueron inmediatas, oportunas, transparentes, útiles, lógicas y con rigor científico. Es más, en algunos casos se les estigmatizó y criminalizó a los desaparecidos y sus familiares sobre su paradero y los hicieron esperar un tiempo para que pudieran interponer la denuncia.
  6. En ningún caso existe un análisis de contexto que ayude determinar líneas de investigación claras y probables.
  7. En todos los casos y en más de una vez los familiares no se les trata con dignidad cuando acuden a solicitaría y/o brindar información sobre la investigación para la búsqueda de su familia.  Es más, algunas veces los fiscales ministerios públicos hacen comentarios sobre que sus familiares hijos hijas ya están muertos o se les amenaza para que desistan en virtud de qué algo más puede ocurrirles si continúan con las búsquedas.
  8. En todos los casos se pugna por hacer búsquedas de las personas desaparecidas muertas y no en vida.
  9. En múltiples ocasiones se les niega los familiares y/o denunciantes información oportuna sobre el curso de la investigación, así como a coadyuvar con la investigación.
  10. En algunos casos los ministerios públicos han dado poco o nulo seguimiento a la información aportada inicialmente por las partes denunciantes y, sin embargo, las han culpado de su falta información e interés por los casos después.
  11. En la mayoría de los casos los ministerios públicos omitir un citar a declarar testigos o personas que tenían relación o información respecto a la desaparición de las personas.
  12. En algunos casos no existió coordinación con otras áreas de fiscalía como identificación y por lo tanto no se hizo las pruebas genéticas ni confrontadas con las personas de servicio médico forense.
  13. En varios casos no se hizo investigación de cámaras de vídeo cercanas ni rutas aledañas por donde se presumía se le vio la última vez a las personas desaparecidas, y ahora, a través del tiempo ya no es posible llevar a cabo dicha acción con lo cual se pierde información valiosa y la velocidad sobre las rutas o perpetradores de las personas desaparecidas.
  14. En la mayoría de los casos las investigaciones de la policía investigadora fueron dilatorias.
  15. En la mayoría de los casos, en los expedientes se encuentran contenidos sólo oficios de colaboración autoridades de otros estados como únicas acciones en algunos otros existen con demasiado tiempo después.
  16. En algunos casos que se requerían no se dictaron medidas de protección para familiares. Es más, en otros casos fueron agentes del ministerio público y personal de la misma fiscalía quién es amenazaron a las víctimas indirectas.
  17. Se han identificado que existe renuencia para investigar los casos donde participaron autoridades de seguridad pública y que, por lo tanto, tampoco hay una reclasificación de los delitos de privación de la libertad y secuestro por el de desaparición forzada.
  18. En varias cosas se extraviado los expedientes de personas desaparecidas y no sólo una vez sino hasta dos veces el mismo caso, lo que representa una verdadera violación a los derechos de las víctimas por significar la pérdida de la información y avances que estos hubieran podido tener.
  19. En algunos casos, a la fecha aún cuando hablamos de personas desaparecidas de 2008 hasta 2019, al momento no se han girado los oficios correspondientes a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para efecto de su inscripción al Registro Estatal de Víctimas para que se les brinde a las víctimas indirectas el apoyo integral.
  20. No se agotaron con prontitud las correspondientes investigaciones de campo y en algunos casos no llevó a cabo inspección ocular del lugar de los hechos tendientes a la búsqueda y localización.

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