El impuesto de 2 por ciento podría resultar en una doble tributación, generando un desequilibrio en las obligaciones fiscales para las plataformas digitales
Luis Romero | OEM-Informex
El sector empresarial y las principales aplicaciones de reparto advirtieron que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) valida el impuesto de 2 por ciento sobre cada operación que realizan en la Ciudad de México podría tener un impacto negativo en la economía colaborativa.
En un comunicado conjunto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), así como DiDi Food, Rappi y Uber Eats, señalaron que la propuesta es “discriminatoria, discrecional y dañaría a los consumidores y usuarios por un fin meramente recaudatorio”.
“Un fallo en estos términos impactaría negativamente en todos los actores que forman parte del ecosistema de la economía colaborativa, desde plataformas digitales, restaurantes y comercios -en su mayoría pequeñas y medianas empresas- y a cientos de miles de repartidoras y repartidores”, aseguraron.
El comunicado agregó que la industria de reparto ha impulsado el cumplimiento con diversas cargas tributarias y obligaciones fiscales tanto a nivel federal como local, además de que ha contribuido a la formalización económica.
Además, los firmantes consideran que el impuesto de 2 por ciento podría resultar en una doble tributación, generando un desequilibrio en las obligaciones fiscales para las plataformas digitales y creando una competencia desigual en el mercado.
Datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indican que el 40 por ciento de los emprendimientos en México pertenecen al sector restaurantero, y el 96 por ciento utiliza aplicaciones para la entrega a domicilio.
Según la Canirac, las entregas representan en promedio el 20 por ciento de los ingresos de los restaurantes, llegando en algunos casos al 70-80 por ciento de las ventas.
Ante este escenario, las plataformas digitales y organismos empresariales hacen un llamado a la Segunda Sala de la Suprema Corte, solicitando un análisis integral que considere los derechos de todos los beneficiados por el uso de aplicaciones digitales. Además, se advierte que la medida recaudatoria también podría afectar a usuarios y consumidores, inhibiendo la creación de fuentes de ingreso para miles de familias.
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