La semana pasada revisé la integración de los tres primeros comités técnicos de evaluación (CTEs) previstos por el Artículo 41 Constitucional para formar las quintetas a partir de las cuales la Cámara de Diputados designa a los consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral. Comenté entonces que (A) pese a las apariencias, la neutralidad partidista NUNCA ha sido parte del arreglo institucional; y (B) que sí hubo una transferencia de poder desde la partidocracia representada en la Cámara, pero no hacia la sociedad civil, sino hacia las élites académicas. Hoy quiero detenerme un poco en esta transferencia de poder y cómo se le puede entender en contexto de la transición mexicana a la Democracia.
Primero te contaré una anécdota, querida lectora. En 2001 yo trabajaba con Raquel Sosa Elízaga, la secretaria de Desarrollo Social de López Obrador en el gobierno del Distrito Federal (hoy Cdmx, mañana Anáhuac). Andrés Manuel acababa de fundar la que hoy es Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de expandir de una a 17 las preparatorias del sistema estadual de bachillerato. El debate público en ese año se centró en la supuesta invalidez de los estudios en los nuevos centros educativos. Los medios de comunicación cuestionaban constantemente a los funcionarios de la SDS-GDF cuándo se pediría a la SEP federal el reconocimiento de estudios y si las preparatorias y la nueva universidad se incorporarían a la SEP o a la UNAM. Nada de esto era necesario, pues el gobierno de nuestra entidad federativa era sin lugar a duda una autoridad educativa. Pero, pese a la claridad de las leyes, los diputados de oposición en la entonces Asamblea Legislativa pretendieron “solucionar” el inexistente problema de la validez de estudios. Su propuesta refleja el modo en que la vieja élite priísta se reprodujo en las instituciones post-transición a la Democracia.
En junio de 2001, el entonces diputado priísta Miguel González Compeán –hijo de Miguel González Avelar, quien fuera secretario de Educación Pública de Miguel de la Madrid– propuso a Sosa Elízaga la formación de tres órganos autónomos especializados en educación. Uno de ellos sería el “Consejo para la Planeación y Evaluación de Contenidos y Programas Educativos”. Otro sería el “Consejo para el Financiamiento de la Educación Media Superior y Superior en el Distrito Federal”. El tercero sería el “Consejo Asesor para la Educación Media Superior y Superior”. En varias reuniones de trabajo explicamos a los legisladores que estos consejos desdibujarían la división de poderes porque priístas y panistas deseaban nombrar a los consejeros desde la legislatura (PRI y PAN controlaban dos tercios de la ALDF en el trienio 2000-2003). González Compeán nos insistió en que ellos sólo querían volverse parte del proyecto del Jefe de Gobierno. En realidad, lo que se pretendía era crear estructuras para-gubernamentales que, bajo el título de autónomas, permitieran a las bancadas partidistas colocar a personas afines a sus camarillas. (Sobre la fundación de la UACM, ve la Liga 1.)
La anécdota ejemplifica un mecanismo que fue muy común en la primera etapa de nuestra transición a la Democracia. Dado que los poderes ejecutivos (federal y estaduales) dejaron de ser monopolio del PRI –la vieja élite no podía asegurar a su gente puestos y salarios. Como compensación a esa pérdida, la idea de Luis Carlos Ugalde de reconstituir los liderazgos partidistas en el parlamento (Liga 2) aseguraba al prianismo-perredismo el control de las nuevas burocracias que se fueron creando en los organismos autónomos.
Y son burocracias mucho muy ricas. Recordemos que los pioneros en el nuevo modelo fueron el INE, el Banco de México y la CNDH. En todos se argumentó que, para asegurar la independencia e incorruptibilidad de sus titulares, era indispensable asegurarles altísimos sueldos –en el rango de los que recibiesen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (y sugiriendo que, como en la Corte, nunca podrían disminuirse). La autonomía aseguraba, por otra parte, mucha libertad para organizar la estructura burocrática del organismo (creando a contentillo puestos bien pagados). El ejemplo cundió en todas las ramas de “conocimiento especializado” y los nuevos organismos autónomos reprodujeron el esquema en todas partes: Transparencia, Telecomunicaciones, Competencia, Evaluación Educativa, Regulación de Energía, etcétera.
Explicado lo anterior, uno entiende mejor por qué en la reforma electoral de 2014 el Pacto por México escogió a la CNDH y al INAI para que designasen a cuatro de las siete personas integrantes del CTE. Se trata de dos organismos cuyos titulares debían su puesto a la partidocracia (y cuyas administraciones albergaban a muchas personas recomendadas de los legisladores). Se esperaba que serían confiables y escogerían a sus nominados entre las nuevas élites que la partidocracia había previamente empoderado. Como diría Lampedusa, todo cambia para seguir igual.
Con lo que no se contaba fue con El Triunfo de 2018. El obradorismo en la Presidencia y en las cámaras empezó a trastocar aquel arreglo de élites. El 7 de noviembre de 2019, con un voto ajustadísimo en el Senado, Rosario Piedra Ibarra fue designada presidenta de la CNDH. Uno de sus primeros actos en el sistema de pesos y contrapesos mexicano fue designar en la primavera de 2020 a las dos personas “de reconocido prestigio” que correspondían a la ombudswoman. Sus nominados (Sara Lovera y John Ackerman), pese a ser conocidos por el público y prestigiados en la Academia, no provenían de los mismos círculos cerrados que habían producido a sus predecesores en los CTE. Como analizaré aquí la semana que viene, la CNDH ha mantenido esta línea en sus nominaciones para el CTE 2023.
Es especialmente interesante la experiencia de John Ackerman Rose en el CTE 2020. Y no porque Ackerman haya sido acusado de ser parcial y partidista a favor de Morena –que respecto a eso el tribunal electoral definió que John podía ser sin problema miembro del CTE– sino por el diferendo que protagonizó contra el resto de los integrantes del comité respecto de la composición final de las quintetas. Un buen primer acercamiento a ese episodio puedes verlo en YouTube en la cápsula del programa De pisa y corre de Nacho Lozano para Imagen Televisión del 22 de julio de 2020. (Liga 3.) En la descripción del programa se nos dice que John “aclara si se enojó o no por la elección de alguna de las postulantes”. Dejemos que hablen las personas protagonistas:
Ana Laura Magaloni (integrante nominada por el INAI), en un programa previo De pisa y corre, había declarado: “John Ackerman está haciendo un broncón porque se enojó porque no quedó una candidata que él quería… Diana Talavera Flores … y votamos… y no quedó dentro Talavera, y Ackerman se paró y se fue. Y está armando todo este desastre habiendo votado todas las listas anteriores… Había sido todo por consenso, estábamos por terminar… Estábamos definiendo el último lugar de la lista y Ackerman se enojó”.
John Ackerman respondió ante Lozano: “Es muy triste que lo quieran minimizar a un asunto emocional, de berrinches, de enojos. No. Este es un asunto de Estado, querido Nacho.” Al momento de explicar lo que había ocurrido, Ackerman reconoció que él había acompañado la decisión colegiada del CTE en todas las quintetas –pero que al final se percató que había cedido en todo y que por eso se amarró en su posición en la última quinteta. John afirma que necesitamos “renovar esa institución (el INE)”; pero advierte que lamentablemente esa idea de transformar al INE no prevaleció en el CTE: “Ellos estaban buscando… unos burócratas, tecnócratas que… al final de cuentas podrían dar continuidad al INE. Ellos… ven al INE como algo que va caminando y [al] que simplemente hay que mandar cuadros técnicos; no personas con visión y [ánimo de] transformación.”
Para Ackerman era necesario escoger personas que transformaran el ambiente burocrático prevaleciente en el INE. Las y los consejeros deberían ser un ariete para empezar a cambiar a esa tecnocracia cómplice del pasado y que permite fraudes electorales cada vez más sofisticados –que sólo pueden superarse por una movilización popular mayúscula. El problema es que John acompañó a sus colegas del CTE y aceptó los procedimientos casi hasta el final, cuando cayó en cuenta que el modo de debate y discusión perpetuaba lo que él trataba de transformar. Tarde cayó en cuenta de que era “uno contra seis –salvo honrosas excepciones”. Tarde vió que se le había aplicado una aplanadora, que se le había impuesto una mayoría conservadora, cuyo objetivo era que la Cámara de Diputados sólo pudiese elegir consejeros dentro de un perfil “seguro” para el sistema. Ackerman afirma: “Me sentí atrapado en la película Parásitos”, en la cual –por mucho que hagas méritos– nunca te libras de los criterios de la élite dominante.
Lo terrible es que la aplanadora contra la que John se enfrentó es cultural. El savoir faire, la expertise de la élite político-académica que colonizó los organismos constitucionales autónomos tiene estilos y modos de proceder que conforman y determinan de modo absoluto los resultados de sus deliberaciones. El reto sería que algún día pueda llegar a ser consejera del INE una activista social de base o un anciano dirigente campesino; ambos sin maestrías ni doctorados… pero esto es imposible porque, entre otras cosas, las Señorías Académicas que suelen sentarse en el CTE evalúan un ensayo escrito —en el cual la persona aspirante debe demostrar que habla y escribe el mismo lenguaje de la élite burocrática.
Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
https://100articulos.com/respuesta-a-un-reclamo-de-ensenanza-popular/2/
Liga 2:
https://julioastillero.com/el-senor-ugalde-autor-federico-anaya-gallardo/
Liga 3:
https://www.youtube.com/watch?v=ZLENZbjbc4s
