José Reyes Doria
@jos_redo
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo. En el Ejercicio 2021 se le redujo el presupuesto a menos de la mitad, quedando en 5,000 millones de pesos, y se le restó existencia institucional, toda vez que fue absorbido por el programa La Escuela es Nuestra. En mi opinión, esta decisión es incompatible con los objetivos que debería abanderar un gobierno de izquierda, popular y transformador.
INCONVENIENTES ÉTICOS Y POLÍTICOS
Dejar a 3.6 millones de niños sin acceso a la alimentación que tenían en las Escuelas de Tiempo Completo, difícilmente encontrará justificación ética, porque se trata de la población más vulnerable, tanto por la edad de los beneficiarios, como por la condición de pobreza y marginación de la gran mayoría de ellos. Este programa se diseñó para que los niños pobres tuvieran acceso a la alimentación y a la educación con jornada ampliada, a fin de garantizar sus derechos humanos e insertarlos en condiciones de equidad en el sistema educativo. Eliminarlo, por más defectos que tuviera, condena a los más desprotegidos a hundirse en la marginación social y agudiza los factores estructurales de la desigualdad.
Además, la cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo golpea a las madres que trabajan para sostener a su familia, pues con ese programa podían dejar a sus hijos en la escuela mientras ellas cumplían su jornada de trabajo. Desde el punto de vista político, es inexplicable que se adopte una decisión de esta dimensión, sin reparar en que vulnera derechos fundamentales de los beneficiarios y erosiona sensiblemente de la legitimidad del gobierno que la asume.
Un gobierno popular debería, aún en las situaciones más extremas, utilizar todo su poder político en la preservación del piso de protección social de las personas, con mayor energía cuando los afectados son grupos tan vulnerables como los niños que viven en comunidades pobres y sus madres trabajadoras, quienes ya de por sí enfrentan la vida con enormes desventajas.
CONTRADICCIONES CONSTITUCIONALES
Cancelar las Escuelas de Tiempo Completo, es una acción contraria al espíritu de los artículos 1º, 3º y 4º de la Constitución. En el artículo 1º, se consagran los derechos humanos como referente que rige la configuración y las prioridades del Estado, estableciendo que “todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.” Este principio, el de la progresividad, implica que los derechos humanos, como lo son el derecho de los niños a la educación y a la alimentación, así como los derechos de sus madres trabajadoras, nunca deben retroceder, sino avanzar progresivamente hacia una situación de universalidad e incondicionalidad.
En el artículo 3º constitucional, el propio presidente López Obrador impulsó la reforma educativa de 2019, con el mandato de que, “en las escuelas de educación básica de alta marginación, se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social, mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales.” La cancelación de las Escuelas de Tiempo Completo va en sentido contrario de este mandato impulsado por el propio AMLO. Como daño colateral, habría que mencionar que esta decisión afecta a miles de maestros que tenían un ingreso extra y estaban dando forma a un modelo de enseñanza basado en una jornada escolar larga; en la reforma de 2019 los maestros son reconocidos como agentes de la transformación social y merecedores de mejores ingresos.
El 4º constitucional reconoce el Principio del Interés Superior de la Niñez, consagrado por la UNESCO y por casi todos los países del mundo. “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.” Es clara la contradicción de este mandato con la eliminación de las Escuelas de Tiempo Completo.
INCONSISTENCIAS INSTITUCIONALES
El programa Escuelas de Tiempo Completo surgió en 2007 y fue creciendo hasta cubrir 27 mil escuelas y atender a 3.6 millones de niños. Estaba diseñado para atender a los grupos sociales históricamente más abandonados por el Estado y la sociedad. Por eso, el 70.5% de las Escuelas de Tiempo Completo brindaban atención a niños indígenas y pertenecientes a comunidades rurales.
La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, argumenta que la decisión de eliminar las Escuelas de Tiempo Completo obedeció a la urgencia de mejorar la infraestructura de las escuelas, que carecen de agua, drenaje, electricidad, pupitres, pizarrones, etcétera. Es innegable que decenas de miles de escuelas públicas están en condiciones deplorables e indignas para albergar a los estudiantes. Sin embargo, la justificación de la SEP constituye un ejemplo clásico de lo que es un falso dilema: esto así, porque ni en términos presupuestales, ni en el terreno programático, mucho menos en el plano ético y social, es aceptable el dilema consistente en, o darle recursos a las Escuelas de Tiempo Completo o destinarlos al mejoramiento de las escuelas. No son excluyentes ambas opciones, ni siquiera en términos discursivos. Al contrario, es necesario financiarlas simultáneamente y darles prioridad por encima de muchísimos otros rubros.
México cuenta con un Presupuesto de Egresos de la Federación que asciende a 7,600,000,000,000 pesos, en este año 2022, es decir, 7.6 millones de millones de pesos. El presupuesto que tuvo el programa Escuelas de Tiempo Completo hasta 2019 fue de 12 mil millones, y para el año 2021 lo bajaron a 5 mil millones de pesos. Este monto representa apenas el 0.06% del presupuesto. Por su parte, la SEP tiene un presupuesto de 364,000,000,000 pesos, es decir 364 mil millones de pesos, respecto a los cuales las Escuelas de Tiempo Completo solo representaban el 1.3%.
La pregunta es inevitable: ¿no se podía sostener el 0.06% del presupuesto para garantizar los derechos a la educación y la alimentación de los niños más pobres y marginados de México? O bien el 1.3% del presupuesto de la propia SEP. La pregunta es más apremiante, si tomamos en cuenta que, en el presupuesto federal de 2022, vimos incrementos sustanciales al presupuesto de dependencias como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Turismo, PEMEX, CFE, etcétera.
La titular de la SEP dice que tratarán de reponer los servicios de jornada escolar ampliada y el acceso a la alimentación, pero no dice cómo ni cuándo. En todo caso, si eso se pretende, pues no hubieran desaparecido las escuelas de Tiempo Completo. También se dice que se apoyarán a los 3.6 millones de niños afectados con las Becas para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica. Pero aquí es donde la política social del gobierno de AMLO enfrenta las más fuertes contradicciones y desafíos que, de no resolverlos, podrían desdibujar el conjunto de su acción social.
¿DINERO EN EFECTIVO O SERVICIOS?
La transferencia masiva de dinero en efectivo a los más necesitados es, sin demagogia alguna, un verdadero acto de justicia social del presidente López Obrador. Ningún gobierno anterior, al menos en los últimos 30 años, había tenido esa disposición de apoyar a los que menos tienen. Pero en casos como la función que cumplían las Escuelas de Tiempo Completo, no basta con la entrega de dinero a la gente, porque se requiere un entramado institucional de Estado para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a la educación y a la alimentación de los niños y el derecho a la igualdad de sus madres. Porque muchas veces, ni la familia, ni la comunidad, ni la sociedad, ni el mercado, pueden ofrecer los servicios especializados e institucionales que la gente más pobre necesita. No se pueden comprar con dinero, al menos no con la calidad, pertinencia, disponibilidad y continuidad que se requiere, como es el caso de la función estatal que desempeñaban las Escuelas de Tiempo Completo.
CONCLUSIÓN
Sería plausible que el gobierno de AMLO reconsidere esta decisión, y en todo caso, reponga de inmediato los servicios que brindaban las Escuelas de Tiempo Completo. Cabe pensar que el propio Presidente no ha tenido oportunidad de calibrar el enorme retroceso social que implica, pues con esa decisión se acentúan y eternizan las desventajas estructurales de los niños más pobres frente a los demás niños que afortunadamente tienen acceso a alimentación, educación y cuidados. En esta coyuntura en que la pandemia ha tenido efectos devastadores en la educación, generando deserción y rezagos colosales, sobre todo entre los niños y jóvenes más empobrecidos, no es moralmente viable reducir las acciones igualitaristas del Estado. A juzgar por sus convicciones y discursos, no es eso lo que quiere López Obrador, sino todo lo contrario. Por lo tanto, es indispensable que sus colaboradores, apoyados en conocedores de esta compleja problemática, aporten al Presidente una mirada integral, desde una concepción de la política basada en la promoción de la justicia y la igualdad por encima de todo.
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