19 de junio de 2023.- De acuerdo con el presidente del Ayuntamiento indígena Tlahuica de Atzingo (localidad ubicada en el Estado de México), Eduardo González, a pesar de que el presidente López Obrador está enterado de esta problemática, “lo que le informan sus colaboradores es falso”.
Como ejemplo, destaca que, desde su último encuentro con las autoridades medioambientales en octubre de 2022, los aserraderos clandestinos se han incrementado, pues de haber solo ocho en aquella ocasión, ahora ya se tienen veinte. Ante este panorama, manifiesta que las y los pobladores de la región están dispuestos a movilizarse a través de bloqueos carreteros si el gobierno continúa ignorando sus demandas.
Entre el pliego de peticiones de las y los defensores de los árboles, se encuentra la participación en una audiencia de la Comisión representativa de las comunidades afectadas; la exigencia de operativos semanales en las “zonas críticas” de los bosques de agua; la revisión del transporte de carga en “puntos estratégicos” de las carreteras cercanas a la localidad de San Juan; así como una investigación que permita identificar a los empresarios compradores de madera ilegal, ya que son estos los principales responsables de la depredación.
González argumenta que la tala irregular no sería posible sin la colusión de las autoridades encargadas de combatirla. En entrevista con Julio Astillero, declaró que se notifica a los taladores con antelación para que puedan encubrir sus actividades cuando se llevan a cabo los operativos que buscan detener estas prácticas. Incluso, afirmó que alguien en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) les permite operar impunemente a cambio de un pago mensual de 150 mil pesos. De hecho, expresa que se ha llegado a un punto en el que se tala a pie de carretera, “a plena luz del día”, sin que se sufran mayores consecuencias.
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