Da la impresión de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha actuado sin una hoja de ruta, sin orden, ante las famosas reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto. Es el caso de las tres reformas más significativas de Peña Nieto: la energética, la educativa y la de telecomunicaciones. En buena medida, el actual conflicto con empresas del sector energético y con el Poder Judicial, obedece a esa ausencia de estrategia reformadora.
Recordemos el camino de las reformas estructurales de peña Nieto. Se recurrió al Pacto por México para generar acuerdos y consensos, tanto con las fuerzas políticas como con las actores económicos y sociales involucrados en el universo de intereses que se moverían con las reformas. El Pacto por México fue un mecanismo extra parlamentario, donde se procesaron acuerdos que, posteriormente, fueron adoptados prácticamente sin reflexión por parte de los grupos parlamentarios en el Congreso para aprobar los cambios constitucionales.
El Pacto por México también fue el marco en el cual se negociaron los términos y alcances de las reformas estructurales con las grandes empresas petroleras y eléctricas, así como con el sindicato petrolero. También ahí se dieron intensas negociaciones con el SNTE, la CNTE, gobernadores y grupos de interés, para sacar adelante la reforma educativa; ahí se decidió el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo. Finalmente, el Pacto por México fue el escenario de las negociaciones para la reforma en materia de telecomunicaciones, donde fue visible el poder que desplegaron los grandes grupos empresariales como el encabezado por Carlos Slim, Televisa, Tv Azteca, entre otros, los cuales impusieron en general condiciones para preservar sus posiciones de privilegio en el sector.
Si bien el Pacto por México fue efectivo en la realización de las reformas constitucionales y la expedición de las leyes secundarias que sellaron las transformaciones en materia educativa, energética y telecomunicaciones, lo cierto es que se trató de un mecanismo absolutamente antidemocrático. Por lo general, los pactos cupulares son autoritarios porque excluyen a la diversidad de actores que tienen interés legítimo en las decisiones que ahí se acuerdan. Los pactos se basan en la suma de poderes fácticos, no todos legítimos ni legales, para imponer acciones consumadas, sin importar que en el proceso de implementación arrasen con poderes constituidos legítimos como el Congreso de la Unión, y sin reparar en que las decisiones adoptadas vulneran derechos laborales, gremiales, de las audiencias, de los usuarios.
El Pacto por México, por lo tanto, fue antidemocrático, antipopular y antinacional. Dado que nunca se anunciaron esas reformas durante la campaña de Peña Nieto, el Pacto también fu tramposo y tuvo un efecto corruptor, así como un impacto negativo para la educación pública, la soberanía energética y la accesibilidad a las telecomunicaciones. Debido a su naturaleza cupular, las reformas estructurales del Pacto por México no reportaron sino escasos y aislados beneficios económicos y sociales; en cambio, facilitaron estrategias de corrupción y saqueo que han causado gran daño al país.
La crítica del Presidente López Obrador al Pacto por México es acertada en cuanto a lo antes señalado. Sin embargo, la forma en que el Presidente ha impulsado sus propias reformas tampoco ha sido la más adecuada. El caso de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica es el mejor ejemplo de ello. De hecho, la operación política del gobierno de AMLO destinada a revertir la reforma energética de Peña Nieto ha sido errática y poco ambiciosa.
En efecto, el gobierno de AMLO, pese a contar con una enorme respaldo popular y amplias mayorías en el Congreso, no ha tomado la decisión de impulsar una reforma constitucional para recuperar la exclusividad de la Nación en la propiedad, exploración y explotación del petróleo. Hoy por hoy, la privatización del petróleo es una posibilidad latente avalada por la Constitución. El gobierno federal se ha limitado a condicionar algunas licitaciones petroleras, pero hasta ahí. La verdad es que urge una decisión fundamental del gobierno de López Obrador para, bien cancelar la participación privada en la exploración y explotación de hidrocarburos, o bien establecer fuertes condiciones de soberanía nacional y rectoría del Estado para evitar que la renta petrolera sea capturada por privados y que se ponga en riesgo la seguridad energética del país.
Tal vez la recientemente aprobada reforma a la Ley de la Industria Eléctrica sea la punta de lanza de AMLO para desarticular la reforma energética de Peña Nieto. Sin embargo, lo está haciendo de forma excluyente y poco ordenada. Era más que obvio esperar intensas resistencias por parte de los grupos de interés que han hecho un gran negocio en el sistema eléctrico, también eran previsibles los posicionamientos de jueces y magistrados que han otorgado amparos contra la reforma de López Obrador. Lo que debió hacerse, en cuanto a la ruta legislativa, fue reformar la Constitución primero, de tal forma que la consecuente adecuación de las leyes secundarias contara con cobertura constitucional y, así, ningún juez tuviera elementos para otorgar amparos a nadie.
Ahora, luego de detonar el conflicto con el Poder Judicial, AMLO anuncia que está contemplando una reforma constitucional en materia energética, para que su proyecto transformador no sea frenado por los jueces. El camino de la reforma a la Constitución es el adecuado, sin embargo, queda la impresión de que el Presidente anuncia ese camino como una reacción contra los amparos legales, tan es así que los opositores, el PAN y el PRI se dan el lujo de calificar esa eventual reforma constitucional como una acción dictatorial de AMLO. Esta postura de la oposición es torpe y oportunista, ya que precisamente la ruta de la reforma constitucional es plenamente legal, legítima y democrática, siempre y cuando se haga con una amplia participación ciudadana.
Ese es el nudo central del conflicto. Si López Obrador emprende el camino de la reforma constitucional en materia energética, debe hacerlo a través de un esquema político distinto al Pacto por México. Por lo pronto, el comienzo de la ruta constitucional de AMLO está marcado por la exclusión de los actores involucrados en el sector energético, quienes tienen mucho que decir y negociar al respecto. Lejos de abrir un diálogo democrático, el Presidente descalifica y pretende borrar del proceso de reforma a empresarios, jueces, especialistas y observadores que no están en sintonía con su visión política y su proyecto transformador.
MORENA, el partido del Presidente, no tiene mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso de la Unión, por lo tanto, debe convencer a legisladores de otras fuerzas políticas, en concreto del PRI y el PAN, para lograr los cambios constitucionales. La palabra clave es esa: convencer, lograr acuerdos y consensos. Es muy probable lograr esto, dado el respaldo popular, la legitimidad y la suma de poder que ha concentrado el Presidente. Sería inaceptable en términos políticos, que en lugar de convencer se buscara doblegar o amenazar a los opositores para obligarlos a apoyar la reforma constitucional en materia eléctrica. Tal proceder garantizaría eficiencia y rapidez, pero no gobernabilidad ni legitimidad democráticas.
No solo en este gobierno, sino siempre y en todos, los cambios constitucionales y la trasformación del país deben construirse con base en la inclusión y el diálogo democrático. El autoritarismo depredador del Pacto por México, demostró que los cambios así impuestos derivan en corrupción, inestabilidad, ineficacia y graves daños a la sociedad. Veremos si AMLO se anima a una reforma constitucional en materia energética que incluya también al petróleo, y, sobre todo, veremos si quiere y puede hacerlo democráticamente o cae en la tentación de la imposición autoritaria al estilo del Pacto por México.
@jos_redo
