AMLO gana más poder, pero pierde debates cruciales (feminismo, militarismo, transparencia). Autor: José Reyes Doria

Foto: Gobierno de México.

José Reyes Doria.

En la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, puede presentarse una interesante paradoja: el Presidente incrementa significativamente su poder, pero, a la vez, pierde debates cruciales. El Presidente y su partido consolidan una posición política incontrastable e irresistible, pero su narrativa se debilita en la discusión de temas políticos de gran relevancia contemporánea. Pongamos la mirada en tres asuntos de que, hoy por hoy, dominan la escena de la reflexión política y el ejercicio del poder en México y el mundo:

1.- El feminismo. En las últimas décadas, la lucha de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos y de su dignidad como seres humanos, se ha traducido en la construcción de una sólida agenda para la igualdad de género. Se han documentado los factores estructurales que permiten y reproducen la relación de dominación basada en el género, donde los hombres gozan de innumerables ventajas respecto a las mujeres. Múltiples estudios demuestran fehacientemente la desigualdad entre hombres y mujeres en lo laboral, profesional, educativo, en el acceso a los distintos tipos de poder, en los estereotipos de roles sociales y culturales, en la crianza y cuidados familiares. Son múltiples formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, que, frecuentemente, estallan en la barbarie de agresiones violentas, violaciones, abusos sexuales y feminicidios.

En México, se cometen 10 feminicidios diarios. Esta expresión brutal, extrema, de la desigualdad, ha generado en los últimos años un ascenso de diversos movimientos feministas, exigiendo al Estado que garantice su derecho a una vida libre de violencia. Las agendas feministas, desde luego, no se agotan en este clamor de frenar la violencia criminal contras las mujeres, sino que exigen medidas sociales, económicas, políticas, culturales, laborales, legislativas y educativas, que permitan desmontar las estructuras y estereotipos que siguen permitiendo y legitimando la discriminación, la violencia y la desigualdad de género. Estas agendas han alcanzado, incluso, avances teóricos de gran relevancia, que incluyen construcciones como la democracia paritaria y la igualdad sustantiva.

Frente a estas manifestaciones, el gobierno de López Obrador no ha atinado a ofrecer una respuesta integral, ni a entender los fundamentos de los diversos movimientos feministas. El Presidente no ha mostrado disposición para ampliar los horizontes políticos y conceptuales de su proyecto a fin de incorporar, en condiciones de mutuo reconocimiento democrático, a los movimientos feministas. Él y su gobierno consideran que los programas sociales, que benefician preferentemente a las mujeres, son suficientes para su reivindicación. No hay un esfuerzo de comprensión de la agenda para la igualdad de género, por lo tanto, la oferta y el diálogo que lanza el Presidente se reduce a la noción de “respeto”; una y otra vez reitera que su gobierno respeta a las mujeres, sin asimilar que los movimientos feministas exigen igualdad de género, democracia paritaria e igualdad sustantiva.

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La falta de disposición para comprender el fenómeno, lo induce a formular ideas sinceras pero contrarias al feminismo, como por ejemplo aquella convicción de que las mujeres son más propicias para quedarse en casa cuidando a los padres y abuelos. Por lo tanto, considera que, si grupos de mujeres se organizan y luchan por sus derechos, ese movimiento es sospechoso y, seguro, está manipulado por conservadores. Así, el Presidente y su gobierno, están acrecentando su poder político y probablemente arrasen en las elecciones de junio, pero, definitivamente, parece que el debate y el diálogo democráticos en torno al reclamo de igualdad de género, lo han perdido sin remedio.

2.- La militarización. Desde 1968, los militares no habían tenido tanta presencia en la vida pública nacional. Su incorporación a la lucha contra la delincuencia organizada a partir de los años ochentas y llevada al extremo de la irresponsabilidad criminal por parte de Felipe Calderón a partir del 2006, siempre fue una decisión que se trató de maquillar, disimular y justificar por el crecimiento desafío del poder criminal que amenaza la seguridad nacional. Siempre, los gobiernos en turno aseguraban que una vez que se aplacaran los carteles criminales y se crearan policías capacitadas y confiables, los militares regresarían a sus cuarteles. El propio AMLO, en sus tres campañas presidenciales, propuso eso como condición fundamental para pacificar al país.

La participación de los militares en actividades ajenas a su naturaleza, tiene el efecto de exacerbar la violencia letal en su desempeño como fuerza coadyuvante en el combate a la delincuencia, además de que se les expone al enorme poder corruptor del narcotráfico. La incursión de los militares, además, tiene un efecto distorsionador del arreglo democrático de las instituciones públicas, porque las fuerzas armadas tienen un código de conducta y lealtades poco flexibles para interactuar en los ámbitos civiles, que son dinámicos, cambiantes, diversos y demandantes. Las fuerzas armadas tienen su propio fuero, sus propios tribunales y sus propias normas corporativas.

Lo usual es que los militares se concentren en la función que, en casi todos los países del mundo, se les confiere. Sin embargo, en el gobierno de López Obrador se ha elevado a rango constitucional la función de los militares en acciones de seguridad pública, ya sin justificaciones, permisos o condiciones de temporalidad, lo cual se aparta significativamente de la doctrina al respecto. También hay que considerar que el actual gobierno ha asignado a los militares diversas funciones en materia de construcción y administración de aeropuertos, trenes y sucursales bancarias; administración de aduanas, transporte de libros de texto y medicinas, entre otras.

En este terreno, el gobierno de AMLO también da la impresión de que no está a la altura del debate y la reflexión teórica sobre el papel y las funciones que debe asignarse a las fuerzas armadas. Funciones como la construcción y la administración de negocios, las exponen a riesgos de corrupción, a las ambiciones y a la distracción respecto a sus funciones sustanciales. También, se genera una dinámica de desinstitucionalización de la administración pública y pérdida de control civil. En efecto, el gobierno de AMLO y su partido han acrecentado sus bases de poder y ello les ha permitido asignar estos roles a las fuerzas armadas, pero la narrativa para sustentar esta decisión luce poco convincente.

3.- La transparencia. El acceso a la información pública es vital para que la ciudadanía conozca los detalles de lo que hace el gobierno. Aplicación de recursos, sueldos de funcionarios, contratos, acuerdos, decisiones, procesos, etcétera, son rubros cuya información debe ser pública y fácilmente accesible para cualquier ciudadano. Esta información, además, es fundamental para la fiscalización y supervisión de las acciones de los poderes públicos, por lo tanto, es de gran relevancia en una sociedad democrática.

El Presidente López Obrador ha cuestionado duramente al INAI, por considerar que es faccioso, caro e inútil. Esta crítica tiene mucho fundamento, como otros señalamientos de AMLO contra los órganos autónomos; muchos de éstos se tienen que revisar a fondo para determinar su viabilidad, así como para corregir distorsiones, excesos y la formación de castas burocráticas doradas que han desarrollado un espíritu patrimonialista inaceptable.

Sin embargo, el Presidente y su gobierno concentran su discurso sobre la transparencia en el tema del costo presupuestal y la presunta parcialidad corrupta del INAI. No elaboran propuestas institucionales y democráticas para garantizar el acceso ciudadano a toda la información pública, al contrario, han sugerido que sea la Secretaría de la Función Pública la que se encargue de las funciones del INAI. Esta postura carece de sustento teórico e institucional, pues la SFP tiene la función de contraloría de la administración pública federal, y difícilmente sería compatible con un nuevo mandato para ser garante del acceso a la información pública.

Igual que en el tema del feminismo, el gobierno de AMLO no reconoce que el acceso a la información pública es un derecho humano, es decir, se trata de un derecho de las personas que el Estado debe reconocer y garantizar; no es una concesión ni una función secundaria que pueda desempeñar la SFP a través de una ventanilla anexa. Sin acceso incondicional a la información pública, es imposible la vigilancia ciudadana respecto al ejercicio del poder, se hace muy complicado el combate a la corrupción y se imposibilita la fiscalización y la evaluación de la gestión gubernamental. En el debate de todo esto, el gobierno de López Obrador no ha mostrado disposición para argumentar la complejidad del tema de la transparencia. Sí, tiene poder político para promover una reforma o la desaparición del INAI, pero, aunque lo lograra, dejaría mucho que desear en el debate correspondiente.

@jos_redo

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