Auditoría al primer año de AMLO: ¿crisis u oportunidad de la 4T? Autor: José Reyes Doria

Foto: Gobierno de México.

@jos_redo

La fiscalización del Ejecutivo Federal es el gran ritual republicano. Corresponde al Poder Legislativo llevar a cabo esta función, de manera específica a la Cámara de Diputados, la cual lo hace a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El pasado 20 de febrero, la ASF presentó en San Lázaro el Informe General Ejecutivo correspondiente a la Cuenta Pública 2019, es decir, los resultados de la fiscalización superior del primer año del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

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Los primeros análisis del Informe de la ASF han encendido las luces de alerta en el gobierno federal, pues se da cuenta de una serie de anomalías y probables irregularidades en el ejercicio del gasto público. Veremos cómo asumirá el gobierno de López Obrador los señalamientos de la ASF: como una oportunidad de demostrar que la Cuarta Transformación se basa en una gestión honesta de los recursos públicos, sin soslayar que las ineficiencias también son una forma de corrupción; o bien, asumir que el Informe de la ASF es un ataque destinado a descarrilar su proyecto transformador.

Lo cierto es que la fiscalización del ejercicio de los recursos públicos y la formulación de observaciones y denuncias, por parte de la ASF, son acciones que se sustentan en un mandato constitucional. Es un proceso previsto en los artículos 74 y 79 de la Carta Magna, que contempla procedimientos y mecanismos para desahogar pruebas y, en su caso, fincar responsabilidades. Esto significa que, aunque optara por ese camino, al Presidente López Obrador no le bastará con discursos o descalificaciones a la ASF, ya que obligadamente su gobierno tendrá que solventar las observaciones, subsanar las irregularidades y resarcir los posibles daños a la Hacienda Pública.

El diseño constitucional de la fiscalización superior tiene la finalidad de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. De ahí la trascendencia de corroborar, a través de un número adecuado de auditorías individuales aplicadas a entes específicos, si los recursos públicos se ejercen con honestidad, eficacia y eficiencia; y si cada dependencia ejecutora acreditó el cumplimiento financiero y el logro de las metas y los objetivos.

En una primera mirada, la conversación pública se ha concentrado en los siguientes aspectos, muy generales, del Informe de la ASF:

  • En el primer año de AMLO, se detectó el doble de irregularidades que en el primer año de Peña Nieto.
  • Probable daño patrimonial por más de 43 mil millones de pesos.
  • Fueron utilizados, de forma irregular, 67 mil 498 millones de pesos.
  • El costo real de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco será de más de 331 mil millones de pesos, esto es, 231% más que lo estimado.
  • La SEDENA debe actualizar el proyecto de inversión del Aeropuerto de Santa Lucía, con datos históricos para calcular la demanda de pasajeros y carga.
  • Fonatur exageró cifras para hacer ver rentable el Tren Maya.
  • Los programas sociales de AMLO, operan con profundas deficiencias e irregularidades financieras; por ejemplo, hay aviadores, estudiantes y hasta muertos en Jóvenes Construyendo el Futuro.
  • Los Microcréditos al bienestar sólo llegaron al 22% de las personas inscritas.
  • La Secretaría de la Función Público obstruyó diversas acciones de la ASF.

En los próximos días y semanas habrá de profundizarse el análisis de los 1,358 informes individuales, correspondientes a las auditorías específicas realizadas por la ASF a entes ejecutores del gasto público. La revisión de la Cuenta Pública arrojó 2,606 recomendaciones, 73 ejercicios de la facultad de comprobación fiscal, 139 solicitudes de aclaración, 1,025 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y 926 pliegos de observaciones. El panorama es de una abundante actividad del gobierno de AMLO para solventar estas anomalías que consisten en fallas o errores en la gestión administrativa; incumplimiento de metas y objetivos de fondos, programas o políticas públicas; desvío de recursos por medio de pagos realizados sin contar con los entregables correspondientes; desvío de recursos para fines no previstos; inadecuada captación de recursos públicos; subutilización de bienes o servicios adquiridos, entre otras.

Por eso decía antes que no bastarán las diatribas y las descalificaciones contra la ASF por parte de diversos actores del gobierno federal, y del propio Presidente. La Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, prevén las únicas formas válidas para solventar las anomalías por parte de los entes fiscalizados. De no hacerlo, se harán acreedores a las sanciones establecidas en Constitución y en la mencionada Ley, incluyendo la promoción de las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Recordemos que uno de los logros de la Cuarta Transformación es la reforma para tipificar la corrupción como un delito grave, por lo tanto, el gobierno de López Obrador debe solventar a cabalidad las observaciones de la ASF a fin de evitar la paradoja de que dicha reforma se aplique contra sus propios servidores públicos.

A Pompeya, la mujer de Julio César, no se le comprobó presunta infidelidad a pesar de su fama al respecto, pero se tuvo que divorciar, pues “la mujer de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”, se pensaba en la antigua Roma. La gestión gubernamental de la Cuarta Transformación debe ser y parecer honesta, porque así conviene a la República; y porque así lo exige la Constitución.

Las anomalías y presuntas irregularidades detectadas por la ASF en el primer año de gobierno de López Obrador, indican falta de orden, desapego a normas y mecanismos necesarios para una gestión de gobierno eficiente y de calidad. Como sustenta la ASF, el descuido en el cumplimiento financiero, en el apego a la normatividad y el logro de los objetivos, deriva no solo en frustración por no avanzar en el proyecto de gobierno; esa situación también genera un delicado proceso de desinstitucionalización de la gestión gubernamental, que abre la puerta a posibilidades infinitas para las prácticas de corrupción.

Es la Cuenta Pública del primer año, apenas el primer ejercicio fiscal del gobierno de AMLO. Por eso decía antes que el Informe de la ASF puede asumirse como una oportunidad de la 4T para acreditar un proceder honesto y republicano, solventar las observaciones, reparar los eventuales daños patrimoniales y castigar a los corruptos. Sobre todo, tomar conciencia de que la corrupción no se acabará por arte de magia ni apostando a que la honestidad del Presidente permee a los miles de servidores públicos. La corrupción es multifactorial, tiene una implantación sistémica y se requiere toda una política de Estado para combatirla. Respetar, atender y apoyarse en la ASF sería un buen inicio.

José Reyes Doria
José Reyes Doria

Politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Asesor parlamentario en diversos órganos de gobierno y comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Colaborador en portales informativos. Conferencista sobre temas legislativos y políticos. Consultor en materia de comunicación política, prospectiva y análisis de coyuntura. Contacto: reyes_doriajose@hotmail.com

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