El INE, Tribunal Electoral, INAI… En 2023 tendrán que hacerse estas designaciones (nota de SinEmbargo)

Foto: Observatorio de Designaciones Públicas

La Cámara de Diputados, el Senado y el Presidente López Obrador tienen pendiente concretar, y en varios casos iniciar, los procesos para renovar 34 cargos en instituciones y organismos autónomos del país.

Ciudad de México, 8 de enero (SinEmbargo).– Durante 2023 deben renovarse 14 cargos públicos de siete instituciones del país, estos se suman a otros 20 pendientes desde 2019 en 11 instancias.

Las designaciones públicas que sí se han concretado s caracterizan por procesos poco transparentes, sin reglas homogéneas y que no permiten a la sociedad el escrutinio de los perfiles, expone Marcia Checa Gutiérrez, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, integrado por las organizaciones Fundar y Artículo 19.

La defensora alerta que factores como la discrecionalidad en las elecciones, la falta de cumplimiento en las fechas de publicación de convocatorias y de consejos ciudadanos que acompañen los procesos ponen en duda la independencia de los funcionarios y funcionarias electos.

La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de realizar cuatro de las designaciones pendientes; el Senado tiene que definir seis, mientras que el retraso en la mayoría de los nombramientos se atribuyen al Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues tendría que enviar al Poder Ejecutivo sus propuestas para 21 cargos, pero no lo ha hecho.

“[Las designaciones] vienen arrastrándose de años pasados porque el Senado o el Ejecutivo no han cumplido con esa responsabilidad que tienen de iniciar procesos y hacer lo que les corresponde (…). Eso no es lo más saludable para las instituciones que juegan contrapesos democráticos”, plantea.

Para este año, las 14 designaciones que deben concretarse son:

–Cuatro consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE)

–Una consejería del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA)

–Dos personas magistradas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

–Tres personas magistradas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA)

–Dos personas  comisionadas de la Comisión Reguladora de Energía (CRE)

–Una o un  comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)

–Una o un  comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)

Designaciones pendientes. Foto: Observatorio de Designaciones Públicas

Actualmente, además de operar sin sus órganos de control completos, varias instancias no respetan el principio de paridad.

En la CNH y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tienen únicamente a comisionados, mientras que en el pleno del TFJA hay cuatro mujeres magistradas y 11 hombres; en el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son cinco hombres y dos mujeres.

Para respetar el principio constitucional de paridad, el IFT –con tres designaciones pendientes desde 2020 y 20221– tendría que renovar sus tres cargos pendientes con comisionadas.

En la CNH hay tres comisionados, por lo que las propuestas que envíe el Presidente López Obrador para los cuatro puestos restantes tendrían que acotar esta brecha.

En el TEPJF hay cinco hombres y dos mujeres magistradas, y en octubre tendrá dos designaciones, al igual que el TFJA, los nuevos perfiles permitirían cumplir con la paridad.

“Las instancias a partir de la reforma constitucional [de paridad de género] tendrían que estar obligadas a garantizar la paridad y también conviene mirar que no solamente las mujeres no están son representadas en varios espacios, sino que hay otros grupos con una discriminación histórica que ni siquiera se asoman, y que ni siquiera tienen la posibilidad de estar en esas altas responsabilidades, como grupos indígenas, con discapacidad o de la de la población LGBTI+”, enfatiza Checa Gutiérrez.

La falta de transparencia y evaluaciones externas en los procesos, agregó la especialista, ha llevado a personas con claras tendencias partidistas a ocupar cargos en instituciones clave, como el caso de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Loretta Ortiz Ahlf, propuesta por el Presidente López Obrador y quien renunció a su militancia en Morena poco antes del proceso de selección.

“Cuando la propusieron por primera vez era militante partidista y el día que fue a las entrevistas al Senado renunció a su militancia y lo presumió como algo muy bueno, eso –pertenecer a un partido– no está  excluido de los requisitos, pero nos parece que sí tienes una militancia, cercanía con ciertos poderes, tu independencia queda mermada y no cubres con esa cualidad de independencia judicial para ocupar esa responsabilidad”, señala Checa Gutiérrez, y agrega que situaciones como esta podrían evitarse en las designaciones pendientes de distintas instancias.

DOS CASOS CLAVE: INE Y INAI

La y los consejeros del INE Adriana Favela, Roberto Ruiz, Ciro Murayama, y el presidente Lorenzo Córdova concluirán este año su gestión entre críticas desde Morena, el partido en el poder a nivel federal, por la relación del órgano electoral con políticos de oposición.

En diciembre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados emitió la convocatoria para renovar las vacantes del Consejo General del INE. Las y los aspirantes podrán registrarse del 9 al 20 de enero para que un Comité Técnico de Evaluación integrado con perfiles propuestos por el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Jucopo los evalué a partir del 23 de enero.

Posteriormente el Comité Técnico de Evaluación enviará las listas de aspirantes a la Jucopo el 22 de marzo, que el 27 de marzo remitirá sus propuestas a la Mesa Directiva y un día después pasarán al Pleno de la Cámara de Diputados para ser votadas.

Aunque desde el Observatorio de Designaciones Públicas reconocen que el proceso de selección de consejeros del INE destaca entre otros organismos por la participación de un comité externo, también ha llamado a que los perfiles que lo integren tengan garantizada su independencia.

Pero hasta ahora las personas elegidas por el INAI y la CNDH han sido cuestionadas por políticos y usuarios de redes sociales. En el caso del INAI, María Esther Azuela Gómez, la politóloga y exfuncionaria en del Instituto Federal Electoral (IFE) de 1997 a 1999, así como Sergio López Ayllón, abogado y director del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) desde el 2004 hasta el 2021, se pronunciaron en Twitter a favor de la marcha convocada en noviembre pasado por el empresario Claudio X. González y partidos de oposición con la consigna de “El INE no se toca”.

Mientras que los perfiles avalados por la CNDH, María del Socorro Puga Luévano y Ernesto Isunza Vera, fueron señalados por su cercanía con Morena.

Puga Luévano, extrabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ha ocupado cargos en el partido guinda, como en 2019, cuando fue presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Nuevo León.

La elección de cargos en el INE se da luego de los cuestionamientos a la independencia de algunos consejeros, pues el 6 de diciembre la Gobernadora Layda Sansores difundió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de conversaciones entre Alejandro Moreno Cárdenas, líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marko Cortés y Jesús Zambrano, dirigentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, que demostrarían que acordaron una reunión con el Consejero Lorenzo Córdova Vianello en casa de Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del órgano electoral.

Según esta información, los líderes de los partidos de la extinta coalición Va por México también habrían acordado reunirse con cinco magistrados del TEPJF.

El caso del INAI también es clave para entender el llamado del Observatorio de Designaciones Públicas por nombramientos transparentes y “sin cuotas ni cuates”, pues desde finales de octubre de 2022 una lista de supuestos aspirantes a comisionados encendió alertas, así como el nombramiento en mayo de otros dos que ya habían terminado sus cargos. Las y los comisionados para este instituto son propuestos por el Senado.

Aunque el Instituto establece en sus lineamientos la obligación de emitir 60 días antes del término de los cargos de comisionados la convocatoria para las renovaciones, eso no ha sido suficiente para garantizar que los puestos estén ocupados.

Además de los dos comisionados que faltan en el Pleno del INAI, en abril un comisionado más terminará sus funciones Y si el Senado no designa al menos a una persona para que se integre, el instituto no podrá sesionar porque la legislación vigente establece un quórum mínimo de cinco comisionado, de ello alertó en diciembre el Comisionado Francisco Javier Acuña, quien concluirá su periodo el 31 de marzo.

Desde mayo pasado integrantes del INAI fueron criticados porque, sin argumentos para fundamentar su decisión, reubicaron como encargados de dos secretarías ejecutivas de este organismo autónomo a Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, quienes recientemente habían dejado sus cargos como comisionados.

La designación se hizo antes de que el Senado nombrara a los dos sustitutos en el pleno y se trató de la primera vez que comisionados fueron reubicados con cargos menores dentro del Instituto al terminar su periodo.

Además, en noviembre la organización Fundar ha expuesto su preocupación por la información que trascendió sobre posibles candidatos a comisionados. Aunque las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Justicia del Senado aprobaron desde abril del año pasado una lista de siete mujeres y seis hombres aspirantes a comisionados –elegidos previamente por un Consejo ciudadano de evaluación–, entre la lista de aspirantes ahora sólo coinciden siete de los trece nombres incluidos en el dictamen.

“Si las evaluaciones no son la base para tomar la decisión final –sobre todo las del Consejo (ciudadano) de Evaluación– quedará evidenciado que las motivaciones obedecen a otros criterios distintos a los méritos, a la experiencia y a la garantía de independencia, vaciando de contenido esta buena práctica por parte de las comisiones unidas, y privilegiando una vez más los vínculos y/o apoyos políticos”, expuso la organización en un texto publicado en noviembre en este diario digital.

Entre los perfiles actuales están los nombres de Benjamín Hill, titular de la Unidad de Políticas de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública en el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Luis Gustavo Parra Noriega, militante y exdiputado del PAN.

“[En varias instancias] vemos requisitos sumamente laxos donde no se está pensando en la idoneidad de los perfiles, en la independencia, sino que solamente se reducen a si tienes un título, a ciertos años de experiencia en algunas o si no ocupaste alguna responsabilidad en el Gobierno, pero en general no hay mecanismos que permitan verificar si tanto el Ejecutivo o el Senado –quienes designan los cargos– realmente están tomando en cuenta la experiencia de los aspirantes”, alerta Marcia Checa desde el Observatorio de Designaciones.

Al igual que el INAI, otro organismo autónomo que operó sin todos sus cargos ocupados fue la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), pues desde marzo de 2022 contaba con cuatro de siete comisionados, eso le impedía deliberar en sesiones de Pleno, pero el 28 de noviembre la SCJN declaró inconstitucional la omisión del Ejecutivo Federal de seleccionar y enviar a la Cámara Alta una propuesta de candidatos para comisionado-

El falló llevó a la toma de protesta de una nueva Comisionada el 13 de diciembre y el 5 de enero la Secretaría de Gobernación envió a la Comisión Permanente del Senado las dos propuestas de designación de las vacantes restantes.

Mientras que en el caso del Banco de México, con una vacante desde el año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó este jueves al Senado la candidatura de Omar Mejía Castelazo para integrar la Junta de Gobierno del Banco de México en el puesto que dejó Gerardo Esquivel.

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