El efecto corruptor: Gabriel Regino explica por qué blindaría a Maru Campos pero no a Rocha Moya (Redacción Astillero Informa)

La sobreexposición mediática de la Fiscalía General de la República abre la puerta a la anulación del caso contra la gobernadora de Chihuahua, mientras la jurisdicción de Brooklyn condena al sinaloense a un tablero sin reglas garantistas mexicanas.

Redacción Astillero Informa

Los recientes citatorios ministeriales hacia mandatarios locales por la Fiscalía General de la República (FGR) podrían traducirse en un rotundo fracaso jurídico debido a severas pifias procesales. En una evaluación técnica y procesal, el abogado penalista Gabriel Regino advirtió que el uso político y la prematura exposición mediática de las investigaciones criminales activan un criterio garantista fulminante en el sistema penal mexicano: el efecto corruptor. Sin embargo, la efectividad de este recurso de defensa dividirá drásticamente el destino de los implicados.

Durante su intervención en el espacio informativo conducido por el periodista Julio Astillero, Regino calificó las diligencias ordenadas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, como un evidente “error táctico” desde la perspectiva estrictamente procesal. El especialista explicó que las metodologías de investigación criminal exigen la construcción periférica y silenciosa de pruebas antes de confrontar directamente a los investigados. Romper esta secrecía compromete gravemente la viabilidad del caso.

“Las investigaciones que llevan como líneas de investigación, como hipótesis, que fulanito y perenganito participaron en un hecho delictivo, esas líneas de investigación se fortalecen de manera periférica“, detalló Regino. “¿Qué significa de manera periférica? Pues me voy trayendo testigos, le encargo a la policía de investigación un informe…” Al saltarse estos pasos elementales por la prisa de la agenda pública, la autoridad tropieza de origen. “Estamos ante lo que considero un error táctico para justificar maniobras políticas que ya las sabemos cómo son”, sentenció.

Chihuahua: la vulneración institucional que anula el caso

En el escenario que envuelve a la gobernadora panista Maru Campos, la premura por exhibir los citatorios ante la opinión pública ha sembrado el terreno idóneo para el colapso de la carpeta de investigación. De acuerdo con el análisis de Gabriel Regino, la abierta intencionalidad política de las autoridades ministeriales ha vulnerado las garantías mínimas del debido proceso y la presunción de inocencia.

Al ser expuesta y de alguna manera sentenciada ante la opinión pública por instancias oficiales, la defensa de la mandataria adquiere las herramientas jurídicas necesarias para invocar ante los tribunales el criterio del efecto corruptor. Esta figura legal determina que cualquier manipulación, vicio o sobreexposición mediática inducida por la autoridad contamina de manera irreversible la totalidad del expediente. Por consecuencia, el caso carece de validez legal para sostener un juicio genuino, lo que paradójicamente terminaría blindando a la chihuahuense frente a las acusaciones locales.

Regino fue categórico respecto a cómo este despliegue mediático sepulta las intenciones de la fiscalía: “Con un discurso político están provocando que toda la investigación posible hacia Maru Campos esté anulada desde el inicio“. Además, recordó que la autoridad actúa a sabiendas de las limitaciones de su propio citatorio.

“El Ministerio Público la cita a sabiendas —eso espero— a sabiendas de que ella no está obligada a comparecer ¿Y por qué no está obligada a comparecer? Porque el sistema legal así se lo permite. La gobernadora, todos los gobernadores de los estados, senadores, presidente de la República y otros cargos no tienen obligación de presentarse ante el MP aunque lo cite, y lo dice claramente el artículo 90 de la Ley Procesal Penal Mexicana“.

Para el abogado, la explicación de este sinsentido procesal es clara: “Yo no creo que un MP federal de Juaritos no conozca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que esto obedece a una maniobra“.

Sinaloa: el tablero de Brooklyn inmune a las pifias mexicanas

Una realidad radicalmente opuesta aguarda a Rubén Rocha Moya. El intento institucional por trazar un paralelismo simétrico entre ambos gobernadores se estrella contra una barrera jurisdiccional insalvable. A diferencia de Campos, el mandatario sinaloense con licencia enfrenta un expediente penal radicado de manera directa ante la Corte de Distrito de Brooklyn en el Sur de Nueva York, acompañado de una orden de aprehensión vigente emitida por la justicia estadounidense.

En el marco del derecho penal anglosajón, las fallas tácticas o las motivaciones políticas que infectan el ecosistema ministerial de México resultan completamente irrelevantes. Los criterios garantistas consagrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mexicana —como el propio efecto corruptor por linchamiento mediático local— no poseen validez ni aplicación en los tribunales federales de los Estados Unidos. Los fiscales de Brooklyn actúan con absoluta independencia del debate público mexicano, privando a Rocha Moya de los recursos defensivos que podrían salvar a su homóloga del norte del país.

Al respecto, Gabriel Regino advirtió que la aparente igualdad que se busca proyectar desde el ámbito político carece de sustento en la realidad jurídica: “Pareciera que quieren hacer simétrico algo que ha sido asimétrico desde el principio: a una gobernadora la acusan, prácticamente la condenan… mientras que Rocha Moya tiene una acusación ante un tribunal de la Corte de Distrito de Brooklyn en el sur de Nueva York y una orden de aprehensión en Estados Unidos, que no es cosa menor”.

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